Tierra y justicia para Curuguaty

“Uno de mis hermanos murió. Otros dos cayeron presos y ahora están bajo arresto domiciliario”. Rodolfo Castro, de 29 años, recuerda escuetamente los acontecimientos en los que su familia quedó rota el 15 de junio de 2012. Ese día sucedió la conocida como masacre de Curuguaty (ciudad al este de Paraguay), en la que murieron 11 civiles y seis policías en un enfrentamiento por 2.000 hectáreas de tierra llamadas Marina Kue que los campesinos reclamaban para sí, frente a la compañía de producción de soja Campos Morombí. Esta asegura que son de su propiedad. “Marina Kue m’ibae”, se lee en una pancarta que da la bienvenida al lugar en guaraní. “Marina Kue es del pueblo”.

Rodeada de planicies de plantaciones de soja y algún maizal, en Marina Kue crece aún la vegetación autóctona de Paraguay. Hasta allí se llega por un estrecho camino de tierra roja humedecida por la lluvia del otoño, a una hora caminando desde la carretera en cuyo margen los campesinos han levantado campamento de casas de madera y plástico para no olvidar lo ocurrido.

El pasado 15 de junio, con motivo del segundo aniversario, Marina Kue dejó de ser por unas horas un lugar solitario y silencioso. Unas 400 personas acudieron a rememorar a los muertos, campesinos y policías, y pedir justicia. Las lágrimas y la liturgia se mezclaron con la música y los bailes. “Así debe ser la vida”, dice Mario Castro, hermano pequeño de Rodolfo, mientras observa a las parejas que danzan entre risas. A pesar del hermano perdido y los dos acusados bajo arresto domiciliario, no se siente triste. “Tenemos que seguir luchando por la tierra y para tener un futuro”.

“El dolor ese día fue insoportable. No tenía que haber pasado lo que pasó”, continua Mario, entero. Su padre, Mariano Castro, integrante de la Comisión de víctimas y familiares de Marina Kue, acaba por perder el semblante y se echa a llorar. ¿Se arrepiente de haber estado allí con sus hijos? “No”, responde tajante y sin dudar, de pie al otro lado de la carretera donde se encuentra el campamento y se celebra fiesta de conmemoración. Él no puede pasar. La Fiscalía se lo prohíbe. Pero no está solo ni un momento, pues no deja de recibir gente que se le acerca para desearle que mantenga la fuerza. Entre ellos, un grupo de voluntarios españoles de Oxfam Intermón, organización que ha respaldado la causa de las víctimas de Marina Kue y nos ha traído hasta aquí. Ellos le entregan una pancarta con fotografías de personas de todo el mundo portando carteles de apoyo a su reivindicación.

Además de los Castro, casi medio centenar de personas, también niños pequeños, se encontraban aquel día en el asentamiento en Marina Kue. Llegó la policía. “Mucha, con helicópteros y todo”, recuerda Dolores Peralta en la puerta de su casa. Ella no puede salir: está bajo arresto domiciliario desde entonces, acusada de homicidio en grado de colaboradora, por asociación criminal e invasión de propiedad privada. Hubo un disparo que nadie supo nunca de dónde vino y empezó un tiroteo con terrible final: 17 muertos. “Pensábamos que iba a ser un desalojo normal”, dice soltando una carcajada irónica Martina Paredes, hermana del fallecido Luis Paredes. “Yo salí corriendo porque estaba con mi hijo de tres años. Me escondí, pero me agarraron por la tarde y en dos días estaba en la cárcel”, acierta a juntar las palabras mientras se seca las mejillas con la manga.

No era la primera vez que un grupo de campesinos ocupaban aquellas tierras desde que en 2004 iniciaron los trámites legales para reclamar la titularidad de las mismas. Ya habían acampado allí seis veces antes de la masacre. “Siempre de manera pacífica y con el objetivo único de marcar su presencia para reclamar que debían ser de uso agrario”, subraya Hugo Valiente, abogado coordinador del informe Derechos Humanos en el caso de Marina Kue y miembro del Instituto Base de Investigaciones Sociológicas.

Todas las ocupaciones anteriores terminaron con el desalojo tras una negociación con la Fiscalía y la Policía. Y con una pregunta: “¿Dónde está el título?”. Los ocupantes hacían notar con este interrogante que si el terreno era público —según lo establecido por la Reforma Agraria y la Constitución del país—, ellos tenían el derecho a trabajar en él porque la ley dice que la superficie del Estado deberá ser destinada a la agricultura familiar y tradicional por los llamados ‘sin tierra’. Estos son jóvenes hijos de campesinos para los que la chakra (tierra de cultivo) familiar ya no es suficiente porque son muchos a repartir y además desean formar su propio hogar.

Los peritos demostraron que las armas que supuestamente tenían los campesinos nunca fueron disparadas o no estaban allí

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, ha asegurado recientemente en un comunicado que Marina Kue “es del Estado”. Reconoce de esta manera que no pertenece a la empresa Campos Morombí, propiedad de una familia de terratenientes muy poderosa en el país dueña de las plantaciones de soja que asedian las 2.000 hectáreas en disputa y que reclama para sí. Pese a las declaraciones políticas y la documentación recogida por ONG como Oxfam Intermón, que corroboran la declaración del Indert a favor de los campesinos, diez años después de iniciado el proceso de solicitud de la titularidad, el asunto espera todavía resolución en los juzgados.

