Error eléctrico en Colombia

La intervención y liquidación (en proceso) de Electricaribe, filial en Colombia de Gas Natural Fenosa, suscita muchas dudas sobre la racionalidad de la decisión del Gobierno colombiano. La razón esgrimida para tan drástica resolución es que Electricaribe “no está en condiciones de prestar el servicio eléctrico con la calidad y continuidad que se requieren”. Este es un argumento de doble filo; porque el servicio en el país está minuciosamente regulado, tanto en los precios que deben cobrarse al cliente como las retribuciones que tiene que pagar a los proveedores.

Por lo tanto, es algo más que una hipótesis suponer que si Electricaribe “no está en condiciones de prestar el servicio” con la calidad requerida se debe, en gran medida, a los efectos perversos de una mala regulación. Electricaribe expuso en varias ocasiones la urgencia de revisar las tarifas del servicio, porque las actuales hacen inviable la prestación; e instó al Gobierno colombiano a revisarlas. Además, la compañía denunció el elevado volumen de fraudes e impagados que ni el Estado colombiano ni el sistema judicial han sido capaces de evitar. La deuda con Electricaribe de ayuntamientos, gobiernos regionales, hospitales, colegios y redes hidráulicas asciende a más de 72 millones de dólares; y el volumen acumulado de impagados asciende a 1.300 millones de euros. Ninguna compañía inmersa en una cultura del impago puede funcionar con normalidad; y mucho menos afrontar inversiones nuevas.

El método de intervención y liquidación también es discutible; se parece demasiado a una expropiación; en todo caso, provoca una gran inseguridad jurídica y está muy alejado de las prácticas seguidas en la OCDE. La ley colombiana permite la liquidación, pero Gas Natural tiene activos en Electricaribe que se depreciarán en una liquidación. De esa destrucción patrimonial será responsable el Gobierno colombiano. Pudo haber elegido el ajuste regulatorio, pero prefirió una solución radical.