Malas noticias para los acaparadores de tierras

Parece que la impunidad de la que hasta ahora han gozado las grandes empresas que se dedican a acaparar tierras en todo el mundo, pero especialmente en África, está llegando a su fin. La Corte Penal Internacional (CPI) acaba de anunciar que equipara las personas jurídicas que se apoderan violentamente de tierras a los principales criminales de guerra. El robo de tierras y otros recursos naturales en países en desarrollo se ha convertido en parte fundamental del actual modelos de crecimiento sin fin de muchas corporaciones que buscan beneficios a expensas del sufrimiento y la muerte de miles de mujeres y hombres.

Hasta ahora, las personas que defendían sus tierras frente a estas fechorías han sido tildadas de criminales y sus actos de resistencia han sido perseguidos y castigados por los gobiernos y sus fuerzas de seguridad, mientras la destrucción y la miseria ganaban terreno con una impunidad absoluta en sus comunidades. Ahora podremos ver a estos activistas protegidos, no perseguidos. En definitiva, estamos ante un gran paso para terminar con la violencia que ejercen las grandes empresas, siempre con el beneplácito de los gobiernos y políticos locales, contra los pequeños campesinos y las comunidades más desprotegidas.

Algunas ONG, como Global Witness, llevan tiempo haciendo campaña ante la CPI para que investigue estas acciones en medio a la fiebre mundial por el acaparamiento de tierras y de recursos naturales.

Según el informe, En terreno peligroso, de esta organización, en 2015, más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender sus tierras, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas. Una cifra que supone, con mucho, el número anual de víctimas mortales más alto jamás registrado. Los conflictos con industrias mineras fueron los que causaron más muertos, seguidos por las agroindustrias, las hidroeléctricas y las madereras.

En África, Global Witness ha registrado asesinatos de activistas principalmente en Liberia y República Democrática del Congo. Pero por todo el continente se suceden los casos de apropiaciones violentas de tierras.

Parecía que en la últimas décadas se hubiese normalizado el expulsar a las comunidades locales de sus tierras ricas en recursos naturales en los países pobres, como la forma normal de hacer negocios de las grandes compañías internacionales. Por eso, la decisión tomada por la CPI resulta tan importante y puede considerarse como un paso más para terminar con la impunidad. Los directivos de las compañías y los políticos cómplices en la violencia necesaria para acaparar tierras, destruir bosques tropicales o envenenar el agua podrían verse delante del tribunal junto a autores de crímenes de guerra o contra la humanidad, en un futuro próximo. Al mismo tiempo que se protegerá la vida de millones de personas y el medio ambiente.

La fiscal Bensouda, ha reconocido que en sus 14 años de historia, la CPI había ignorado este tipo de crímenes centrándose en los que resultan de los conflictos armados y las guerras. Pero a partir de ahora también van a considerar aquellos que tienen como consecuencia el desposeimiento ilegal de tierra, la explotación ilegal de los recursos naturales o provoquen daños medio ambientales. Así se explicita en el punto 41 de de las nuevas normas sobre selección y priorización de casos, publicadas por la fiscalía el pasado 15 de septiembre.

Abogados especializados en derecho internacional han comentado que al ampliar los casos que la CPI puede considerar para incluir la apropiación ilegal de tierras, el tribunal reconoce que las violaciones de derechos humanos cometidos en tiempos de paz con el objetivo de conseguir beneficios, son tan serios e importantes como los crímenes de guerra. Algunos de ellos también opinan que esta decisión podría abrir la puerta a juzgar crímenes relacionados con el cambio climático ya que gran parte de las emisiones de CO2 son causadas por la deforestación que se produce como consecuencia de la apropiación ilegal de tierras.

Detrás de esta decisión se encuentra una denuncia que llegó al Tribunal internacional en 2014 que tilda de violación masiva de derechos humanos una usurpación de tierras en Camboya, donde los directivos de empresas trabajan mano con mano con el gobierno del país.

Global Witness sigue trabajando para conseguir algo más: que las leyes de la Unión Europea impidan que los inversores puedan financiar el acaparamiento de tierras junto a una legislación internacional que obligue a las empresas a respetar los derechos de la tierra en los países en los que operen. Hasta ahora los inversores o empresas europeas no tienen la obligación de informar si productos como el aceite de palma, caucho u oro son obtenidos legal y éticamente.

La decisión va a tener una fuerte repercusión en África, el continente donde en la actualidad se experimenta el mayor número de casos de acaparamiento ilegal de tierras, recursos naturales y crímenes medio ambientales. A continuación presentamos una lista de entradas de este blog en las que hemos seguido algunos de los casos que podrían caer bajo esta ampliación de jurisdicción del tribunal internacional con sede en La Haya.

Paren, aquí vive gente (1)

Paren, aquí vive gente (2)

Una victoria para los campesinos

Canadá también mete mano

Crímenes medioambientales que financian grupos armados

Campesinos que no se cansan de luchar

El aceite de palma está matando la selva

Jueces contra campesinos en Sierra Leona

Maanda Ngoitiko y la lucha de las mujeres masái

Empresas británicas saqueando África

La Unión Europea cómplice de la violación de derechos humanos en Etiopía

Nuevas amenazas para la reserva del Dja, en Camerún

Mariam Sow, en defensa de la tierra