Acabar con el rencor

En la exposición de motivos de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 se apunta, a propósito de los símbolos públicos, que los ciudadanos tienen derecho a que sean “ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”. Ese era el espíritu: incorporar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que no se habían terminado de sentir integradas en la reconciliación que propició la Constitución de 1978. Por eso dedicaba una especial atención a las fosas donde habían quedado ocultos muchos de los crímenes del bando vencedor e instaba a las Administraciones Públicas a colaborar para que los familiares pudieran recuperar los restos de sus seres queridos e iniciar un duelo largamente aplazado. Lo que se proponía en la ley era “contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles”; su mensaje era de reconciliación, no de rencor.

No todos lo entendieron así, y la historia de su aplicación está jalonada de desencuentros, broncas, chapuzas de toda índole y, lo que es peor, una grotesca escenificación de las viejas diferencias que enconaron el conflicto entre españoles que se desató tras el golpe militar de julio de 1936. Las iniciativas tomadas en el Ayuntamiento de Madrid, amparadas en esa ley, y que condujeron a lamentables resultados —la retirada y posterior recolocación de una lápida que conmemoraba el fusilamiento de ocho monjas carmelitas es un ejemplo—, han llevado a la alcaldesa, Manuela Carmena, a apartar a Celia Mayer, concejal de Cultura, de la gestión de la Memoria Histórica.

Es una buena decisión, igual que el nombramiento de Paca Sauquillo, una veterana que sabrá quiénes fueron Miguel Mihura, Jardiel Poncela y Joaquín Turina. Volver al pasado para recuperarlo como arma arrojadiza contra los enemigos del presente no es el mejor camino si se quieren cerrar heridas. Es, además, un gesto de impotencia: las soluciones que reclama hoy con urgencia Madrid no están escondidas en los símbolos de ayer.