“Lucho por los que tienen menos capacidad para defenderse”

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El asesinato de activistas medioambientales se ha convertido en el pan de cada día —200 cayeron solo en 2016 en todo el mundo—, y la propia Antônia se ha encontrado amenazada por pistoleros en más de una ocasión, pero ella sigue enfrascada en una lucha titánica. En Nueva York está, y hasta esa ciudad de rascacielos y hormigón ha llevado un pedacito de Pará, de la región que tanto amor y tristezas le produce: envuelta en collares de conchas, guijarros, semillas de coco y açaí, de pulseras de cuentas y luciendo una melena salvajemente rizada, Antônia es más que nunca una guerrera amazónica. Dice en una entrevista a través de videoconferencia que no siente miedo. "Sé que estoy haciendo lo correcto; lucho en defensa de los que menos se pueden defender, por los derechos humanos, por la vida. Es un compromiso que está dentro de mi y que me mueve a no desistir", afirma. Para ella es importante saber que no está sola, que hay mucha gente a su lado que le da fuerza y coraje para seguir.

La activista ha dedicado su vida a batallar en contra de una de las 500 presas que comen terreno a la Amazonía y la amenazan de muerte. "Soy hija de campesinos, desde niña aprendí con mis padres el valor de la lucha por la tierra, por nuestros derechos", afirma con orgullo. Militó desde joven en la defensa de las políticas públicas, y en los ochenta se sumó a la causa de los indígenas afectados por la incipiente construcción de la presa de Belo Monte. En esa década los pueblos originarios lograron parar el proyecto, así que en los noventa se centró más en los derechos de las mujeres y en el acceso a la salud. Cuando Lula da Silva llegó al poder y este proyecto se volvió a poner en marcha, en 2003, las comunidades se movilizaron y crearon el movimiento Xingu vivo para siempre, con Antônia Melo al frente.

Lo ocurrido en Belo Monte ha sido definido de las maneras más salvajes: "monstruario de crímenes medioambientales" es una de las más acertadas. El proyecto, pensado en la dictadura y ejecutado en la democracia, se trata de la tercera mayor hidroeléctrica del planeta después de la de Tres Gargantas en China y la de Itaipú en la frontera paraguayo-brasileña. Incluida en el Plan de Aceleración Económica de la era de Lula da Silva y Dilma Rousseff, este megaproyecto ha inundado 500 kilómetros cuadrados de selva amazónica y desplazado a miles de personas que han perdido sus modos de vida, su casa, su alimentación, su seguridad y su felicidad. "Se llevó a cabo sin consultar a la sociedad local ni a los pueblos indígenas", denuncia, incansable, Melo.

Las consecuencias ya son bien palpables y, para la activista, "terribles e irreversibles". En la actualidad, la planta hidroeléctrica está parcialmente operativa, con seis de sus 18 turbinas funcionando desde hace un año. "El primer impacto fue la división de los pueblos, que fue una estrategia de la empresa [Norte Energía, un consorcio con participación pública] y del Gobierno para fragilizar a los pueblos, que fueron divididos y pasaron a pelear unos contra otros", relata. Ella se refiere a las compensaciones económicas otorgadas a los afectados. "Nunca habían tenido acceso a dinero, eran 30.000 reales (unos ocho mil euros) por comunidad para hacer frente a los cambios que iban a sufrir, pero este tipo de acción fue una estrategia para dividir: se incrementaron de 19 a 40 comunidades", explica. Quienes recibían los fondos eran los caciques, así que hubo quien decidió separarse de su comunidad y formar otra para convertirse en jefe y recibir esa compensación. "Eso fragmentó la lucha de los pueblos", afirma.

Lo ocurrido en Belo Monte ha sido definido de las maneras más salvajes: "monstruario de crímenes medioambientales" es una de las más acertadas

Los otros grandes impactos fueron la invasión de los territorios ancestrales y las enfermedades provocadas por la alteración repentina y descontrolada de los hábitos alimentarios. "Antes cultivábamos para nuestro propio consumo y dependíamos del río, pero se secó y ya no pudimos usarlo más". Esto conllevó enfermedades como diabetes, hipertensión y neumonía; entre los niños, problemas intestinales como la diarrea y desnutrición. "Todo está muy vinculado con el cambio de dieta; al no poder obtener alimento de nuestros ríos y huertos, tenemos que comer comidas más industrializadas y procesadas". El relato de Antônia coincide con los hallazgos de un informe del Instituto Socioambiental Brasileño: entre 2010 y 2012, la desnutrición infantil aumentó un 127% afectando a un cuarto de los niños de la región y la demanda de atención sanitaria había aumentado un 2000%, entre otros datos.

