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Corrupción incontrolada

El 'caso Acuamed' evidencia que los actuales sistemas de control y auditoría son ineficaces

Registro de la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Registro de la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. EFE

La dimisión del subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, presuntamente implicado en el caso del fraude de las certificaciones de obras en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), revela la tupida ramificación de la red de malversadores que operaba en el grupo público citado y en empresas privadas de prestigio contrastado. El caso Acuamedes un ejemplo desgraciado de las debilidades políticas y administrativas que facilitan la extensión del saqueo de recursos públicos.

Causa asombro la negligencia con la que se permiten las prácticas de puertas giratorias, que deberían estar prohibidas o controladas con dilatadas cuarentenas. En Acuamed encontramos a Nicolás Steegman, exdirector de Trasagua (primer nombre de Acuamed) que pasa al sector privado y, como presidente de Alted, se convierte en uno de los suministradores preferentes de Acuamed. El sistema de contratación ha fallado estrepitosamente.

Preocupa, además, la incapacidad de los organismos de inspección y control para prevenir un fraude de mayor cuantía, estimado en 25 millones. Ni el Consejo de Ministros, ni el Consejo de Administración, ni las auditorías internas, ni las externas, detectaron la malversación. Solo el Tribunal de Cuentas señaló sobrecostes en las obras a finales de 2014 sin que las instancias políticas de las que depende Acuamed se dieran por aludidas. Con el agravante de que las prácticas que ahora se investigan fueron denunciadas ante los órganos de dirección de la compañía. Pero las denuncias fueron ignoradas o conducidas a vías muertas de investigación.

Acuamed deja dos conclusiones. La primera, que la corrupción es una cuestión de Estado. Los cargos políticos tienen que asumir su responsabilidad y la de los técnicos que nombren. La segunda, que los sistemas de control y auditoría aplicados hasta hoy son ineficaces para prevenir tramas organizadas de saqueo.

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