“El mecanismo histórico de los campesinos para obtener la tierra, y aceptado por el Estado, ha sido la ocupación”, apunta Clyde Soto, investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay. “Crean una comisión de sin tierra e inician los trámites legales para reclamar la titularidad del terreno que saben que es público. Pero solo con seguir el itinerario legal no vale. Ninguna petición se resuelve así. Lo que funciona es la ocupación, porque los campesinos fuerzan al Estado a reaccionar y entonces atiende la petición formal”, abunda esta experta en Derechos Humanos. A pesar de ello, Campos Morombí consiguió siempre que una Fiscal ordenara el desalojo de Marina Kue. El 15 de junio de 2012 los acontecimientos fueron, sin embargo, muy distintos.

Valiente asegura que podría haber sido "una matanza más de campesinos en América Latina”. Pero no lo fue. No solo porque trece de los que quedaron vivos están aún acusados de homicidio, asociación criminal y ocupación de propiedad privada, y esperan el inicio del pleito en la cárcel o bajo arresto domiciliario. Sino porque, además, aquellos acontecimientos pusieron fin, en un juicio político en el Parlamento de Paraguay, al Gobierno de Fernando Lugo. El conservador Partido Colorado le acusó de alentar a los campesinos, pero muchos en el país le recuerdan por sus políticas de mejora de servicios sociales como la sanidad y la educación. También porque intentó gravar con impuestos la exportación de la soja, negocio de grandes empresas y terratenientes como Campos Morombí. El hoy senador Lugo no resistió a su salida del Gobierno apenas una semana después de la masacre, y las víctimas de Curuguaty consideran que les abandonó.

“Curuguaty fue totalmente premeditado para quitar a Lugo. Ya había habido otros intentos de juicio político antes”, asegura Dionisio Borda, doctor en Economía y ex ministro de Hacienda, cargo que ocupó tanto con el partido conservador Colorado (2003-2005), como después durante el mandato de Fernando Lugo (2008-2012). “Lo sucedido en Curuguaty fue una vergüenza”, espeta.

Por eso, las familias de las víctimas se afanan en pedir justicia, no solo para que se libere a los acusados que están bajo arresto domiciliario y a uno que aún permanece en la cárcel, sino para que se inicie una investigación. La versión oficial de los hechos fue que los campesinos atacaron primero y los policías se defendieron. Así se puede leer en la prensa de entonces. Pero las únicas investigaciones realizadas sobre el terreno, llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil, y las pesquisas de los abogados defensores, ofrecen un relato muy distinto. “Los exámenes periciales han demostrado que las armas que supuestamente tenían los campesinos y que se presentaron como prueba nunca habían sido disparadas o no estaban allí”, subraya Valiente, coordinador de uno de los estudios independientes.

“Nuestros presos tienen que ser liberados”, aclama el obispo de la Conferencia Episcopal de Paraguay, Mario Melanio Medina, arrancando el aplauso de los que han acudido al homenaje en Curuguaty. En la misa celebrada el domingo del aniversario, cerca de donde ocurrió la masacre, las fotografías de los fallecidos se convierten en lugar de peregrinación de familiares y amigos. Una mujer señala una de ellas. “Mira, mi Arnaldo”, dice sin dejar de santiguarse entre lágrimas a los que pasan a su lado. “Señor Jesús, te pedimos que se anule el juicio por los presos. Y un Paraguay con tierra para todos y con justicia social”, se escucha por megafonía. “Los poderosos usurpan las tierras que se dan a los ricos, los militares… de manera fraudulenta”, continúa el obispo. Y un grupo de campesinos coloca una pancarta frente al altar: “Marina Kue causa nacional. Lucha por la tierra. Muerte nunca más”.

“Tengo el deseo de hablar con ellos, aunque sea por teléfono. Una llamada”. Martina Paredes, hermana de uno de los fallecidos, se acuerda de los familiares de los agentes muertos. “Les diría que ellos también fueron asesinados, igual que nosotros, por un montaje. Que no somos delincuentes y nuestros allegados no estaban allí para matar policías, sino buscando una tierra para tener un futuro”. Para Hugo Valiente, las detenciones que se produjeron, todas de campesinos, no llevarán justicia tampoco a las madres, hermanos o hijos de los agentes.

Unas 300.000 personas siguen reclamando unas pocas hectáreas de tierra

Justicia. Es la petición que se repite entre los asistentes. Y tierra. Los campesinos de la comunidad quieren cultivar Marina Kue donde hace dos años se sembró muerte. “Curuguaty es más que una masacre. Es el máximo exponente de la lucha que mantienen miles de campesinos en el país por una tierra que les corresponde”, señala Valiente. Marina Kue es un ejemplo de la batalla de los pobres contra las grandes corporaciones y terratenientes poderosos que acaparan la riqueza natural del país. “El Censo Agrícola Nacional de 2008 destacó que el 2,5% de las fincas posee el 85% de las tierras censadas”, recoge el estudio La tierra en disputa, de Luis Rojas, economista integrante de Base Investigaciones Sociológicas de Paraguay.

Así, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) califica la estructura de la tenencia de la tierra en Paraguay como una de las más desiguales del mundo. La superficie de bosque autóctono del país va siendo engullida por las manchas marrones de planicie de las plantaciones de soja que salpican el paisaje. Mientras, 300.000 sin tierra reclaman unas pocas hectáreas de chakra para mantener un modelo de producción sostenible, familiar, de supervivencia. Entre ellos, los de Marina Kue.