‘Burkini’ no es terrorismo

El gran reto de las sociedades democráticas es mantener su régimen de libertades en buen estado de salud frente a las presiones restrictivas derivadas de la lucha contra el terrorismo. En un paso importante para esta ecuación clave, el Consejo de Estado de Francia suspendió ayer el veto al burkini que había dictado el alcalde de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) en una decisión que sentará jurisprudencia para la treintena de Ayuntamientos que lo habían prohibido. El órgano, máxima autoridad administrativa del país, considera que la prohibición “es un atentado grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales” y que el alcalde se ha extralimitado en sus competencias, que se ciñen a garantizar un orden público que en modo alguno, dice el Consejo, está amenazado por el bañador islámico.

Las imágenes de unos policías obligando a una mujer musulmana a quitarse una camisa en la playa de Niza no solo han ejemplificado lo absurdo e injustificado de esta norma, sino que han alimentado la intolerancia y sometido la convivencia a tensiones innecesarias. El debate, además, no solo ha dividido al Gobierno entre quienes han “comprendido” las prohibiciones, como el primer ministro Valls, y quienes se han alineado con las libertades, como la alcaldesa de París y la ministra de Educación, sino que también ha dado alas a la ultraderecha y al oportunismo de Sarkozy, que sugieren más prohibiciones al calor del miedo. El burkini, como el burka y el niqab, no pueden ser bienvenidos en una sociedad igualitaria, pues suponen una imposición que subordina a la mujer, pero su prohibición en la playa supone alinearse con un recorte de libertades que nada añade a la seguridad pública. El Consejo de Estado ha subrayado que “la inquietud” desatada tras el atentado de Niza no basta para justificarlo. El desafío terrorista, en suma, debe encontrar de frente Gobiernos que garanticen seguridad y libertad sin entretenerse en divisiones sobre un bañador.