Desalojados de la justicia

Imaginen estar durmiendo en la casa que alquilan y que de repente llegue la policía con intención de desalojarlos de su vivienda, debido a atrasos en el pago del alquiler y del impuesto municipal. Tal vez podrán llamar a algún abogado amigo que les dirá que deben pedirle al policía que les exhiba la orden judicial de desalojo. De mal modo, también imaginen que finalmente le muestran la orden judicial. Para su asombro, la fecha de la misma es anterior a la orden de suspensión de este procedimiento y de la propuesta a dialogar con el dueño de la casa para encontrar una solución. Imaginen que, aterrados por la sola posibilidad de tener que despertar a sus hijos y tener que irse a la calle, se animan a decirle al policía que hay una irregularidad y solicitan un representante judicial para resolverla. Imaginen que el policía les dice que no le importa ya que él responde al Ministro de Seguridad y no al juez, y luego de eso atropella con violencia su hogar, rompiendo su casa e incendiando sus pertenencias. Imaginen que con ese desalojo la autoridad da por saldada la situación al reconocerlo como el “fin del conflicto”, desalojando a usted y a su familia a la calle.

¿Les parece increíble esta posibilidad? Lamentablemente algo muy similar les pasó a 1.500 familias argentinas el mes pasado. Se preguntan ¿cómo no se enteraron de semejante drama? La respuesta es más dura aún, aunque sencilla: las familias viven en situación de pobreza y habitaban un asentamiento que ellas mismas conformaron hace varios meses, ante la imposibilidad de acceso formal al suelo y al hábitat.

Tenemos profundos problemas de acceso al suelo, que no solo consisten en un mercado injusto y desigual, sino también ineficiente desde una mirada estrictamente económica

Conocemos el asentamiento Nueva Esperanza de Merlo desde sus inicios, ya que en TECHO estamos actualizando el Relevamiento de Asentamientos Informales debido a la falta histórica de información vinculada a las villas y asentamientos informales en nuestro país. No se sabe oficialmente cuántos asentamientos en esta situación hay en el país ni en el continente —nuestro estudio por ahora relevó 1.834 sólo en el territorio donde habita el 62% de la población argentina—, ni cómo es su dinámica de conformación y posterior integración urbana. Lo que sabemos en TECHO es que tanto en Argentina como en Latinoamérica el fenómeno no es nuevo —data de más de 50 años—, es enorme —uno de cada 4 latinoamericanos en zonas urbanas vive en asentamientos—, y que sigue creciendo, en cantidad como en densificación. ¿Y por qué? Porque tenemos profundos problemas de acceso al suelo, que no solo consisten en un mercado injusto y desigual, sino también ineficiente desde una mirada estrictamente económica. Ineficiencia, desigualdad e injusticia. ¿Por qué entonces el tema no se resuelve? Porque atenta contra profundos intereses creados en nuestras sociedades latinoamericanas.

Nos pareció un gran avance, en el discurso de asunción del actual presidente de la Nación Argentina, escuchar hablar de “urbanización de asentamientos”, de “llevar agua y cloaca a los barrios” y de la aparente utopía de “pobreza cero”. Celebramos el posicionamiento en la agenda pública y política. Así como nos pusimos a disposición del Gobierno, como también del anterior y de los que vendrán. Para aportar a este sueño, también debemos ser críticos cuando entendemos que yerra el camino. Si lo que pasó en Merlo será la solución que van a brindar el Gobierno Nacional, los Provinciales y Municipales para resolver el problema de los asentamientos, es una respuesta profundamente errónea.

En los desalojos forzosos suele ser difícil reconstruir lo que pasó y ser así certero en el relato. Sin embargo, en esta oportunidad tenemos algunas certezas gracias a nuestro equipo local que estuvo acompañando a las familias desde la primera hora del día del violento episodio: el desalojo fue irregular, muy violento y desconsideró todas las recomendaciones que hace Naciones Unidas para cuando hay que desarrollar estos procesos (horario, notificación, presencia de menores, entre otros). El más grave: la no alternativa habitacional por parte del Estado a estas 1.500 familias que no tienen posibilidad de acceder al hábitat adecuado por sus propios medios. Hoy todas están en la calle. Ninguna autoridad de los gobiernos locales de Buenos Aires ni Merlo se hizo presente. Solo del Ministerio Provincial de Seguridad, reforzando el estigma sobre los asentamientos y sus habitantes entre pobreza-delito-narcotráfico e inseguridad, cuando es el mismo Estado que abandona a estas familias a la suerte de lo que algunos delincuentes generan en estos pedacitos del país donde la Justicia no llega ni con la Constitución ni con las Instituciones. La manera en la que ocurrió este proceso es injusta y deshumanizante.

Una ciudad justa no se construye por especulación, se decide desde y por sus ciudadanos con base en la democracia, y entendiendo su función social que determina valores y dinámicas entre iguales

Nos preocupa también el silencio de las autoridades nacionales al respecto, y esperamos que intervengan en caso de que la respuesta local siga siendo nula o errónea. El conflicto no terminó, como desacertadamente dijo el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Recién comienza. Es responsabilidad de las organizaciones sociales levantar el tema mediática y políticamente. Estamos trabajando duro junto con otras organizaciones como Madre Tierra, el Frente Darío Santillán y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pero necesitamos el apoyo social para que el tema no se olvide y no pase a ser uno más de los tantos que nos deshumanizan como sociedad.

Es necesaria la construcción de ciudades concebidas como un espacio de convivencia y realización de derechos. Una ciudad justa no se construye por especulación, se decide desde y por sus ciudadanos con base en la democracia, y entendiendo su función social que determina valores y dinámicas entre iguales. Y es el Estado quien debe asumir un rol de garante, facilitador y promotor de esta construcción, en un ejercicio de corresponsabilidad entre el gobierno, instituciones y ciudadanos.

A ocho meses de la cumbre mundial Hábitat III, que definirá la Nueva Agenda Urbana, Latinoamérica y el mundo deben mirar el caso de Nueva Esperanza. De esta manera, que su nombre se convierta en motor del sueño con sociedades y gobiernos que se ocupen adecuadamente de forjar ciudades en los próximos 20 años con base en los derechos y no en los privilegios. TECHO seguirá el caso, acompañando de cerca a las familias y también poniendo todas las herramientas al servicio de una solución de fondo al conflicto. Un conflicto que es estructural y no se resuelve con desalojos violentos e irregulares, sino con diálogo y políticas públicas para una transformación urbana profunda, para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos.

Virgilio Gregorini es director ejecutivo de TECHO Argentina.