Tampoco esto era inevitable

A la verdad se llega antes a través del error que de la confusión. Lo decía el filósofo Francis Bacon y si fuera verdad quizás se podría ser ligeramente optimista sobre la evolución de la situación política en los próximos días. Porque es posible que las cosas empiecen a estar menos confusas. Ha quedado ya claro que no existe equidistancia posible entre la posición del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha cometido un grave error político, y la del Gobierno de Carles Puigdemont, que comete una grave ilegalidad. Es posible que después del 1 de octubre, comprobado que el referéndum no se ha celebrado y que desaparece esa confusión, se pueda hablar de los errores políticos y de cómo corregirlos.

Como ha escrito Eliseo Aja, primer presidente del Consejo de Garantías del Estatut, la convocatoria del referéndum se realiza saltándose las leyes, las normas del Parlamento catalán y sin mandato social, puesto que, hay que insistir, los independentistas no lograron una mayoría de votos en las últimas elecciones autonómicas. No puede tampoco ser confundido con una movilización, como pretende a última hora justificarlo Podemos, porque, según sus convocantes, un resultado positivo implicaría la proclamación de la República de Cataluña. Además, en las movilizaciones no se enfrentan opciones, sino que pretenden expresar un único sentir. Sin justificación legal ni política que lo ampare, e intervenidos judicialmente los mecanismos técnicos para llevarlo a cabo, el referéndum no se celebrará.

El grave error político de Rajoy persistirá, sin embargo: creer que el problema radica solo en evitar la secesión de Cataluña, sin prestar atención al desprestigio de las instituciones, españolas y catalanas, nacidas de esa Constitución que se dice defender. No se puede pretender defender las instituciones sin acompañar esa voluntad de medidas políticas, y eso es precisamente lo que Rajoy ha hecho.

El presidente y su partido han sido incapaces de valorar las continuas manifestaciones que se iban produciendo en Cataluña a favor de la celebración de una consulta ni de acompañar ese análisis con las medidas pertinentes. Entre septiembre de 2009 y abril de 2011 se celebraron en Cataluña más de 400 pequeñas consultas en las que quedó de manifiesto el malestar acumulado, paralelo al desprestigio de las instituciones. El actual movimiento independentista procede de ahí y no de la cabeza alucinada de un puñado de políticos, como se quiere hacer creer.

De esas cabezas alucinadas procede, eso sí, una ley del Referéndum que ha dejado fuera a la mitad de la población. ¿Ningún independentista se escandaliza de que no hayan existido nutridas manifestaciones a favor del no, cuando es evidente que esa posición la respalda una parte importantísima de la población? ¿Ningún demócrata con estelada se avergüenza al ver el acoso a que están sometidos los demócratas que no desean la secesión?

Es curioso que hayan sido dos personajes políticos conservadores y experimentados, como Mariano Rajoy y Artur Mas, quienes más se hayan equivocado. Los dos tuvieron la oportunidad de encauzar un diálogo el 30 de julio de 2014, cuando se reunieron en La Moncloa. Artur Mas pensó que su cabeza dependía de exigir la consulta como condición previa, y Rajoy que no podía debatir ninguna de las otras 23 propuestas sin que esa exigencia desapareciera. Ninguna de las dos cosas era inevitable. Tres años después, Mas ha llevado a su partido a una crisis brutal y Rajoy ha hecho frente a una crisis sin precedentes, complicando, de nuevo, a una de las principales instituciones del país, el Tribunal Constitucional, sometido a una reforma que pone en peligro su unanimidad.

No habrá referéndum, las instituciones, todas, habrán sufrido un daño lamentable, pero quizás se pueda volver a empezar por donde siempre hubo un hueco: un nuevo Estatut y una nueva Ley de Financiación Autonómica.