Ventajismos

En los últimos días ha habido dos manifestaciones de utilización partidista de las reglas de juego democráticas. El anuncio por Artur Mas de su comparecencia a petición propia en el Parlament (ante su Diputación Permanente, dado que la Cámara está disuelta) el 2 de septiembre para explicar los motivos de la convocatoria electoral del 27-S; por otra, el interés de Mariano Rajoy de hacer aprobar los presupuestos para 2016 antes de las elecciones generales, lo que ha obligado a tramitarlos fuera del periodo ordinario de sesiones y en el mes vacacional por excelencia.

La explicación en sede parlamentaria de las razones de Mas para convocar las elecciones se producirá un mes después de haberlas convocado y con el Parlamento disuelto, lo que significa que el debate sobre esas razones no puede ya modificar la decisión. Por ello, la comparecencia solo puede interpretarse como un mitin de precampaña. Así lo ha considerado la oposición, varios de cuyos partidos dudan si participar en la sesión o boicotearla, como ya ha anunciado que hará el PP.

El debate es ahora de qué forma puede expresarse el reproche con mayor eficacia. Mas merecería una protesta exteriorizada como boicoteo. Pero seguramente es más pedagógico aprovechar la oportunidad de intervenir para denunciar con argumentos el ventajismo con el que actúa al utilizar el Parlament de todos para un fin partidista. Y para cuestionar, a la luz de esta iniciativa, algunas de las afirmaciones laudatorias para su política con que le distingue el argumentario distribuido el miércoles entre los miembros de la candidatura en la que ocupa el cuarto puesto: que “está preparado para el liderazgo de la nueva etapa” y que “nadie se sentirá excluido”.

En cuanto a los presupuestos de Rajoy, debatirlos en agosto es contradictorio con la importancia que ese debate tiene en los sistemas parlamentarios. Y en este caso concreto plantea dudas sobre su adecuación a la lógica de ese sistema. Así lo han apuntado algunos constitucionalistas que ponen el acento en que los presupuestos son leyes con 12 meses de vigencia a partir del primero de enero de cada año, y que dado que cada legislatura dura un máximo de cuatro años, cada Gobierno tiene potestad para enviar a las Cortes un máximo de cuatro proyectos de Presupuestos Generales en la legislatura.

El Gobierno actual ha enviado para su aprobación los correspondientes a 2012, 2013, 2014 y 2015, y ahora, a escasos meses de las elecciones, los de 2016: cinco presupuestos. Es evidente que esa decisión tiene efectos políticos. La mayoría absoluta actual del PP le permite aprobar con comodidad las cuentas del año próximo, cosa que no está garantizada tras las elecciones. Según la argumentación central del PP, son unos presupuestos para dar continuidad a las políticas que han sacado a España de la crisis. Pero la oposición está en desacuerdo frontal con esa idea, como demuestran las 1.600 enmiendas presentadas ayer por el PSOE.

Al aprobarse los que ahora se tramitan se condiciona la política del próximo Gobierno. Lo cual sería coherente si fuera seguro que va a ser del mismo signo político que el actual. Pero no se sabe si lo será y de momento el condicionante presupuestario actúa a favor de que lo sea.