Sabe bien de lo que habla Antônia Melo, pues ella y su familia estuvieron entre los 30.000 desalojados por la fuerza. El 11 de septiembre de 2015 perdía la casa donde se habían criado sus hijos y nietos, donde había plantado semillas, ya convertidas en árboles, traídas de su ciudad natal. Un refugio que no era solo suyo, también de todos sus vecinos y afectados por la mega infraestructura. Pegado a la selva misma, a él se acudía en busca de consejo, de ayuda, de fortaleza, en busca quien escuchara, abrazara y animara a no desfallecer. El baluarte de la resistencia. Aún llora cuando recuerda: "Mi experiencia fue de una gran violencia, de mucho sufrimiento, no deseo que eso le pase a nadie nunca. No quería salir de mi casa, no estaba a la venta, no había ninguna oferta mía", solloza. Ahora vive lejos de donde se crío y no se acostumbra a su nuevo emplazamiento, un vecindario distante donde ni siquiera tiene acceso a infraestructuras, como miles de familias. "Me siento como un pez fuera del agua".

El Gobierno y la empresa tienen una deuda inmensa, impagable, con la población de Xingu y Altamira

La guerra está ahora en conseguir que reparen a los afectados. "Demandamos el cumplimiento de lo que se contemplaba en las condiciones ambientales y sociales para la construcción del proyecto", proclama la activista. "En una de ellas se decía que las nuevas casas serían de tres dimensiones distintas, según el tamaño de las familias, y también que contarían con los servicios mínimos básicos, como escuelas y hospitales". Cinco años después, nada es como se prometió. "La calidad de las viviendas es muy mala, se están cayendo, tienen grietas", afirma Melo. También demandan la mejora de las condiciones de vida de Altamira, la ciudad donde ahora vive la activista con sus parientes. Está muy afectada por el aumento de la población que ha traído el proyecto y no se ha invertido debidamente en servicios: "La población clama por agua. Tampoco hay saneamiento. El Gobierno y la empresa tienen una deuda inmensa, impagable, con la población de Xingu y Altamira".

El incumplimiento de estos requisitos ha dado lugar a dos importantes decisiones judiciales federales. En abril, la Justicia suspendió todas las actividades de la hidroeléctrica hasta que la empresa proporcionara a las comunidades un sistema adecuado de eliminación de aguas residuales. El pasado 13 de septiembre, otro tribunal canceló la licencia ambiental de Belo Monte debido a irregularidades en las viviendas de las comunidades reasentadas. La empresa, sin embargo, no ha detenido la construcción, y actualmente está bajo riesgo de sanciones financieras e incluso de intervención policial para forzar el cumplimiento. Al mismo tiempo, el esquema de corrupción que se está revelando en Brasil en los últimos tiempos (caso Petrobras, Lava Jato...) ha llegado a Belo Monte: el consorcio Norte Energía está siendo investigado por pagar millones en sobornos a partidos políticos.

Seguiremos peleando contra lo que representa: un modelo de desarrollo destructivo

El premio que recibió ayer Antônia Melo no la devolverá a su hogar perdido, pero es un aliciente. "Es un reconocimiento que va a fortalecer la lucha de personas que han sido amenazadas, que luchan contra el proyecto, y para que todos y todas los que defienden la justicia medioambiental y los derechos humanos sepan que merece la pena seguir", dice con determinación. Más ahora que un nuevo atropello, la mina abierta Belo Sun, amenaza con ahogar aún más la región del Xingú. O ahora que los ignorados pueblos ribereños —cuyos derechos no están reconocidos en la Constitución, a diferencia de los indígenas— empiezan a conseguir que se les tenga mínimamente en cuenta. Ahí está ahora la lucha. Y así, Antonia Melo advierte: "Pese a todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, Belo Monte no es un hecho consumado, así que seguiremos peleando contra lo que representa: un modelo de desarrollo destructivo".

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