Irracionalidades sanitarias que causan derroche y sufrimiento
El Sistema Nacional de Salud español puede ser uno de los más eficientes del mundo. No obstante, está costeando tratamientos inútiles1,2, usando tecnologías en casos en los que no están indicadas3 y retrasando la generalización de tratamientos efectivos y eficientes.4,5 Todo ello causa un derroche injustificado de recursos públicos y, todavía peor, expone a los pacientes a riesgos y perjuicios innecesarios.6
Recientemente la comunidad científica internacional ha señalado un nuevo caso que llama la atención. Me refiero a la intervención neurorreflejoterápica (NRT), un tratamiento para las dolencias del cuello y la espalda desarrollado en España que consiste en implantar superficialmente y durante 90 días, un material quirúrgico sobre terminaciones nerviosas de la piel para contrarrestar mecanismos que mantienen el dolor, la inflamación y la contractura muscular.7
La NRT surge de un proceso de I+D+i calificado como “el modelo que debería seguir cualquier tecnología sanitaria para ser implantada en la práctica clínica rutinaria de un Sistema de Salud” [sic].8 Ese proceso ha durado más de 20 años, durante los que se han hecho todos los estudios científicos necesarios para comprobar que resulta eficaz para pacientes que carecen de otro tratamiento satisfactorio,9,10,11 mejora de forma notoria los resultados y costes,12,13,14,15,16,17 y obtiene resultados muy similares en diferentes Servicios de Salud.18,19,20 Además, es una de las pocas tecnologías sometida en España a “mecanismos de vigilancia y seguimiento post-implantación”, que analizan la evolución de todos los pacientes tratados y reflejan que 8 de cada 10 puede abandonar la medicación y sólo 2 de cada 1000 tratados termina necesitando cirugía, lo que evita riesgos a los pacientes y genera ahorro al Sistema Nacional de Salud (SNS).21,22,23,24
En ninguno de esos estudios científicos han participado entidades con ánimo de lucro, y su rigor ha sido refrendado por las principales revistas científicas internacionales
La fiabilidad de esos estudios no plantea dudas; en ninguno han participado entidades con ánimo de lucro y su rigor ha sido refrendado por las principales revistas científicas y organismos científicos internacionales, como la Colaboración Cochrane.25 Parece razonable que cualquier tratamiento que cuente con esos avales y fundamento científico se estuviera aplicando en todo el SNS, y con más razón si se trata de una tecnología desarrollada en España. Sin embargo, más de 10 años después de que se iniciara su uso en la sanidad pública, todavía no se usa en todas las Comunidades Autónomas.
Un reciente estudio científico, refrendado por la revista científica de la Sociedad Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, apunta que la principal causa de la lentitud de su generalización es la conocida disfuncionalidad de los sistemas con los que las autoridades españolas deciden qué tecnologías sanitarias cubren con fondos públicos.26
Los recortes lineales indiscriminados se reducen a lo que “es más fácil recortar”, sea necesario o no
Varios expertos españoles en investigación clínica y gestión sanitaria señalan varios motivos adicionales:27 los intereses creados, la falta de un cauce administrativo establecido para implantar las tecnologías que no son fármacos, la irracionalidad, lentitud, burocratización y politización del Sistema, la falta de fundamento científico de sus decisiones, la desigual calidad del alto número de agencias de evaluación de tecnología sanitaria que existen en nuestro país, y cierto grado de negligencia por parte las autoridades sanitarias españolas.
En España el conjunto del gasto sanitario, público y privado, representa algo más del 9% del PIB, y los datos reflejan que una parte significativa de ese gasto se desaprovecha en el uso inapropiado de fármacos y otras tecnologías sanitarias. En esa situación, los recortes lineales indiscriminados en el SNS, que reducen lo que “es más fácil recortar”, sea necesario o no, sólo deberían haberse planteado de manera excepcional y transitoria, pues suponen racionar, no racionalizar, y además de éticamente inaceptables resultan poco eficaces.
Urge racionalizar la sistemática con la que decidimos qué tecnologías pagamos con fondos públicos. Es necesario sustituir los mecanismos vigentes, burocratizados, politizados y no sometidos al escrutinio de la comunidad científica internacional, por una sistemática rigurosa, transparente, y de sólido fundamento científico que debería realizar una Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnología y Servicios del SNS, independiente y participada colegiadamente por los Servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas, que guíe, desde el principio de buen gobierno, los procesos de decisión y fundamente científica, económica y socialmente la incorporación de nuevas prestaciones y productos sanitarios. Es un imperativo social, clínico y económico, pero también profesional y deontológico, por lo que la profesión médica no puede mantenerse al margen.
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España – Organización Médica Colegial.
