Insostenible Montoro

La decisión unánime del Tribunal Constitucional de anular el real decreto de amnistía fiscal aprobado por el Gobierno en 2012 viene a subrayar la pobreza de las técnicas jurídicas aplicadas por el Ministerio de Hacienda y la irresponsabilidad general del Ejecutivo que propuso una reforma tan importante para el conjunto de los ciudadanos mediante un simple decreto.

El Constitucional argumenta hoy lo que debió ser evidente cinco años atrás: no se puede modificar sustancialmente un artículo constitucional, el que establece que “todos contribuirán” al sostenimiento de las cargas públicas, mediante un decreto ley. No es un artículo cualquiera de la ley fundamental del Estado, sino el que establece la igualdad tributaria de los españoles. El Constitucional no niega el fondo —que se articule una amnistía fiscal— sino las formas arbitrarias y la ofensa a los procedimientos legislativos en el Parlamento.

Esta sentencia debería ser un antes y un después para el ministro de Hacienda. Pone en evidencia prácticas legislativas impropias de un departamento con tanto peso, teñidas de autoritarismo, y cuestiona el desempeño de Cristóbal Montoro. No es aceptable que el encargado de recaudar los impuestos y proponer las normas fiscales que deben gobernar la equidad tributaria de los españoles sea el responsable del atropello jurídico de la amnistía fiscal de 2012 que ahora subraya el Constitucional. Si su trayectoria política ya era reprobable hasta el momento, desde sus amenazas veladas a diputados a las filtraciones de información tributaria servidas con oportunidad política, la sentencia coloca al señor Montoro en una situación insostenible.

Y, de paso, agrava la delicada situación del Gobierno. Los ciudadanos están especialmente afectados por los casos de corrupción y los indicios de manipulación de la justicia; ahora reciben la información que ratifica incompetencia jurídica de Hacienda y el trato de favor permitido de mala manera a evasores fiscales. No caben excusas ni subterfugios: el ministro debería presentar la dimisión o el presidente del Gobierno tendría que proponer su destitución.

Sería incorrecto restar importancia a la sentencia so pretexto de que, si bien anula el decreto de amnistía, acepta sin problemas en beneficio de la seguridad jurídica las regularizaciones fiscales realizadas. El Tribunal Constitucional advierte con su dictamen que no todas las prácticas legislativas están permitidas y apunta sutilmente en contra del vicio de gobernar por decreto ley. Es un toque de atención importante para el futuro.