Catalanes: ¡Ya no tenemos Gobierno!

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Cada día está más claro que el autogobierno de Cataluña, fruto de esfuerzos políticos ingentes durante todo el siglo XX, ha dejado de existir. Y no ha sucedido por una decisión ajena, tomada fuera de Cataluña, en Madrid concretamente, sino por voluntad explícita de la mayoría que gobernaba hasta ahora. Entre todo y nada, han preferido la nada que vivimos estos días: Aut Caesar aut nihil, César o nada, fue el grito casi de guerra frente al Senado antes de que las tropas del gran Julio cruzaran el Rubicón. Todo a la espera de la santa e inmaculada independencia, naturalmente.

El Gobierno Puigdemont decidió primero tirar por la borda el Estatuto en la sesión infame del 6 de septiembre en que la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, renunció a cualquier idea e incluso formalidad conforme con la neutralidad de su cargo y se convirtió en el ujier jurídico de la mayoría de JxSi y CUP. Sólo faltaba después la repetición de la infamia antiparlamentaria el 7 de septiembre y la decisión sorprendente de decretar vacaciones y cerrar el Parlamento hasta después del 1-O.

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Está claro que Cataluña ya no tiene autoridades reconocidas a las que obedecer, tal como han señalado todas las asociaciones de jueces en un comunicado conjunto. No tenemos Gobierno, tenemos el parlamento cerrado, el presidente y el vicepresidente se han convertido en líderes de los piquetes informativos del 9-O y el Estatuto, nuestra ley fundamental, ha sido invalidada en la práctica por quienes juraron respetarla.

Por no tener, no tenemos tampoco medios de comunicación públicos, puesto que los que había, Catalunya Ràdio y TV3, han sido privatizados y son ahora propiedad plena e instrumento descarado de la mayoría soberanista y soberana que se ha apoderado de la administración catalana.

Para acabar de rematarlo, las actuaciones torpes y absurdas del fiscal general del Estado y del propio gobierno de Rajoy han permitido al independentismo la construcción de un relato sobre el retorno del franquismo de gran eficacia dentro y fuera de España, que dispara las alarmas de unas entidades periodísticas y de un Síndic de Greuges muy sensibles a las vulneraciones que pueda hacer el PP pero de una indulgencia absoluta con las presiones y los desbordamientos que vienen del gobierno Puigdemont.

Dan muy mala impresión, sin duda, las entradas de policías de paisano a imprentas y medios digitales o el bloqueo de servidores para impedir la publicidad del plebiscito del 1-O, pero todavía es hora de que se condenen desde Barcelona las intolerables admoniciones y censuras públicas del consejero de Interior, Joaquim Forn, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, contra los periodistas Enric Hernández y Luis Mauri y contra El Periódico de Cataluña, acusados de una campaña contra la policía catalana que nunca existió pero cuya invención fue un instrumento más de propaganda secesionista.

El destrozo ya es muy grande. Está visto, pues, que los catalanes tampoco tenemos a estas alturas instituciones neutrales en las que confiar, nadie aceptado por todos que pueda dirimir los conflictos o juzgar sin parcialidad. Ni el Colegio de Periodistas defiende a todos los periodistas con el mismo criterio, ni el Síndic investiga y diagnóstica con la misma imparcialidad. Suspendidas las instituciones, anulada la vigencia del Estatuto y de la Constitución, que es la que protege los derechos fundamentales, parece claro que estamos sólo a un paso del momento 'hobbessià'.

Esperemos que todavía haya remedio y trabajemos para no cruzar este límite, porque en la selva de Hobbes sólo se aplica la ley del más fuerte. Muchos han olvidado que las leyes sirven, ante todo, para proteger a los más débiles, por lo que es muy grande la responsabilidad de quienes las quieren anular a su gusto en nombre de un improbable objetivo que al final nos dejará a todos a la intemperie.

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