Herencia envenenada

El sorprendentemente negativo cierre del déficit público del año pasado, un punto por encima de lo previsto o 10.000 millones de exceso, deja un horizonte cargado de inquietantes incertidumbres, la más acuciante de ellas la envenenada herencia que recibirá el próximo Gobierno. Sea quien sea el próximo inquilino de La Moncloa, llegará con una tarea inicial de efectuar un ajuste de casi 25.000 millones, si es que quiere cumplir con el objetivo de reducción de déficit comprometido con Bruselas. Una tarea casi imposible, pero que, en cualquier caso, necesitará, con absoluta seguridad, una nueva oleada de reformas y ajustes de calado.

Eso, por supuesto, después de que la Comisión Europea lea la cartilla y saque los colores tanto al futuro Gobierno como al actual. Muy especialmente al que preside Mariano Rajoy. Quien se presentaba ante sus socios de toda Europa como un campeón de la ortodoxia presupuestaria, recriminaba a la Comisión Europea su presunto sesgo ideológico adverso y despreciaba a la oposición por sus ingenuos interrogantes, ha coronado su cadena de incumplimientos con una desviación que ha dejado cortos los cálculos incluso de los expertos más pesimistas.

Desde el punto de vista político este desvío agrava el déficit de credibilidad de España en el concierto europeo. Sobre todo porque se produce tras reiterados meses de negacionismo del déficit excesivo, acusaciones de partidismo al comisario europeo responsable de la vigilancia presupuestaria e ignorancia de las alertas de la Autoridad Fiscal Independiente doméstica. Y pone especialmente en entredicho a quienes voluntariosa y equivocadamente, como el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, defendieron las supuestas bondades de la pretendida disciplina fiscal española, siguiendo las promesas de Mariano Rajoy, Luis de Guindos o Cristóbal Montoro. La desviación se produce, además, en una fase de crecimiento económico extraordinario, malgastado en gran parte por una rebaja impositiva propagandística en plena etapa preelectoral.

El déficit también pone de manifiesto un preocupante descontrol de las cuentas de las comunidades autónomas. Un caos que no han sabido detener ni sus responsables directos ni los de Hacienda. En realidad el titular del ramo, Cristóbal Montoro, tiene una triple responsabilidad. Primero, por asignar a las autonomías un bajo techo, de imposible cumplimento general (tres excepciones no validan la regla). Segundo, por no haber reformado la norma de financiación autonómica en el plazo previsto, lo que habría asegurado un mejor cumplimiento del principio de suficiencia financiera de las autonomías. Tercero, por no aplicar a tiempo los mecanismos de control previstos por la Ley de Estabilidad a las comunidades más refractarias a la seriedad, de Cataluña a Extremadura.

Y un último ángulo sobre el que debe hacerse una urgente reflexión: la Seguridad Social. Un año más, el desfase de sus números es peligroso. Pero lo es más si se tiene en cuenta que las proyecciones efectuadas para este ejercicio nacen viciadas, puesto que se sustentan sobre un crecimiento de recaudación del año pasado que no se produjo ni de lejos. Revisar el Pacto de Toledo es imprescindible.