Fraude a los catalanes

La Diada se celebró este lunes festivamente en la calle, como desde hace decenios. También en distintas citas entre las que destacó, como desde hace un lustro, la convocada por las entidades soberanistas por cuenta y con el apoyo mediático del Govern secesionista.

El derecho a manifestarse libre y pacíficamente es esencial en una democracia. La reiteración de amplias manifestaciones reafirma que, pese a la abusiva retórica secesionista, España es una democracia avanzada (siempre perfectible) y sigue comportándose según sus reglas.

Los ciudadanos que ayer ejercieron ese derecho merecen por tanto todo el respeto. Otra cosa es el uso torticero que de ellos puedan hacer, y hacen, los convocantes. Y sobre todo la institución que se debe a toda la sociedad catalana —no solo a un fragmento de la misma, por importante que sea—, como el Gobierno de la Generalitat.

No es coartada para delitos ni barómetro democrático la cuantía de manifestantes

La obsesión por convertir las manifestaciones en demostraciones de fuerza resulta preocupante. No solo porque los participantes no aumentan de uno a otro ejercicio; no solo porque se contabiliza como militantes de la causa incluso a los niños; no solo porque suelen acudir a la convocatoria principal personas que votan de forma diferente. Sino porque la cuantía de asistentes nunca ha sido barómetro democrático: ha habido nutridas manifestaciones en la historia de distintos países, amén del nuestro, para todos los gustos, entre ellos los populistas y los adscritos a otras causas que no son motivo de orgullo.

Claro que un cortejo puede ser (y lo fue) termómetro de aspiraciones legítimas: a una reafirmación nacional; de rechazo a determinadas políticas; o de reclamación de autogobierno pleno; incluso de apoyo a la (errónea) salida de la independencia.

Pero un cierto grado de calor popular no constituye ninguna coartada para actuaciones ilegales de las instituciones; ningún escudo para leyes autoritarias y otras medidas que han sido suspendidas por los tribunales correspondientes; ninguna máscara colectiva que ampare la comisión de algún eventual delito individual de sus gobernantes. Ya basta con los intentos del Govern de manipular al “pueblo”, a “nuestra gente”, “als nostres”, a “la gent de casa”, y demás incitaciones al desprecio y exclusión de los tibios, críticos o disidentes.

Nadie prohíbe votar a los catalanes, lo han hecho desde 1977 en 38 ocasiones, todas legales

La manifestación oficial de ayer es el acta de certificación del fin de las sonrisas; de la pretensión de la unanimidad; el registro de la fragmentación de la sociedad catalana; la ceremonia que retrata una Cataluña dividida. Porque el sectarismo de los organizadores se ha multiplicado, ya han olvidado hasta el derecho a decidir, para abonar directamente la ruptura abrupta.

Y porque un Govern que ha decidido dejar de ser el de todos la ha aderezado con proclamas divisorias y divisivas; distinguiendo a los partidarios de su referéndum ilegal de los demás, a quienes denigra como “súbditos”; incitando a la agresión verbal y el escrache contra los alcaldes que no le son fieles, sino leales al Estatut; presionando e insultando a directores de periódicos por publicar noticias, mientras organiza tumultos en defensa de una imprenta y una revista investigadas por presunta actuación delictiva al imprimir material ilegal, y no, como se ha engañado, por defender la libertad de expresión. Así que el Ejecutivo del president Carles Puigdemont acelera para convertirse en un problema de orden público, tras encarnar un problema de moral pública, y no solo por la corresponsabilidad política de varios de sus miembros (el portavoz, Jordi Turull, el responsable de Interior, Joaquim Forn, entre otros) en la era de la corrupción pujolista.

Ese Gobierno engaña, como engañó la campaña por el Brexit. Es falso que su pretensión a la secesión la respalde el derecho internacional (es para colonias o países bajo ocupación extranjera); que el Código Penal no castigue la malversación ni el desacato (los sanciona); que España “robe” a los catalanes (lo hicieron algunos de los dirigentes nacionalistas que le precedieron); que les prohíba votar, cuando han participado desde 1977 en 38 convocatorias electorales y referendarias: todas ellas legales.

Es falso que no haya alternativa al referéndum. La hay, el Estatut y su refuerzo y/o la reforma constitucional. Falso que solo el Parlament pueda inhabilitar al president, puede hacerlo la justicia, porque es un poder en un Estado de derecho con separación de poderes. Falso que el referéndum suspendido sea “legal y con todas las garantías”: es ilegal y carece de censo, de respaldo normativo, de autoridad electoral conforme al Estatuto, de ninguna de las condiciones que dicta el Consejo de Europa.

Cataluña es hoy relevante por esfuerzo de los catalanes. Y porque este se incardina en una España libre y digna: si fuese democráticamente sospechosa, la UE la pondría bajo lupa, como a Polonia o Hungría. Y vetaría una ruptura que desordenase (¡por vez primera!) las fronteras de 1945 en lo que es hoy la UE (cosa distinta son las derivadas del desplome soviético y yugoslavo). Nunca Cataluña ha sido más exitosa. Ni lo sería si optase por automutilarse y quebrar una parte sustantiva de Europa.