Así es cómo sobreviven los bares tradicionales de Madrid

Por debajo del griterío de los clientes se escucha el soniquete de un partido de fútbol o quizás algún éxito de Estopa o de Los Chunguitos. El aire huele ligeramente a fritanga. El suelo de granito está lleno de servilletas arrugadas. Los taburetes gastados se amontonan junto a la barra metálica y las especialidades de la casa están escritas con rotulador en un cartel. Esta es la idea que muchos tenemos de un bar castizo. Su dueño que, imaginamos, debe llamarse Paco o Pepe, es un hombre orondo y afable que sirve cañas y tapas de bravas mientras departe con la clientela o celebra los goles de su equipo a voz en grito. Pues bien, Manuel Molina, gerente de uno de estos establecimientos de toda la vida, Casa Labra, el bar conocido porque allí fundó Pablo Iglesias el PSOE en 1879, está lejos de esta descripción. Molina es un hombre comedido y elegante que explica en tono pausado las idas y venidas del bar que regenta para sobrevivir a la llamada Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), conocida popularmente como la ley de renta antigua.

El alquiler mensual de Casa Labra debería ser de 4.110 euros, pero era de unos 1.000 euros

Esta norma, que se remodeló en 1994, establecía que los alquileres de renta antigua, aquellos que habían firmado el contrato antes de 1985 y que pagaban un valor bastante más bajo al precio de mercado, desaparecerían el 31 de diciembre del pasado año. Desde COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) explican que es muy difícil calcular a cuántos negocios ha afectado la medida. La UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) hace una estimación de entre 60.000 y 75.000 locales en toda España. Los arrendatarios han tenido que renegociar los alquileres y, en algunos casos, ante el incremento de estos, que puede multiplicarse hasta por diez, renunciar a sus negocios. Por su parte, Casa Labra se resiste a desaparecer. Molina explica que están intentando comprar el local, situado en la calle Tetuán, junto a la Puerta del Sol, por el que pagan entre 900 y 1000 euros al mes (según el precio del metro cuadrado de la zona centro, los 300 metros del local tienen un valor de 4.110 euros mensuales). "Es un negocio familiar, era de mi abuelo, luego fue de mi padre, ahora es de mi madre, yo trabajo aquí... desde el punto de vista sentimental habría sido bastante duro tener que cerrar", comenta Molina sobre este bar fundado en 1860 y regentado por su familia desde 1947.

Quizás Casa Labra no sea un caso paradigmático. El negocio funciona perfectamente. A sus clientes no parece importarles el frío y se agolpan en una cola que llega hasta la calle para probar las croquetas de bacalao y el bacalao frito, sus dos especialidades por excelencia. A la derecha, en un pequeño mostrador, se piden y se pagan las tapas a toda velocidad, mientras, en una barra más amplia, se despacha la bebida. Está abarrotado sea cual sea la hora. “Se venden unas 3.000 croquetas al día y unas 2.000 tajadas de bacalao”, confirma con orgullo uno de los 28 trabajadores.

Menos suerte tuvo Alfredo Rodríguez, dueño desde 1991 de El Brillante, que el uno de enero colgó el cartel de cierre en su establecimiento de Eloy Gonzalo. “¡Marchando un 20!”, era la frase más escuchada en este local del barrio de Chamberí, la manera que tenían los camareros de cantar el bocadillo de calamares, la especialidad por la que este bar es conocido en la capital. El Brillante de Eloy Gonzalo, fundado por su padre en 1952, había logrado conquistar a sus clientes, quienes desayunaban churros, tomaban patatas bravas acompañadas de una caña o se llevaban un pollo asado para el fin de semana. Rodríguez pagaba por el alquiler unos 1. 400 euros al mes, gastos de comunidad incluidos. “Para mí era un local muy entrañable porque es donde empezó la historia de El Brillante. Yo intenté llegar a un acuerdo con el casero pero él quería recuperar el local para montar un negocio para su hijo. Ante eso, ¿qué puedo hacer?”, cuenta con impotencia Rodríguez. Actualmente, Rodríguez, a punto de cumplir 62 años y tabernero de vocación, regenta El Brillante de Atocha, donde se ha llevado también a la mayoría de la plantilla del local clausurado que, para él, son su “segunda familia”.

No se sabe qué va a pasar en este tiempo, creo que tendremos que ir a pleito porque los propietarios nos han devuelto las dos mensualidades (enero y febrero) que hemos pagado Gerardo Pérez, cofundador del Café Central

Otro de estos locales históricos ha logrado alejar el problema por cinco años. El emblemático Café Central, situado en la Plaza del Ángel, que lleva más de 30 años ofreciendo conciertos diarios de jazz, hizo un traspaso de contrato en 1990, período comprendido entre 1984 y 1994 en el que la Ley de Arrendamientos Urbanos permitía una prórroga de cinco años más a la fecha de extinción prevista a los establecimientos que traspasaran durante esa década. Actualmente pagan 5.000 euros al mes por este local de unos 200 metros cuadrados. “No sabíamos que existía esa disposición hasta que nos los dijeron unos afectados por esta ley. A nosotros nos queda hasta 2019. No se sabe qué va a pasar en este tiempo, creo que tendremos que ir a pleito porque los propietarios nos han devuelto las dos mensualidades (enero y febrero) que hemos pagado”, reconoce con preocupación Gerardo Pérez, uno de los socios fundadores de este café, considerado Patrimonio Cultural de Madrid.