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África No es un paísÁfrica No es un país
Coordinado por Lola Huete Machado

Crímenes medioambientales que financian grupos armados

La Primera Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA) ha tenido lugar entre el 23 y 27 de junio en la sede del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), en Nairobi, la capital de Kenia.

Con motivo de esta reunión han visto la luz diversos informes. Varios de ellos han llamado de manera especial mi atención, entre ellos el realizado por Naciones Unidas e INTERPOL titulado The Environmental Crime Crisis, a rapid response assessment. En él se afirma que los crímenes contra el medio ambiente, que posiblemente produzcan unos 200 mil millones de dólares al año, están ayudando a financiar grupos rebeldes y guerrilleros, principalmente en África Subsahariana. Esto, evidentemente, en adición al daño medioambiental que por sí mismos cuasan.

Foto Timeslive.

Que los grupos rebeldes y terroristas se financien con el tráfico de materias primas no es algo nuevo. Desde hace años, oímos hablar de los diamantes de sangre que han estado detrás de guerras como la de Sierra Leona o Liberia o del coltan que financia a los grupos que luchan en el Este de la República Democrática del Congo. También sabemos que muchos de estos grupos, sobre todo los que operan en la zona del Sahel, obtienen grandes beneficios del tráfico de drogas y personas.

Ahora, este informe pone de manifiesto y valora cosas que también se sabían aunque a lo mejor sin ser conscientes de su verdadero alcance. Al mismo tiempo denuncia el expolio medioambiental que realizan estos grupos con el único objeto de mantenerse vivos y seguir enriqueciéndose.

Este documento también pone de manifiesto que el tráfico ilegal de recursos naturales está privando a los países africanos de miles de millones de dólares que en vez de ser destinados a desarrollar las economías locales terminan en los bolsillos de los señores de la guerra, poniendo, así, en peligro el desarrollo sostenible de esos estados, su buen gobierno y el estado de derecho y la vida de sus habitantes.

El informe también habla de que cada vez hay una mayor conciencia sobre esta realidad y, consecuentemente, se están tomando medidas para terminar con ella. Sin embargo, señala que las acciones que toman los distintos estados y la comunidad internacional para poner fin a estos crímenes son insuficientes y, por tanto, pide que se implementen nuevas medidas, más concretas y coordinadas entre los distintos países. También presenta una lista de recomendaciones con el fin de fortalecer el trabajo contra las redes de crimen organizado que se aprovechan de este negocio.

Algunos ejemplos sacados del informe indican que un grupo terrorista en particular que opera en África del este consigue entre 38 y 56 millones de dólares anualmente del tráfico ilegal de carbón procedente de Somalia. Pero el total del carbón que sale ilegalmente de ese país llega a los 360 o 380 millones de dólares al año, por lo cual se deduce que son muchos más los que se están aprovechando de esta actividad al margen de la ley.

La tendencia a la urbanización y el fuerte aumento de población en África subsahariana, se espera que unos mil millones más de habitantes habiten el continente para 2050, hacen que la demanda de carbón crezca continuamente, esperándose que se triplique en las próximas décadas, esto provocará una gran deforestación y contaminación del continente lo que acarreará los consiguientes problemas de salud para la población, sobre todo en los suburbios de las grandes ciudades. Es aquí donde muchos grupos terroristas están descubriendo un gran mercado y fuente de financiación

El comercio ilegal de madera es otra de las grandes fuentes de financiación de estos grupos. Se calcula que este negocio produce entre 30 y 100 millones de dólares anualmente. También dice el informe, que entre el 50 y el 90 % de toda la madera producida en varios estados africanos se consigue al margen de la ley.

Comenta el informe que una red de plantaciones y empresas ficticias facilita que la madera ilegal o la pulpa utilizada para fabricar papel burlen las leyes sobre importación de maderas tropicales de Europa o Estados Unidos.

El informe también hace hincapié en la caza furtiva de muchas especies animales, incluyendo tigres, elefantes, rinocerontes, grandes monos o antílopes.

El tráfico ilegal de marfil estaría financiando a grupos armados en la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Chad y Níger.

El número de elefantes cazados en África cada año se mueve entre los 20.000 y los 25.000, de una población de entre 420.000 y 650.000. Esta actividad genera un comercio de colmillos de elefantes, encaminado principalmente hacia Asia, que genera entre 165 y 188 millones de dólares al año.

Por su parte, el 94 % de la caza ilegal de rinocerontes tiene lugar en Zimbabue y Sudáfrica, que cuenta con la mayor población mundial de este animal. El tráfico ilegal de cuernos de rinocerontes produjo entre 63 y 192 millones de dólares el año pasado.

Al mismo tiempo, se estima que el comercio ilegal de grandes simios está muy extendido. Se calcula que entre 2005 y 2011 se cazaron unos 22.000 animales de este tipo incluyendo chimpancés, gorilas y orangutanes, entre otros.

Los crímenes medioambientales que financian a los grupos guerrilleros y terroristas en África subsahariana también abarcan la pesca ilegal, la minería ilegal y los residuos tóxicos. Todas estas actividades tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente, las formas de vidas tradicionales de las personas y la salud de las mismas.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, una estimación económica llevada a cabo conjuntamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), el PNUMA e INTERPOL, valora que los crímenes medioambientales producen entre 70 y 213 mil millones de dólares al año.

Finalmente, el informe da una serie de recomendaciones para ayudar a combatir estos crímenes las cuales parten de la coordinación internacional y la supervisión nacional de medidas que tengan en cuenta las múltiples dimensiones de estos crímenes, incluyendo los problemas y conflictos detrás de los grupos guerrilleros y el papel que juegan los mercados destinatarios de estos productos y las empresas que los comercializan.

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