Los impuestos sobre el azúcar no evitarán solos la obesidad infantil

La batalla contra la obesidad ha pasado a otro nivel en Cataluña con el impuesto a las bebidas azucaradas que entra hoy en vigor. Sin embargo, los nuevos precios quedan muy lejos del 20% impositivo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que realmente sea efectivo. ¿Cómo puede beneficiar esta medida a los niños, el sector más vulnerable, con elevadas tasas de sobrepeso? La idea es que un aumento del precio obligue a cambiar los hábitos de compra, empezando por una reducción del elevado consumo diario de bebidas azucaradas entre los más jóvenes. El bolsillo o la salud. Según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud, dos de cada 10 niños españoles tienen sobrepeso y uno de cada 10 sufre obesidad; es decir, el 27,8% de los menores en nuestro país ya presenta algún tipo de problema de peso que con los años puede desembocar en diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Más medidas, menos obesidad

Aunque el “impuesto saludable” de Cataluña es un primer paso, los expertos señalan que para conseguir una reducción real de la epidemia de la obesidad infantil serán necesarias medidas globales, interdisciplinares, que van desde la educación al etiquetado, de la promoción del deporte sin patrocinios encubiertos a la subvención del consumo de frutas y verduras, pasando por un control exhaustivo -que ahora no existe- del cumplimiento de la normativa publicitaria, como el código PAOS, que apenas se cumple. La revisión del contenido de las máquinas de vending en colegios, cancelar las excursiones a fábricas de comida rápida o de bebidas carbonatadas y la no inclusión de juguetes en los productos de menor perfil nutricional son otras medidas necesarias para que se observe un impacto real en la salud infantil.

“Centrar la atención solo en las bebidas azucaradas es un error. ¿Qué sucede con el resto de productos procesados? ¿Desde cuándo lo más saludable, como nos intenta vender la industria, son desayunos y meriendas con bollería, galletas y cereales hiperazucarados? El problema es que el consumidor no es consciente del riesgo para la salud que asume al comprar a sus hijos ciertos productos que son rápidos de cocinar incluso en casa, algo muy cómodo para el ritmo de vida que llevamos. Y tampoco es consciente del poder que tiene: si cambiase la demanda por alimentos frescos y saludables, la oferta tendría que cambiar porque lo que busca toda empresa es ganar dinero. Pero no podemos pedir que las multinacionales protejan nuestra salud porque eso es tarea de los gobiernos”, explica Miguel Ángel Lurueña, divulgador científico y autor del blog Gominolas de Petróleo.

Precisamente, en España el gobierno prometió el pasado diciembre aplicar la tasa a las bebidas azucaradas en todo el país. Pero las presiones del lobby azucarero consiguió, en apenas tres meses, que la propuesta quedase en un cajón. Tenemos reciente y cercano el caso de Portugal, que tras el anuncio de este tipo de impuestos perdió una inversión de 40 millones de una importante multinacional de bebidas carbonatadas. Tampoco hay que perder de vista que el sector de los refrescos aporta 12.000 millones de euros a la economía nacional (un 1,4% del PIB). Según las últimas cifras facilitadas por la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), en España facturaron 4.500 millones de euros en 2015, un 2,8% más que el año anterior: los españoles cada vez consumen más este tipo de bebidas.

El caso de Ámsterdam

Un ejemplo de política de salud pública sin afán recaudatorio y realmente comprometida en la lucha contra la obesidad podría ser Ámsterdam, que después de analizar sus elevadas tasas de sobrepeso infantil diseñó un programa global para reducirlo, como fuera, barrio por barrio. Implicaron a colegios, profesores, entrenadores, padres, sanitarios: todos los colectivos en contacto con niños fueron movilizados para cambiar los hábitos de vida y contribuir a crear un entorno saludable.

Entre las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Ámsterdam se incluye la prohibición de llevar zumos a las escuelas (sustituidos por agua o leche), la sustitución de bollería industrial o casera por frutas en las celebraciones escolares, o la prohibición de los patrocinios de marcas de bebidas carbonatadas y comida rápida en eventos públicos. También se subvenciona el acceso a polideportivos y actividades deportivas para familias sin recursos; se imparten clases colectivas para aprender a cocinar de forma saludable, se garantiza que los niños tengan acceso a frutas y verduras en el colegio e incluso se estudia los patrones del sueño. El resultado: entre el año 2012 y 2015 se ha reducido un 12% la obesidad infantil, según los últimos datos del Amsterdam Healthy Weight Programme.

“Los datos de este proyecto son interesantes, pero sin un grupo de control no podemos valorar hasta qué punto el descenso de la obesidad ha bajado por todas esas medidas o porque cambiaron sus patrones de alimentación por otro motivo. Cuando es un fenómeno multifactorial como este, se necesitan más parámetros, como hacer un seguimiento en las tiendas de lo que compran ahora para saber si han cambiado también sus hábitos de alimentación en casa. En marzo se ha publicado otro estudio sobre un condado de Maryland, en Estados Unidos, cuyas políticas de reducción del consumo de bebidas azucaradas van acompañadas de toda una batería de medidas muy complejas. Al final, como escribí hace poco, redujeron el consumo de refrescos en un 20% y de zumos en un 15%, pero es un ejemplo de trabajo global contra la obesidad, no solo unos impuestos. La clave no es restringir sino dar alternativas saludables a la población”, apunta Luis Jiménez, autor de libros como La Guerra contra el sobrepeso y El cerebro obeso, donde analiza las razones del entorno obesogénico en el que vivimos y el funcionamiento del cerebro para adoptar hábitos saludables o no.

El éxito de la subida de impuestos a productos no saludables en otros países está reflejado en el documento Adaptación Española a las Guías Europeas sobre Prevención de la Enfermedad Cardiovascular, con los siguientes datos: “Las estrategias de precios pueden conducir a una disminución de las ventas de alimentos no saludables y a un aumento de las ventas de frutas y verduras, mejorando el consumo de energía y nutrientes, el IMC y la salud. El impuesto a la grasa en Dinamarca originó una disminución de su consumo de un 10-15% y el impuesto a la comida basura en Hungría hizo que las ventas cayeran un 27%. El impuesto a las bebidas azucaradas en México provocó un descenso en las compras del 12%, con mayor intensidad en los hogares de nivel socioeconómico bajo, donde alcanzó el 17%”.

Países como Alemania se han atrevido a gravar las bebidas azucaradas con un 20% del precio, Inglaterra quiere sacar las máquinas de vending no saludables de los hospitales, Francia ha prohibido el “relleno gratis” de bebidas azucaradas, Chile obliga a advertir en el etiquetado los altos contenidos en grasas, calorías, sal y azúcar, prohíbe la publicidad atractiva para niños en estos productos e incluso ha retirado los juguetes dentro de huevos de chocolate. En España, las medidas eficaces y multidisciplinares contra la obesidad ni están ni se las espera.