Una buena noticia para los derechos humanos en El Salvador

 Hace apenas dos meses, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas y Controversias (CIADI) resolvió un asunto de vital trascendencia para los salvadoreños y salvadoreñas: la demanda de la empresa Pacifi Rim (hoy Oceana Gold) contra ese gobierno centroamericano no estaba justificada. En consecuencia, la empresa minera no tendría derecho a extraer el oro de ese país.

Habida cuenta de que para hacerlo hubiese tenido que utilizar unos recursos hídricos que ya de por sí son muy escasos allí, la decisión arbitral tiene un impacto importante en el derecho al agua, entre otros.

Con independencia del tema en términos estrictamente jurídicos, la decisión supone un ahorro de casi una octava parte del presupuesto anual del país, que de haber prosperado la demanda hubiese tenido que abonar el gobierno salvadoreño a la multinacional. Pero no es éste el principal motivo de celebración, ni el hecho de que escaseen laudos a favor de gobiernos de países tan poco relevantes en la agenda internacional. Lo verdaderamente trascendente de esta noticia es el hecho de que la soberanía del país sobre sus recursos naturales, entre ellos el agua, se reconoce siquiera implícitamente.

Este asunto no es algo aislado en el panorama internacional. En las controversias relativas a inversiones internacionales, las empresas multinacionales pueden demandar a gobiernos: cuando Uruguay y Australia introdujeron advertencias obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajas de cigarrillos, Philip Morris presentó una demanda contra los dos países, y en ambos casos perdió.

Sin embargo, existe una mayoría aplastante de asuntos que ganan las empresas ante el CIADI. Así por ejemplo, Abengoa logró que el CIADI dictara un laudo a su favor tras la paralización del funcionamiento de una planta de gestión de residuos ubicada en el parque natural Los Mármoles, en el estado de Hidalgo (México), en una zona que fue declarada área protegida por la UNESCO. En todo el mundo, los tribunales arbitrales han compensado el supuesto impacto que han tenido sobre sus ganancias las leyes adoptadas en los países para proteger el medio ambiente, la salud pública o el bienestar social. Es llamativo el hecho de que el 26% de los asuntos que se resuelven por los árbitros van contra gobiernos africanos, el 25% contra gobiernos de Europa y Asia Central; y el 24% contra gobiernos de América del Sur.

Los derechos humanos se ven con mucha frecuencia afectados por normas como las del Comercio Internacional, entre las que se encuentran los tratados multilaterales y bilaterales de inversión (TBI). Y en ellos se amparaba precisamente la demanda de la empresa minera salvadoreña. Estas normas contienen cláusulas que muy frecuentemente colisionan con las normas internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos los derechos al agua y al saneamiento, así como otros previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El gran problema que existe en éste y otros asuntos radica en que los conflictos que surgen en la práctica entre empresas afectadas por TBI y estados se resuelven ante tribunales arbitrales, que no incorporan en sus decisiones las categorías y principios de los derechos humanos.

Confiamos que la nueva Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible sea aprovechada por las empresas y todos los actores de la Cooperación Internacional para tomar como punto de partida la reducción de los impactos negativos en los derechos humanos que se desprenden del núcleo principal de su actividad.

Celia Fernández Aller, profesora en la Universidad Politécnica de Madrid

Secretaria de la Junta Directiva de ONGAWA

Pertenece al ITD UPM, Centro de Innovación en tecnología para el desarrollo humano de la Universidad Politécnica de Madrid.