Fernández, procesada

El procesamiento decretado ayer de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones —una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo— supone un importante giro en la situación de la exmandataria desde que dejara el poder en diciembre de 2015.

Aunque se trata de su segundo procesamiento judicial, es el primero que la involucra en una trama de corrupción a gran escala en la que además aparecen implicadas importantes personalidades de su mandato (2007-2015) y el del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido. El millonario embargo impuesto a Fernández —666 millones de euros— ha proyectado además en la sociedad argentina una imagen del volumen de dinero defraudado que investiga la justicia argentina.

La corrupción es sin duda uno de los males mayores que acechan a algunas democracias latinoamericanas, cuyos sistemas judiciales se enfrentan en ocasiones a poderosas tramas políticas que dificultan su labor. Las investigaciones contra Fernández —iniciadas ya cuando esta ocupaba la Casa Rosada— han estado siempre envueltas en la polémica, destacando la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, acaecida en enero de 2015, horas antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para denunciar a la entonces presidenta por encubrimiento desde su cargo de los autores del atentado contra la Mutua Judía Argentina (AMIA). El caso fue cerrado oficialmente como suicidio.

Argentina se enfrenta a una grave crisis económica y requiere a estabilidad para hacerle frente, pero no puede caer en el viejo vicio de pasar por alto la corrupción a fin de lograrla. La justicia del país sudamericano así lo ha entendido y ahora resta que el proceso siga su curso, Fernández tenga las debidas garantías y se emita un veredicto.