Un mensaje contra la impunidad

El primer juicio en Perú contra militares del Ejército que cometieron violaciones sexuales colectivamente en dos distritos de Huancavelica (sierra central) comenzó el pasado viernes, tras ocho años de investigaciones y 31 años después de la primera agresión perpetrada por las fuerzas armadas, cuando tenían el control militar y político (entre 1984 y 1994) en el contexto de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

El presidente del tribunal de la Sala Penal Nacional, Marco Serna Bazán, ha ofrecido realizar “el menor número de audiencias posibles”, a diferencia de la mayoría de casos por violación de derechos humanos en Perú, que toman de dos a cinco años.

El juicio oral es una nueva etapa para las 14 mujeres que denunciaron su caso en 2007 contra once militares, entre ellos tres oficiales. Uno de los abogados defensores de las víctimas, Carlos Rivera, explica que la demora se debe a que la investigación fiscal fue realizada en Huancavelica, que hasta hace cinco años era la región más pobre del país. "No había información oficial del Ministerio de Defensa que diera cuenta del personal militar de las bases militares de Manta y Vilca, a lo que se suma la falta de recursos. Luego de la acusación fiscal de 2014, el inicio del juicio tardó porque en la Sala Penal Nacional solo hay un tribunal [de cinco] que juzga derechos humanos, está casi colapsado por la cantidad de casos que maneja, sumamente complejos, y de audiencias”, detalla.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que reportó por primera vez en 2003 las decenas de violaciones sexuales en los distritos de Manta y Vilca, las víctimas –pobres y quechuahablantes– no denunciaron los hechos en las décadas de los 80 y 90 porque los soldados las amenazaban con hacerlas desaparecer o agredir a sus familiares si se atrevían a hablar.

La violación como tortura

La Comisión de la Verdad, basada en testimonios de civiles y en expedientes del fuero militar, relata que en marzo de 1984, el Ejército instaló bases contrasubversivas en Manta y Vilca y desarrolló una política de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y saqueos, como forma de obtener información sobre miembros de Sendero Luminoso o castigar a quienes supuestamente colaboraban con ellos. La agrupación maoísta quiso destruir al Estado peruano al declararle la guerra en mayo de 1980, y su estrategia era ir “del campo a la ciudad”.

Las campesinas que acudían a las bases del Ejército a buscar a sus familiares desaparecidos o detenidos eran luego golpeadas y violadas en esas instalaciones militares, pero también en sus casas o en las calles, adonde los soldados las seguían. “Fueron sometidas a un régimen de terror bajo las amenazas de violación”, indica el informe de la entidad que investigó la violencia entre los años 1980 y 2000.

Las campesinas que acudían a las bases del Ejército a buscar a sus familiares desaparecidos o detenidos eran golpeadas y violadas, indica un informe

La Comisión revela que hubo actos de violencia sexual en 70 instalaciones militares en 12 regiones del Perú, pero también en sedes policiales y en prisiones. Con los testimonios recogidos entre 2002 y 2003, contabilizó 527 mujeres víctimas de violación sexual, pero al 2014 la cifra ha crecido. El Estado ha registrado 3.063 víctimas de ese delito en los años del conflicto interno en el Registro de Víctimas de la Violencia.

Rivera destaca que la acusación fiscal para el caso de Manta y Vilca califica el conjunto de violaciones sexuales en ambos distritos como un crimen de lesa humanidad, “porque fue parte de la política de Estado, hubo un patrón sistemático, y las víctimas fueron civiles, por ello el delito no prescribe”, explicó, aludiendo a los testimonios sobre más de 30 mujeres violadas en esas jurisdicciones.

La Fiscalía ha pedido penas de ocho a 18 años de prisión, porque en algunos casos las mujeres fueron violadas más de una vez. De los catorce acusados, uno ha fallecido; siete asistieron a la primera audiencia, y seis se ausentaron.

