Agroindustria y violencia

El grupo multinacional agroindustrial Socfin no deja de recibir quejas y denuncias en los diversos países africanos donde opera: Nigeria, Sierra Leona, Liberia y Camerún. En todos ellos mantiene enormes plantaciones de palmeras de aceite o de árboles de caucho. En 2016, la compañía, controlada por la familia belga Fabri y el grupo francés Bolloré (liderado por Vicent Bolloré), anunció su llamada política de gestión responsable. Esta fue aprobada para “completar y sustituir los compromisos de desarrollo sostenible del grupo, formalizados en 2012”, dice su página.

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Socfin no parece seguir sus propias normas ya que, según se asegura en un informe de la organización Farmlandgrab, sus intervenciones en el terreno conllevan "usurpación de tierras a comunidades locales, desplazamiento de estas, explotación laboral, destrucción del medioambiente, incumplimiento de promesas, represión por parte de la policía o el ejército, muertes y encarcelamiento de líderes comunitarios y activistas medioambientales..."

La nueva política de gestión responsable se refiere a normas medioambientales estrictas, respeto a los derechos humanos, transparencia, certificado de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que garantiza que el aceite de palma es ecológico y sostenible, o buena gestión entre otras medidas. Pero dado el historial de esta empresa, ¿por qué deberíamos creer que ahora sí va a cumplir sus propias normas y cambiar su trayectoria? Esto es lo que se ha preguntado Farmlandgrab, una organización que lucha contra el acaparamiento de tierras en todo el mundo. Por ese motivo ha analizado lo que está sucediendo en el terreno en algunos de los países en los que esta empresa promueve plantaciones de caucho y palma de aceite.

El resultado está recogido en Socfin’s plantations in Africa: Many places of violence and destruction (Las plantaciones en África de Socfin: demasiados lugares de violencia y destrucción). Este análisis revela la gran brecha que existe entre la denominada gestión responsable y la realidad de violencia y destrucción en torno a las plantaciones que, con la complicidad de los gobiernos nacionales, intentan suprimir la resistencia popular. Vemos con más detalle lo que sucede en los diversos países:

Nigeria

Ha continuado con la desforestación del terreno para ampliar sus plantaciones de palma de aceite

En 1990, Socfin adquirió gran parte de la empresa estatal Okomu Oil Palm Company PLC dedicada a la plantación de palmeras y caucho industrial. En 1998, cuatro aldeas fueron destruidas y sus tierras entregadas a Okomu, en el estado de Edo. Cuando dos años más tarde el pueblo de Makilolo iba a ser desalojado, sus habitantes se resistieron. Las fuerzas de seguridad de la compañía lo bloquearon e impidieron cualquier contacto con el mundo exterior. La presión consiguió que parte de los habitantes firmaran un acuerdo de cesión de sus tierras a Okomu. A cambio esta les permitía vivir en su aldea y continuar con sus labores diarias. Sin embargo, la empresa solo dejó 50 hectáreas como una donación para la comunidad y, además, impuso restricciones sobre su uso, como limitar el derecho a sembrar cultivos alimenticios. Además, el río del que dependía el pueblo para su abastecimiento de agua se contaminó con agrotoxinas utilizadas en plantaciones de palmeras de aceite.

Tras varios litigios, en 2015, el gobierno estatal de Edo ordenó la revocación de los acuerdos de tierras firmados por Okomu que afectan a unas 13.750 hectáreas. Pero hasta ahora la empresa ha desatendido la orden y ha militarizado sus áreas de operaciones. Bajo este escudo militar, ha continuado con la desforestación del terreno para ampliar sus plantaciones de palma de aceite. Como resultado, más de 20.000 campesinos y sus comunidades, que dependen de la selva para sobrevivir, han sido desplazados.

El pasado 21 de junio, a pesar de los intentos de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad, comunidades afectadas por las operaciones de Okomu organizaron una protesta masiva contra la complicidad del actual gobernador del Estado de Edo con las actividades de la compañía.

Sierra Leona

Desde que en 2011, Socfin desembarcase en este país, hemos seguido sus actividades en estas páginas. En ese año llegó a la zona de Malen en el Distrito de Pujehun, en la Provincia Sur. En este caso, la empresa pagó 200 dólares por acre expropiado a sus propietarios, por un periodo de 50 años. Además, paga un alquiler anual de 5 dólares por acre, de los cuales la mitad corresponde al propietario y la otra a las autoridades locales y al gobierno central. Estas cantidades son ridículas, si tenemos en cuenta que las familias podrían ganar más de 200 dólares por acre al año si trabajaran sus tierras. y los pocos miembros de la comunidad que podrían obtener puestos de trabajo en la empresa reciben muy poco.

