Una ley ‘antirrobo’ de salarios

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha encomendado a su equipo económico que vaya informando a los electores de que, si llega a la presidencia del Gobierno, no derogará la reforma laboral puesta en pie por el Partido Popular, como había prometido en varias ocasiones, sino que retocará algunos de sus aspectos. Desde luego, es mucho mejor que el señor Sánchez rectifique ahora, antes de acudir a las urnas, que después, porque los ciudadanos están hartos de agendas ocultas, pero puesto a hacerlo sería muy de desear que fuera el propio candidato socialista el que explicara, a las claras y sin paños calientes, por qué ha cambiado tan radicalmente de posición.

Sería muy de desear que fuera el propio candidato socialista el que explicara, a las claras y sin paños calientes, por qué ha cambiado tan radicalmente de posición

Los dirigentes políticos hacen frente a un serio problema de credibilidad (el 90% ha dado muy mala fama al 10% restante, como decía un secretario de Estado norteamericano) y los ciudadanos reclaman líderes políticos que no escurran el bulto. Si el señor Sánchez se precipitó al anunciar que derogaría la importantísima reforma laboral (¿qué sucede con otras derogaciones como la ley de educación de Wert, la ley mordaza o la reforma del Código Penal, igualmente prometidas?) debe reconocerlo y explicarlo cuanto antes. Entre otras cosas, porque eso permitiría abrir el debate sobre el problema más serio que tiene la economía y la sociedad española y sobre el que debería girar la campaña electoral: la pésima situación del mercado de trabajo, con tres terribles heridas: el paro de larga duración sin prestaciones, los salarios que no permiten salir de la pobreza y la precariedad, que lleva a millones de personas, sobre todo jóvenes, a depender de trabajos intermitentes que suponen unas pocas horas a la semana, o al mes, a menudo sobreexplotados.

Para estos últimos, para los contratos precarios y abusivos, quizás no sería mala idea implantar lo que en algunos Estados de EE UU se llama muy gráficamente ley de prevención de robo de salarios por el que se obliga a los empleadores, bajo multa o en determinados casos, condena penal, a entregar a cada trabajador el primer día una notificación oficial con salario, incluyendo pago de horas extraordinarias, nombre oficial del empleador y otra serie de datos.

La situación del empleo en España es lamentable y cómo hacer frente a esa realidad debe ser una pieza fundamental de los programas electorales

Volvamos a España: casi cuatro millones de personas (sobre los 23 millones que supone la población activa) lleva en paro más de un año. Aproximadamente, 2,5 millones son parados de larga duración que no reciben ninguna prestación. Según la web Nada es gratis, el Gobierno actual prevé una caída dos veces mayor en el gasto por prestaciones respecto a la caída del desempleo, es decir, que la cifra de parados sin prestación no va a dejar de aumentar en los próximos años.

Con estos datos en la mano, no se puede decir que no tiene importancia el volumen de la indemnización por despido (que ha pasado de 45 a 20 días), como afirma Sánchez. La tiene, y muy seria, si el paro de larga duración sigue creciendo, o se enquista, y si ese sector de la población sigue siendo desposeído de prestaciones.

La situación del empleo en España es lamentable y cómo hacer frente a esa realidad (relacionada ineludiblemente con el sistema educativo) debe ser una pieza fundamental de los programas electorales. No basta con mencionar medidas genéricas o un catálogo de buenas intenciones. Hace falta que las reformas que se prometan entren en detalle, que estén apoyadas en datos y previsiones y que garanticen un sistema de rendición de cuentas periódico, para conocer públicamente qué resultados van dando. Porque hasta ahora la realidad que predicen los gobernantes (y los economistas llamados neoclásicos) no es la que observamos los ciudadanos. solg@elpais.es