La estabilidad es cara

Después de largas y costosas negociaciones, el Gobierno ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y garantizar así un cierto grado de estabilidad política para el Ejecutivo —sin mayoría en el Congreso— y unas condiciones básicas de funcionamiento del Estado para los próximos dos años. Ya se ha subrayado que con este paso el Gobierno de Rajoy puede prorrogar el Presupuesto actual para el ejercicio 2018 y, por lo tanto, llevar con comodidad la legislatura hasta 2019. En lo que no se ha insistido tanto es en el segundo signo de estabilidad que avanza la votación del miércoles: va ser difícil que los partidos que han apoyado al Gobierno no formen la misma mayoría para aprobar los trámites inminentes del Presupuesto 2018, empezando por el techo de gasto.

El proceso político del Presupuesto 2017 ha empujado al PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias —junto con el respaldo previo de Ciudadanos— a una alianza, circunstancial y condicionada a la generosa rentabilidad económica obtenida. Enfrente, PSOE y Podemos han analizado y denunciado las insuficiencias del proyecto presentado por el equipo del ministro Montoro. Unos cálculos sencillos permiten concluir que la aprobación de este Presupuesto ha sido onerosa para las cuentas públicas. Entre las concesiones al PNV (cupo vasco), a los partidos canarios y a los requerimientos de otros socios, la factura se aproxima a los 12.000 millones y probablemente aumentará en los próximos meses. Debería moderarse pues la exhibición triunfalista del Gobierno, con el ministro Montoro agradeciendo los apoyos en la Cámara. Quizá el precio que hoy se paga tan espléndidamente se convierta en un lastre en el futuro.

Pero este Presupuesto no debería prorrogarse, a pesar de que la prórroga es un recurso legítimo y de que caben pocas dudas de que Rajoy la utilizará si no consigue otra mayoría. Existe, en primer lugar, una razón política. La estabilidad no consiste en aprobar unas cuentas públicas y sestear después; sería conveniente buscar una estabilidad presupuestaria en el Parlamento que recoja las inquietudes de los votantes del primer partido de la oposición y, en la medida que la racionalidad lo permita, de casi toda la Cámara. Tampoco es adecuado sostener la estabilidad financiera del Estado sobre una cadena prolongada de concesiones a socios coyunturales. A la larga, la mejor estabilidad es la que se consigue pactando con el primer partido de la oposición.

Hay otra razón de orden económico para descartar la prórroga. El Presupuesto de 2017 no es, técnicamente, bueno. La contención del gasto es inorgánica y devastadora, puesto que insiste en recortar partidas de inversión hasta más allá de lo que exigiría una gestión prudente de las infraestructuras públicas. Se puede (aunque no se debe) prolongar la austeridad, pero con criterios más racionales y organizados. La previsión de ingresos está sencillamente cegada por el optimismo; y todo el margen de reducción del déficit que exige Bruselas parece confiado al crecimiento. Sería mejor confiar en apoyos políticos sólidos por si el déficit no llega a controlarse —situación muy probable— y Europa obliga a una austeridad más intensa.