Expectativa por un juicio público

“No podemos ser ajenos a que este juicio tiene una particular atención por la trascendencia de lo que se discute, para la ciudadanía”, comentó en la primera audiencia el juez Serna, aunque planteó a sus dos colegas que las siguientes sesiones podrían ser reservadas, de acuerdo con un artículo del Código de Procedimientos Penales para los casos de violación sexual.

Los defensores de los acusados pidieron audiencias reservadas: “Cada uno tiene su propia familia y pueden verse afectados de manera negativa”, dijo una de las abogadas.

Al final de la primera audiencia, Rivera comentó: “Aquí las víctimas son las señoras, y hemos planteado un precedente: en el juicio por violación sexual a M.M.B. (iniciales del nombre de la víctima), las audiencias han sido públicas, solo una fue reservada cuando una testigo, que también fue víctima de violación, reconoció físicamente a quien ordenó las acciones”.

El caso de M. M. B. es el primer juicio individual por una violación sexual cometida por miembros de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en octubre de 1992 contra una estudiante de la Universidad La Cantuta. Detuvieron a la joven, sin la presencia de un fiscal y sin mediar una orden judicial o policial, la encerraron cuatro días en una instalación militar en Lima, la violaron varias veces, y la obligaron a firmar un documento en el que se autoinculpaba de pertenecer a Sendero Luminoso. Una niña nació a raíz de dichos abusos.

María Ysabel Cedano, otra de las abogadas de las víctimas de Manta y Vilca, también exigió el derecho a la publicidad del juicio. “A pesar del dolor que significa revivir lo sucedido, ellas quieren que se conozca su verdad y haya sanción porque desean que esto no vuelva a suceder. Algunas tenían 14 o 17 años en ese tiempo y dicen que les hicieron perder su vida, porque si quizá tuvieron educación y trabajo, les privaron de una vida de familia, y los hijos (producto de violación) han tenido que enfrentar mucho dolor”, aseveró.

La politóloga estadounidense Jo-Marie Burt, quien actuó como observadora internacional en las audiencias del caso Sepur Zarco en Guatemala –con dos jefes militares condenados por someter a mujeres a servidumbre sexual– estableció un paralelo y destacó la importancia del carácter público del proceso “porque tiene un efecto educativo en la sociedad y en la memoria colectiva, pero también porque solo así se puede monitorear qué ocurre en el juicio”.

Contra la impunidad

Para la autora del libro Violencia sexual en la guerra y en la paz. Género, poder y justicia posconflicto en el Perú, Jelke Boesten, el juicio por los delitos en Manta y Vilca "tiene un valor enorme para las víctimas, sus familias, y la sociedad en conjunto". "Es importantísimo para todas las mujeres violadas por militares durante el conflicto armado. Además, en un país con altas tasas de violencia hacia mujeres y niñas, y poca justicia, un proceso de esta dimensión debe enviar un mensaje de que no se puede violar con impunidad".

Boesten, profesora e investigadora de género y desarrollo en King’s College en Londres, remarca que las víctimas de Huancavelica han pasado por un difícil proceso de diez años, acompañadas por dos ONG de defensa legal, “para poder enfrentar los hechos en una Corte”.

A su vez, la antropóloga Mercedes Crisóstomo, la primera investigadora que en 2002 entrevistó a ciudadanos de Manta y Vilca para documentar estas historias, espera que “el Poder Judicial logre crear jurisprudencia y sancione la violencia sexual que las mujeres de Manta sufrieron durante el conflicto armado interno”. “En aquellos años las mujeres acompañadas de sus familiares denunciaron la violencia sexual primero ante los jefes de los comandos políticos militares y, luego, ante la prefectura de Huancavelica. Pero recién este año el Estado acepta iniciar el proceso judicial”, asegura Crisóstomo.

La investigadora y profesora de la Universidad Católica plantea que la justicia debe contemplar “medidas para sus familias, comunidades y para los muchos hijos e hijas producto de la violación sexual". "También será fundamental medidas sancionadoras no solo para los soldados y oficiales que cometieron estos hechos sino a la institución del Ejército que en su momento recibió denuncias y no hizo nada para sancionar a los agresores", añade.