España, medalla de bronce en ‘dinero negro’

Por puro instinto o mediante la observación del entorno, el ciudadano español sabe que vive rodeado de economía sumergida y dinero negro. Es una campana de corrupción consentida o ignorada difícil de medir, porque la economía sumergida es lo que se conoce como variable no observada; solo puede medirse a través de variables observadas, que son indirectas. Este entorno de fraude tangible pero ignorado, que va desde el rechazo de facturas para evitar el IVA hasta la evasión fiscal, pasando por la producción clandestina, ha sido objeto de un informe de la Universidad de Tubinga. Según sus conclusiones, la economía sumergida en España equivale al 17,2% del PIB. En el rankingmundial, España pica muy alto: es la tercera economía fraudulenta, detrás de Grecia (medalla de oro, con el 21,5% del PIB oculto) e Italia (medalla de plata, con el 19,8%). El arco mediterráneo europeo ocupa el podio, para regocijo de los Schäuble y Weidmann de turno, siempre dispuestos a definir el sur de Europa como una reserva de vagos improductivos y maleantes en potencia.

Primera observación: el porcentaje de economía negra en España del IAW de Tubinga parece un poco bajo. Un informe de 2014 —el de IAW recoge variables entre 2014 y 2016—, elaborado a instancias de los técnicos de Hacienda, situaba la economía fraudulenta en el 24% del PIB. No parece probable que la recesión haya estimulado el afloramiento de dinero negro; tampoco es creíble que la amnistía fiscal de Montoro (en su jerga, “regularización” tributaria) haya convencido a evasores, defraudadores y producciones sin ley a ponerse a bien con el fisco. La explicación puede ser sencilla: métodos distintos de estimación. Cuantas más variables observadas se utilizan en el cálculo, más exacto sale el retrato de la no observada.

Vamos a lo que importa. La pregunta automática es por qué, en un sistema fiscal que pierde el 17% de la riqueza en el mejor de los casos o el 24% en el peor, se aprueba una amnistía fiscal (perdón, regularización). Como es difícil que don Cristóbal balbucee otra respuesta que no sea el estado de necesidad por la crisis, quizá habría que interesarse por qué no se declara un estado de emergencia fiscal. Bajo el amparo de esa emergencia, podrían instarse disposiciones tales como un auténtico plan contra el fraude, que implique a los inspectores y subinspectores en el examen de rentas que, a diferencia de las salariales, sean proclives a la evasión, o un programa de aumento de los efectivos personales y técnicos antifraude, para que la Hacienda española se aproxime a la media de recursos que se aplican en Europa a impedir la evasión.

Nada de esto le interesa al ministro de Hacienda, ni al Consejo de Ministros en el que actúa ni al presidente del Gobierno ante el cual dice que es responsable. A pesar de que recortar tan solo el 5% de ese fraude cada año justificaría y permitiría varias rebajas de impuestos como las que perpetra el Gobierno a medias con Ciudadanos, los mandos de Hacienda prefieren la política de la magnificación de trivialidades estadísticas y las campanadas a medianoche de recortes de impuestos, tóxicos para la fortaleza del Estado.