El viaje de la ciencia española en democracia: hitos y retos pendientes

Cuando España recuperó la democracia, hace ahora 40 años, inició un largo viaje hacia la modernidad. En este periodo nuestro país ha cambiado mucho y para bien. La universidad, la ciencia y las empresas innovadoras han hecho importantes contribuciones a este proyecto colectivo. Sin embargo, su papel no es suficientemente conocido, ni ha sido adecuadamente reconocido. Hoy España enfrenta nuevos retos tanto en materia de competitividad como de bienestar social y, de nuevo, los agentes del sistema de I+D+I están llamados a jugar un rol protagonista, en un mundo cada vez más dependiente de la generación y aplicación de nuevo conocimiento.

El primer hito importante de este largo viaje, que sigue en marcha, se produjo en 1986, con la aprobación de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica —la llamada Ley de la Ciencia—. Ese año España entraba en la Comunidad Económica Europea, dejando atrás definitivamente el periodo de la Transición. La Ley sentó las bases de un sistema de investigación homologable al de nuestros países vecinos. Pero, sobre todo, la Ley abrió el camino a generaciones de científicos que han protagonizado una de las mayores historias de éxito de nuestra joven democracia: a principios de la década de 1980 nuestro país ocupaba la posición número 30 del ranking de la ciencia mundial, mientras que hoy estamos entre los diez primeros países del mundo por número de publicaciones científicas. Es difícil encontrar un país en el mundo que haya hecho en tan poco tiempo un recorrido tan espectacular.

Está pendiente la creación de la Agencia Estatal de Investigación, uno de los mandatos incluidos en la Ley de 2011

La necesidad de dar respuesta a los nuevos retos nos condujo, un cuarto de siglo después, a dotarnos de una nueva norma. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fue aprobada en 2011, el último de la legislatura en que tuve el honor de ser ministra de Ciencia e Innovación. Con la segunda Ley de la Ciencia ensanchamos el camino inicial a la actual generación de investigadores, emprendedores y profesionales de la innovación. En sus manos está ahora, en buena medida, la responsabilidad de construir una España en la que el conocimiento sea motor de desarrollo social y crecimiento económico. Pero es evidente que no puede recaer en ellos todo el esfuerzo, ni todo el sacrificio.

El desarrollo normativo debe ir acompañado inexorablemente de voluntad política. Está pendiente, por ejemplo, la creación de la Agencia Estatal de Investigación, uno de los mandatos incluidos en la Ley de 2011 —que fue aprobada, por cierto, con el apoyo de prácticamente todo el Parlamento: 289 votos a favor y solo tres en contra—. El actual Gobierno ha reiterado recientemente su voluntad de crear la Agencia antes de que acabe la legislatura, y por el bien de todos, ojalá que así sea. La Agencia es un instrumento que apuesta por la eficiencia: por una mayor agilidad en la gestión, una menor dependencia de los ritmos presupuestarios y un compromiso claro con la rendición de cuentas.

No obstante, por encima incluso de este necesario desarrollo normativo, está pendiente otro reto, y este no depende exclusivamente de la voluntad de quien gobierne, sino del compromiso de todos los partidos. El mayor reto político para el sistema español de investigación, desarrollo e innovación es conseguir que la apuesta presupuestaria por estos apartados se convierta definitivamente en una cuestión de Estado. Es imprescindible que el gasto en I+D+i abandone la perniciosa evolución en forma de dientes de sierra, con bruscas subidas y bajadas en función del contexto económico, y conquiste una estabilidad que le permita convertirse de verdad en el modelo productivo que España necesita.

La reciente crisis económica ofrece un ejemplo inmejorable de lo que no debería volver a suceder. En la primera década de este siglo, España hizo un esfuerzo histórico en gasto en I+D, creciendo por encima de países de referencia como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Esto le permitió acortar la brecha de convergencia con Europa hasta mínimos históricos. En 2008, nuestro gasto en I+D era del 1,32% del PIB, a 0,45 puntos porcentuales de la media en la UE. Esta tendencia se invirtió con la crisis. Mientras España empezaba a recortar, los países antes citados redoblaban su inversión. La consecuencia fue que en 2013, el último del que tenemos datos completos, la brecha volvía a ser ya de 0,68 puntos, la misma que en 2003. Esto significa que la crisis nos ha conducido a un escenario de década perdida en términos de convergencia presupuestaria.

La única manera de romper esta inercia histórica de aceleraciones y frenazos es el amplio consenso político

La única manera de romper esta inercia histórica de aceleraciones y frenazos es el amplio consenso político. Producir ciencia de calidad requiere, entre otros elementos, sobre todo de un horizonte presupuestario predecible, vinculando su crecimiento, por ejemplo, a un múltiplo del crecimiento del PIB, y protegiéndolo de sus bajadas en caso de que las haya. De la relevancia creciente de la ciencia y la innovación como palancas para el desarrollo económico y el progreso social parece que ya nadie duda, ni los políticos, ni los ciudadanos. El pasado 3 de noviembre la Fundación Cotec organizó un debate electoral sobre ciencia, universidad e innovación. Participaron portavoces de siete de los principales partidos políticos del país. Al término del debate, los portavoces atendieron algunas preguntas enviadas por los ciudadanos, que habían seguido sus intervenciones en directo a través de internet. La pregunta más repetida por los internautas se relacionaba, precisamente, con la necesidad de firmar un Pacto de Estado por la ciencia. Ninguno de los presentes se mostró en contra, varios de ellos incluso se atrevieron a comprometer un porcentaje de gasto en I+D para la próxima legislatura en caso de que lleguen al Gobierno. Si se cumple la expectativa de que el próximo Gobierno saldrá necesariamente de un pacto político, será el momento de recordar estas buenas intenciones compartidas por todos. Lo que está en juego es nada menos que el modelo de país que queremos para los próximos años.

España marcará un nuevo hito en su largo viaje para convertirse en un país de ciencia si de verdad se alcanza un compromiso entre todas las fuerzas políticas y agentes sociales, que sitúe a la ciencia al frente de la sociedad y a la innovación al frente de la economía española.

Cristina Garmendia Mendizábal es doctora en biología y presidenta de la Fundación Cotec. Fue ministra de Ciencia e Innovación durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011). Además fue presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio). Fundó Genetrix e YSIOS. Fue también miembro de la Junta Directiva de la CEOE y es parte de consejos asesores privados y públicos, como del Gobierno de Colombia.