Con la respiración contenida

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, firmado en 2001 por Javier Arenas, secretario general del Partido Popular, y José Luis Rodríguez Zapatero, con igual cargo en el Partido Socialista, fue acogido con grandes esperanzas. Quince años después, el grado de satisfacción de los españoles con la administración de justicia, comparada con la de otros servicios públicos, es el peor. Solo un 10,2% se siente muy o bastante satisfecho, frente a un abrumador 78,7% que contesta que lo está “poco” (40,3%) o “nada” (38,4%). Un resultado demoledor frente al 42% de ciudadanos satisfechos con la sanidad, o incluso con el 29,1% que alaba la enseñanza (Barómetro de abril de 2016 del CIS).

El famoso pacto fue negociado por José María Michavilla, secretario de Estado de Justicia en el gobierno de Aznar, y Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la Ejecutiva federal del PSOE, en “23 reuniones en restaurantes, aeropuertos, aviones y paseos”, según relataron en este periódico Anabel Díez y Javier Casqueiro.

Una revista universitaria publicó, meses después, una primera encuesta entre reputados especialistas. La primera pregunta pedía una valoración del nuevo sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la quinta, cual debía ser el desarrollo de la independencia del ministerio fiscal, que había quedado “deliberadamente ambiguo” en el pacto.

El profesor Luis Díez Picazo, magistrado del Tribunal Constitucional de 1980 a 1989, valoró positivamente el hecho de que existiera consenso, pero criticó la calidad del nuevo sistema de elección, que perpetuaba la denostada atribución de cuotas, (…) “véase si no los primeros meses de funcionamiento de ese Consejo, caracterizados por la crispación y el enfrentamientos por bloques ideológicos”. Respecto a la independencia del ministerio fiscal, el profesor Díez Picazo recomendaba encarecidamente a los dos grandes partidos que “lleguen a una verdadera convención constitucional sobre la figura clave, que es el fiscal general del Estado, a fin de nombrar a personas con fortaleza de carácter e independencia de criterio que eviten ser vistas como meros ejecutores de los deseos, reales o presuntos, del Gobierno”. Luis López Guerra, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también criticaba “la clara disminución en la confianza pública en la imparcialidad del fiscal general a la hora de entablar la acción penal cuando intereses o personajes de relevancia política estén implicados”.

Quince años después, la elección de miembros del CGPJ sigue atribuyéndose por cuotas, la figura del fiscal general alcanza nuevas simas de desconfianza y la suspicacia ha alcanzado también al Tribunal Constitucional, justificada por la evidente existencia de cuotas, un mecanismo de selección de magistrados que ha quedado, de nuevo, en evidencia en los cuatro nuevos que serán elegidos el próximo martes, a propuesta del Senado. PP y PSOE han vuelto a imponer su acuerdo y la elección de los cuatro candidatos ha sido un mero formalismo.

Tradicionalmente, de los cuatro magistrados elegidos a propuesta del Senado, dos correspondían al partido mayoritario (el PP), uno, al principal partido de la oposición (PSOE) y un cuarto se elegía por consenso, y solía aportar una cierta sensibilidad autonómica. En esta ocasión, el candidato “de consenso” será, sorprendentemente Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que dejará libre una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que llegan finalmente los casos de corrupción y en la que se juzga a aforados. El mundo judicial contiene la respiración a la espera de saber quién será su sustituto, y cruza los dedos para que no se produzca una aberración. ¿Es esa la manera lógica de mejorar la percepción ciudadana de la administración de justicia o simplemente a nadie le importa, en el Gobierno y la oposición, ese 78% de insatisfacción?