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Nada que ver con la libertad de expresión

Imprimir papeletas no es uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las convenciones internacionales

Una calle de Barcelona, el pasado 11 de septiembre.
Una calle de Barcelona, el pasado 11 de septiembre. EFE

El rey de la astucia que era el destronado Artur Mas fue el primero en introducir en el Proceso las artes de la ambigüedad y del engaño al Estado, que en realidad es engaño al Estado de derecho y por lo tanto a todos los conciudadanos, catalanes incluidos. Las astucias de Mas no son como la "puta y la ramoneta" de Pujol, que combinaba una de cal y otra de arena, sino la capacidad de convertir una acción política en dos cosas a la vez, en buena parte contradictorias.

Res a veure amb la llibertat d’expressió

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El 9-N fue el ejemplo y el modelo. La inocente intención inicial era que los catalanes pudieran expresar su opinión, para que el Gobierno, una vez conocida, actuara en consecuencia y pidiera una negociación "con Madrid". Mariano Rajoy, que lo compró o al menos se hizo el despistado gracias a los buenos oficios del exjesuita Joan Rigol, se encontró con el susto de una altísima participación y de un resultado que rozaban la catástrofe política. Con un poco más de participación, aquella cándida consulta se hubiera podido convertir en un referéndum de autodeterminación seguido al día siguiente de una proclamación de la independencia, aunque fuera para negociar desde una posición de fuerza. Era el modelo Macià 1931 y Compays 1934.

Todo lo que se hizo el 9-N entraba en el capítulo de la libertad de expresión de los catalanes, aunque la intención era convertir esta libertad individual en el derecho colectivo a la autodeterminación, en una especie de extraña alquimia política de gran eficacia. Las acciones judiciales contra los responsables de la 9-N se convertían así en ataques a la libertad de expresión, como sucede con los autos y sentencias del Tribunal Constitucional que paralizan o dejan sin efecto votaciones y resoluciones parlamentarias, como si la suma de las libertades de expresión individuales, debidamente organizada por el ANC y el Gobierno, pudiera convertirse en un derecho inalienable a la autodeterminación.

Un buen ejemplo de esta confusión, que desgraciadamente afecta también a zonas de la izquierda no independentista y lo que es peor, a entidades y organismos profesionales periodísticos, lo tenemos en las actuaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía en Tarragona y Valls, en búsqueda de material del referéndum prohibido del 1-O. En este caso, encima, nada hay que tenga que ver con la libertad de expresión, que nadie ha coartado ni limitado, como no se ha hecho en todos los cinco años del Proceso. Imprimir papeletas y hojas de registro de un plebiscito de adhesión a una secesión unilateral no forma parte de los capítulos de las libertades fundamentales que protegen la Constitución española y los convenios internacionales de Naciones Unidas. Nada tendría que decir, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Cataluña, hasta ahora indiferente a los ataques directos, nominales e intimidadores del consejero Forn y el mayor Trapero contra Enric Hernàndez y El Periódico de Cataluña que dirige.

Lo mismo sucede con la obediencia al TC respecto a la publicidad institucional. Es toda una paradoja que los periodistas independentistas de un diario independentista exijan a la empresa que ponga en peligro el proyecto empresarial, los puestos de trabajo e incluso la comunicación de la información y de las opiniones independentistas en nombre de la desobediencia a un tribunal. Todo ha cambiado en el proceso, incluso los conceptos políticos. De hecho, esto es el proceso, una inversión de conceptos que quiere acabar convirtiéndose en una inversión de soberanías, una revolución. Y probablemente el propósito más militante es conseguir que el diario se sacrifique en el altar de la autodeterminación para cargar a la cuenta de la democracia española la desaparición de una opción ideológica legítima e incluso necesaria.

Esperemos que nada de esto suceda, que la libertad de expresión y todas las demás libertades queden perfectamente defendidas y preservadas, lo que no es nada evidente cuando se confunde la prohibición de acciones por un plebiscito con el debate o la difusión de la información sobre el plebiscito. En los dos extremos, a ambos lados, hay quien quiere destruir la democracia española, unos por española y los otros por democracia, e incluso otros más por ambas cosas. Sería imperdonable que lo consiguieran.

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