Los trabajadores  denuncian violencia, abusos y arrestos

Socfin quería desplazar algunas comunidades, pero la gente se resistió y creó la Organización de Propietarios y Usuarios de Malen (MALOA) después de que 40 campesinos fueran arrestados por la policía durante una protesta contra las actividades de Socfin en 2011. Desde entonces no cesa el acoso a los dirigentes de esta organización: detenciones incluso durante meses, sin juicio, causas penales, multas (de alrededor de 35.000 dólares). La última de estas les ha sido impuesta el pasado mes de julio.

Los pocos vecinos que han conseguido un puesto de trabajo en las plantaciones se quejan de las malas condiciones laborales, especialmente para las mujeres, y de los sueldos que no llegan ni para pagar el colegio de los hijos. También hablan de violencia, abusos y arrestos.

Los miembros de MALOA han organizado sentadas de protesta y exigen una revisión del acuerdo de concesión, así como una investigación independiente de sus quejas. También piden la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe sobre la investigación dirigida por la Agencia de Protección Medioambiental sobre la contaminación del río Malen por los productos químicos utilizados por Socfin. Igualmente, pide la devolución de algunas de las tierras de cultivo a la comunidad y una compensación adecuada por sus tierras y sus cultivos, lo que supondría una pequeña mejora de la situación actual. Sin embargo, saben que sin sus tierras su situación nunca será la misma y por tanto lucharán hasta recuperarlas en su totalidad. La última gran acción tuvo lugar el 21 de septiembre cuando una manifestación de unas doscientas mujeres de MALOA y otras asociaciones que se dirigía a la capital del distrito a pedir a las autoridades que tomen acciones contra Socfin fue disuelta por la policía.

Liberia

En este país, Socfin opera desde 1983, a través de dos de sus filiales: Liberian Agricultural Company (LAC) y Salasa Rubber Corporation (SRC) y controla casi 130 mil hectáreas de tierra gracias a las concesiones obtenidas del gobierno. De ellas 18.000 están destinadas a plantaciones de caucho.

Las comunidades en y alrededor de las plantaciones sufren pobreza extrema, asegura Farmlandgrab. Ya en 2006, la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) publicó un informe que describía la grave situación de los derechos humanos en las plantaciones: uso de menores de 14 años, uso generalizado de la subcontratación, uso de productos cancerígenos, persecución de los sindicatos, despidos arbitrarios, relaciones con las milicias privadas y su uso para el desalojo de los campesinos que obstaculizan la expansión de las plantaciones. Desde entonces la situación de estas comunidades no ha cambiado.

Camerún

También hemos seguido de cerca el caso de este país en esta sección. En 2000, la empresa pública Socapalm fue privatizada y vendida al grupo Socfin. En 2005, el estado le aseguraba la disponibilidad de 20 mil hectáreas de tierra, sin informar a las comunidades de los acuerdos de compra con Socfin. En la actualidad, la empresa continúa con la expansión de sus plantaciones de palmera de aceite en terrenos pertenecientes a las comunidades, sin pagar alquiler o compensación por ello, denuncia Farmlandgrab.

Vicent Bolloré no asumió ninguna responsabilidad por los problemas y violaciones causados por su compañía

En 2010, las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin formaron la Asociación Nacional de Poblaciones Campesinas y Rurales de Camerún (SYNAPARCAM), que fue reconocida por el gobierno en 2014.

SYNAPARCAM junto a organizaciones de otros países como la sierraleonesa MALOA, crearon una alianza de personas afectadas por Socfin. En 2013, organizaron acciones en cuatro países para protestar contra la multinacional y reivindicar sus derechos como comunidades. Como resultado de estas acciones, en octubre de 2014, se produjo un encuentro entre estas asociaciones y Vicent Bolloré en París. Pero este no asumió ninguna responsabilidad por los problemas y violaciones causados por su compañía y les remitió a las filiales nacionales de esta. Desde entonces no ha habido ningún avance significativo en el diálogo.

Anteriormente, en 2010, varias ONG camerunesas presentaron una denuncia contra Socfin ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que acusaban a la compañía de afectar negativamente los medios de vida tradicionales de las personas y los trabajadores de las plantaciones. La OCDE la tomó en consideración y elaboró un plan de acción para responder a estos alegatos, pero la compañía no lo ha aplicado.

SYNAPARCAM continúa con sus protestas para exigir el acceso de las comunidades afectadas por Socfin a 250 hectáreas de tierra alrededor de sus aldeas.

Conclusiones

Después de analizar estos casos, Farmlandgrab concluye que mientras Socfin formula políticas y planes de responsabilidad, como los que indicábamos al inicio, sus prácticas sobre el terreno son totalmente opuestas. A diario, miles de personas se enfrentan a la destrucción de las tierras de sus comunidades, sus medios de subsistencia y cultura y a una violencia severa en muchas áreas cercanas a las plantaciones de la empresa. Esta actúa con total impunidad bajo la protección de los gobiernos locales que utilizan a la policía y al ejército para reprimir cualquier intento de protesta ante estos abusos y, a pesar de ello, las comunidades locales siguen resistiendo.