Todo depende de Rajoy

Desde el entorno de Mariano Rajoy, y a veces de su propia boca, se esparce la sombra de la duda sobre el futuro de esta legislatura. A propósito de los Presupuestos del Estado, el último comentario del presidente del Gobierno ha sido que él va a intentar que salgan adelante, “pero no depende solo de mí”. Sin ser falso, tampoco es cierto. La verdad es que prácticamente todo depende de Rajoy, porque suya es la responsabilidad como cabeza del Ejecutivo que recientemente obtuvo la confianza del Congreso. Él debería ser el primer interesado en actuar con la suficiente cintura política y dejar de jugar con la idea de la estabilidad, a pocos meses del fin del bloqueo político sufrido por España durante la mayor parte de 2016.

Lo que parece molestar al Partido Popular es tener que ceder en sus propósitos para evitar derrotas parlamentarias. Sin embargo, la correlación de fuerzas establecida por los votantes le ha situado en esa posición. Es inútil refugiarse en la nostalgia de los tiempos de mayoría absoluta vividos durante el primer mandato de Rajoy: el PP se ha convertido en una minoría y, aun siendo la principal, precisa de negociar con otras para sacar adelante las tareas legislativas.

El Ejecutivo no está en condiciones de imponerse, ya sea en la defensa cerrada de la reforma laboral o en su modo de concebir los Presupuestos. Tiene que contar con los criterios de otros partidos, singularmente con los del PSOE en materia económica y social. Tampoco debería poner palos en las ruedas de los compromisos asumidos con Ciudadanos precisamente para facilitar la reelección de Rajoy. Toca aplicar las nuevas reglas de juego con mayor pragmatismo, en vez de arrastrar los pies para ganar tiempo hasta hacer casi inútil la legislatura.

El eventual riesgo de ir pronto a otras elecciones —Rajoy está facultado para convocarlas a partir de mayo— no ha desaparecido. En plena reorganización del PSOE, unas encuestas favorables al PP podrían hacer caer al presidente del Gobierno en la tentación de jugar al ventajismo de convocar a las urnas para asestar un golpe a sus adversarios.

Pero lo que realmente no puede permitirse es que España vuelva a la inestabilidad. El último estudio del CIS contenía dos datos significativos: una cierta reducción de la inquietud por la situación política, muy probablemente fruto del fin del bloqueo, y un repunte de la preocupación por el paro, que va más allá de la mera estadística de puestos de trabajo y apunta claramente a la precariedad. Está clara cuál es la prioridad para los españoles. Meter al país de nuevo en campañas guiadas por intereses puramente partidistas es lo último que debería ocupar al presidente del Gobierno.

La vía es aceptar el Parlamento como marco de actuación política. De la Cámara ya han salido algunos acuerdos para reformar la legislación educativa o la llamada ley mordaza, aprobar el techo de gasto o implantar un aumento del salario mínimo. El sistema de pensiones y el desafío secesionista de las autoridades catalanas aguardan con toda su complejidad. A esto hay que dedicarse al 100% y no a retozar con la duración de la legislatura.