Los curanderos, entre la impunidad y el limbo legal

“Si se ha equivocado, se ha equivocado él”. Con esta frase eludía su responsabilidad José Ramón Llorente, quien se presentaba como especialista en medicina naturista y ortomolecular cuando comenzó a pasar consulta a Mario Rodríguez. Se trata de un curandero de libro, aquel que, según el diccionario, ejerce prácticas curativas sin tener el título de médico. Su caso ha terminado en el juzgado por el tesón del padre de Mario, un joven de 21 años que murió tras abandonar la quimioterapia mientras su curandero le recetaba “pastillas de brócoli”, según la Audiencia Provincial de Valencia. Pero no sabemos cuántos curanderos como él hay en España, tratando gripes, depresiones, dolores de espalda o tumores, ni cuántos problemas de salud podrían estar provocando al pretender curar a pacientes con falsos remedios, técnicas inútiles y píldoras que no son más que placebos.

Ciudadanos quiere obligar a los médicos a denunciar cuando tengan conocimiento de prácticas “alejadas de la evidencia científica [que] pudieran causar un perjuicio real en la salud”

Para dar respuesta a casos como este, el grupo de Ciudadanos en el Congreso presentó una Proposición no de Ley (PDF) para obligar a los médicos a denunciar cuando tengan conocimiento de una situación similar: prácticas “alejadas de la evidencia científica [que] pudieran causar un perjuicio real en la salud directa de sus pacientes”. La intención última: “Detectar malas prácticas que pongan en peligro la salud pública o la vida de los pacientes”. Francisco Igea, médico y diputado impulsor de esta PNL, defiende su propuesta como un intento “útil” de “acabar con la impunidad”. “Ni siquiera hay un registro de las lesiones o muertes que podrían estar causando”, lamenta Igea, “no sabemos nada”.

Una de las asociaciones más representativas del sector, la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales (APTN-Cofenat), asegura que hay 60.000 profesionales que "ejercen y pagan sus impuestos”. Pero es que en 2009 ya decían que eran 60.000 profesionales. Todo el mundo, partidarios, detractores, médicos y políticos, consideran que se trata de una práctica que no deja de crecer; no tendría sentido que fueran los mismos “profesionales” desde hace casi una década. Esa asociación, la mayor, dice contar con casi 10.500 miembros. El 13% de los españoles prefiere este tipo de pseudoterapias, según el CIS, aunque un estudio realizado por el sector asegura que el 24% ha recurrido a estas prácticas en alguna ocasión, pero incluye en ese porcentaje la práctica del yoga.

La norma que regula los establecimientos sanitarios indica que debe haber un "médico" en los centros de terapias naturales. Los demás están fuera de la ley

Poco se sabe a ciencia cierta sobre este sector. El último gobierno socialista trató de acotar el concepto, o el problema, poniendo en marcha un grupo de trabajo en 2007 que identificara, para regularlos, todos los aspectos que engloban las llamadas terapias naturales o alternativas. El informe resultante, publicado en 2011, dejaba claras tres cosas: que el problema es amplísimo y con innumerables derivadas; que estas terapias no tienen ninguna capacidad de curar más allá del efecto placebo; y que la regulación era insuficiente. Estamos hablando de 139 técnicas, donde conviven la acupuntura, que Sanidad considera útil contra determinados dolores, con la sanación por medio de piedras de cuarzo, por poner un ejemplo sin aval alguno.

En el decreto vigente desde 2003, que regula los establecimientos sanitarios, hay un apartado dedicado a las terapias no convencionales, pero el texto indica que se trata de una “unidad asistencial en la que un médico es responsable de realizar tratamientos”. Es decir, que se exige alguien con titulación en Medicina para que la autonomía pueda dar el permiso pertinente, una situación rarísima, como reconocía Sanidad en su informe (PDF): en 2008, solo había 230 establecimientos acreditados con este perfil. “Estas cifras no son indicativas de la situación real de los centros en los que se aplican terapias naturales, ya que en gran parte de ellos no hay un médico al frente”, reconocía. Y añadía como ejemplo que una simple búsqueda en la web de las Páginas Amarillas ofrecía 1.704 centros de naturopatía en 2011 (hoy ya son 2.163) y 934 de homeopatía (hoy, 1.439).

