Debate sobre el gasto

Para aprobar el Presupuesto de Estado de 2018 es necesario dar el paso previo de aprobar un límite de gasto no financiero para el ejercicio anual. El Gobierno lo hizo en un Consejo de Ministros extraordinario del lunes; allí se aprobó un aumento del gasto para 2018 del 1,3% sobre el año anterior, lo cual significa que los ministerios podrán gastar 119.834 millones.

La decisión sobre la cantidad deja escaso margen para la discusión. Las finanzas públicas españolas están sometidas a un estricto control del déficit, porque desde 2012 los compromisos de ajuste con Bruselas se han incumplido y en el último ejercicio hábil, 2016, fue necesario que la Comisión aumentara generosamente el límite admitido para dejar a España dentro del margen de cumplimiento tolerado.

Pero sí cabe la discusión sobre la distribución, contenido y finalidad de dicho gasto. Si el Presupuesto ha de ser una palanca eficaz de política económica es necesario que una parte del dinero público, aquella que quede después de hacer frente a los gastos corrientes y las obligaciones sociales, se utilice para mejorar las condiciones de funcionamiento de la economía. Por tanto, el techo de gasto no solo da pie, sino que exige una negociación política en tiempos de minoría parlamentaria del Gobierno (que es el caso) y una explicación muy clara de los medios y los fines de las partidas si el Ejecutivo dispone de mayoría. El debate, la negociación y las explicaciones tienen que versar al menos sobre las oportunidades de incentivar la creación de empleo y de mejorar la inversión tecnológica de aquellas producciones y servicios en las empresas españolas que tienen ventajas competitivas.

El techo de gasto conecta con otro problema político persistente, que es el esfuerzo que deben hacer el Estado, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos en la contención del déficit. De la experiencia de las finanzas públicas en los últimos años cabe extraer algunas conclusiones. Los Gobiernos autonómicos y los municipios han cargado con un esfuerzo en la contención del gasto mayor que el que se ha atribuido el Estado; de hecho, Hacienda impuso una reducción del déficit autonómico desde el 0,6% al 0,3%, aunque el ministro Montoro propuso ayer aliviar la rebaja al 0,4% del PIB, como un intento de aproximación a las autonomías gobernadas por el PSOE.

Además de distribuir mejor las cargas del ajuste, hay que corregir la idea de Hacienda de una limitación del déficit universal en todas las autonomías. Cada una de ellas tiene una posición económica diferente y es absurdo aplicar un corsé rígido (el 0,4%) a todo el espectro autonómico. Como intento de atraer la voluntad autonómica, el alivio al 0,4% tiene justificación, pero carece de racionalidad financiera, en tanto que mantiene el límite universal.

Es poco probable que a corto plazo Gobierno y oposición se impliquen en un debate sobre la distribución del gasto. La posición política de Montoro después de la reprobación tampoco ayuda. Pero con tiempo y paciencia puede normalizarse una discusión sobre medios y fines presupuestarios.