Cataluña, mejor dentro que fuera

Como cada vez que se inicia el debate anual sobre los Presupuestos Generales del Estado, han vuelto a emerger los agravios territoriales, exhibidos como cicatrices. Este año la discusión se ha cruzado con una operación de persuasión del Gobierno hacia Cataluña que incluye compromisos de inversiones en infraestructuras por 4.200 millones a lo largo de la legislatura y que podrían ampliarse con otras partidas. Ese anuncio ha sido acogido con escepticismo por los soberanistas catalanes y con abierta desconfianza por los gobiernos de las otras comunidades, que reclaman mayor equidad en el reparto. Como viene siendo habitual, no hay acuerdo sobre las cifras. El Governdice que en los Presupuestos para este año hay un nuevo retroceso en las inversiones y el Gobierno central ofrece datos de que Cataluña es la comunidad con mayor inversión estatal en obra pública desde 2010.

El escepticismo soberanista tiene una dimensión económica y otra política, en relación esta última con la disposición adicional tercera del Estatut: “La inversión estatal en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del PIB catalán en el PIB del Estado para un periodo de siete años”. Es decir, que las inversiones en infraestructuras serán una función de la riqueza de Cataluña en relación al conjunto, condicionando así las Cuentas del Estado. La denuncia de los incumplimientos se presenta así con la carga política adicional de que no serían incumplimientos de promesas electorales sino de un mandato expreso del Estatut.

Tal mandato no existe hoy. Es uno de los 27 preceptos del Estatut cuya constitucionalidad quedaba supeditada en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 a ser interpretado como el propio tribunal establecía: “en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones ni menoscaba la plena plibertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones”. Pero con esa interpretación, la equiparación podrá considerarse una recomendación, no una obligación legal.

La superación de la crisis catalana no es solo una cuestión de dinero, pero lo cierto es que la exigencia de un pacto fiscal que limitara la aportación de la comunidad a la solidaridad interterritorial fue decisiva para el giro independentista de Artur Mas en 2012. Por ello, no es absurdo que la política de seducción de Rajoy incluya iniciativas relacionadas con inversiones estatales que acrediten que a esa comunidad le iría mejor permaneciendo en España que saliendose de ella (y de la UE); que su prosperidad y dinamismo económico son inseparables de su condición de parte de España, y que no se sabe si separada de ella podría conservar su fuerza.

España viene siendo para Cataluña un amplio mercado (de 40 millones de consumidores en la actualidad), lo que favorece el crecimiento de la economía y el empleo en el Principado. Esto puede objetivarse con datos sobre los saldos comerciales entre Cataluña y el resto de las comunidades. Desde que hay estadísticas sobre esta cuestión, Cataluña ha sido, año tras año, con crisis o sin ella, el territorio con un mayor saldo favorable entre ventas y compras al resto de España. El saldo llegó a ser de +22.000 millones en 2007 y se habia reducido a la mitad, 11.700 millones, en 2013, última fecha considerada en el estudio del Centro de Predicción Económica: WWW.C-intereg.es.