Como muestra, un botón: en la localidad del joven Mario Rodríguez, Burjassot (37.000 habitantes) hay 11 establecimientos que se publicitan como locales en los que, de un modo u otro, se asegura que se cuida o mejora la salud de los clientes con pseudoterapias (ninguno aparece en la web de las Páginas Amarillas). Se trata de un trabajo de campo realizado a modo de ejemplo por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), impulsada por el padre de Mario, para ilustrar el alcance del problema. “No cumplen el decreto de autorización de centros. Los tribunales lo tienen clarísimo, da igual si las terapias que realizan son reales o ficticias”, dice Fernando Frías, abogado y asesor jurídico de la asociación. Según este colectivo, que se está reuniendo con los grupos políticos para transmitir su preocupación, estos centros no cumplen y la inspección de Sanidad de cada comunidad autónoma debería cerrarlos. Llorente, obligado por la sanidad valenciana, se limitó a cambiar su cartel de "medicina natural y ortomolecular" por otro que vende "centro de terapias naturales".

El PSOE quiso regularlo incluyendo un diagnóstico previo de un médico, vigilar las terapias más peligrosas y que se mantuviera un registro de pacientes

Intentos fracasados de regularlo

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trató de darle espacio legal al sector, un apartado específico en la norma para estos profesionales de las terapias que no cuentan con aval científico. Cataluña lo hizo , pero la justicia se lo tumbó. El País Vasco aprobó en julio una proposición no de ley para hacerlo. El programa electoral del PSOE sigue incluyendo la idea de “regular, desde el consenso, el sector de las terapias naturales, que permita al ciudadano acudir a estos técnicos con las debidas garantías”. Guadalupe Martín, diputada del PSOE en la comisión de Sanidad, cree que esa es la solución, y reconoce que ahora se está dando un incumplimiento masivo de la ley, porque los centros de terapias alternativas no cuentan con profesionales sanitarios y porque vulneran la ley al publicitarse indebidamente como lugares en los que se ofrecen soluciones para la salud, como también denuncian Ciudadanos y APETP.

Martín, también médica, no cree que la propuesta de Ciudadanos sea la solución: “No comparto que se ponga la carga en los profesionales sanitarios, que tengan que hacer de policías. Para eso ya está, o debería estar, la inspección sanitaria”. Los colegios médicos tampoco se han mostrado a favor de que se les obligue por ley a denunciar a los curanderos, a pesar de que algunos, como la Organización Médica Colegial, son muy beligerantes contra las pseudoterapias. La diputada socialista cree que se debe dar carta de naturaleza a los profesionales de las terapias naturales mejor formados para dar más seguridad a los ciudadanos. “Pero si regulas determinada profesión, supone reconocer una titulación, una formación… y eso es reconocer validez a prácticas que no tienen ninguna base científica”, reconoce. “Pero eso ayudaría a cerrar a los verdaderos estafadores”, añade. Además, cree fundamental formar e informar a la población. En este momento ese objetivo parece muy lejano cuando la radio pública española tiene un programa para la promoción de estas pseudoterapias.

Estos profesionales cuentan desde 1990 con un epígrafe como parasanitarios en el que inscribirse para tributar por su negocio, pero no pueden registrar su establecimiento y tienen prohibido hacer publicidad de “productos y servicios de carácter creencial y de los productos-milagro”. Así, las tarifas de un sector que está fuera de la ley son ingobernables: a la familia de Mario Rodríguez, el tratamiento del curandero le costó unos 4.000 euros. El plan del Gobierno socialista ponía el foco en que la regulación de este colectivo incluyera un diagnóstico previo de un médico titulado, tener especial vigilancia sobre las terapias más invasivas y peligrosas y que se mantuviera un registro de pacientes que permita controlar mejor el sector. La presidenta de la APETP, la científica Elena Campos, lo tiene claro: “Se está incumpliendo desde hace 13 años la legislación vigente. La salud debe estar en manos de un profesional sanitario acreditado. Los ayuntamientos y las comunidades son responsables de lo que está pasando”.

Cuéntanos tu caso: javier@esmateria.com