13 días

13 días. Así se titula la película que dirigió Donaldson en 2000 sobre la crisis de los misiles. Como es conocido, en octubre de 1962, Estados Unidos acumuló pruebas suficientes sobre la existencia de instalaciones balísticas soviéticas en la isla de Cuba. La película refleja con maestría la discrepancia de planteamientos sobre la respuesta que la Casa Blanca debía ofrecer ante una amenaza grave a la seguridad. Una opción, liderada por el sector más beligerante de la Administración, consideraba la situación como una agresión inaceptable y proponía destruir los misiles mediante una operación de carácter militar. Otra, encabezada por el círculo más próximo al presidente, prefería agotar todas las posibilidades ya que, a su juicio, el uso de la fuerza provocaría una escalada de reacciones con consecuencias impredecibles.

El final de la historia ya lo conocen. El presidente Kennedy estableció un bloqueo sobre la isla con despliegue de unidades navales y aviones de combate. Junto a estas iniciativas que fueron comunicadas a la sociedad, Kennedy autorizó a su hermano a abrir una vía de negociación secreta con un interlocutor soviético. Lo hizo en un momento de máxima tensión en la escalada de confrontación. La iniciativa política fue arriesgada, requirió concesiones por las dos partes, pero resultó exitosa en la medida en que evitó un enfrentamiento de consecuencias dramáticas y alcance mundial.

Obvia decir que la crisis descrita en la película nada tiene que ver con la situación actual del procés. Tampoco Rajoy y Puigdemont guardan algún parecido con Kennedy y Kruschev. Sin embargo, creo que podemos aprender alguna lección de aquel episodio para su aprovechamiento actual. Me refiero al ejercicio de diplomacia preventiva que, de forma inteligente y audaz, asumió el presidente estadounidense contra la opinión de sus principales asesores políticos y militares. La iniciativa, aplicable al caso que nos (pre)ocupa, exigiría que los máximos responsables del Gobierno de la nación y del Govern asumieran la apertura de un canal de comunicación fiable entre las partes, antes del 1 de octubre.

La iniciativa en cuestión no resolvería el problema de fondo, pero serviría para “desescalar” la tensión actual, evitar decisiones unilaterales de difícil vuelta atrás y ofrecer un gesto de confianza a quienes, sin ser independentistas, aspiran a votar dentro de la ley y con todas las garantías. No es poco. Pero, además, la apertura de este canal de diálogo ayudaría a definir el marco de soluciones susceptibles de explorar a partir del 2 de octubre. Se trata, soy consciente de ello, de una propuesta difícil de aceptar por los actores políticos. También encontraría resistencias en determinados sectores de la ciudadanía. Con todo, creo que quienes tienen responsabilidades institucionales incurrirían en una clara dejación de funciones si, a pesar de los costes y las pocas garantías de éxito, no lo intentaran.