Cuentas

Hay en España una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia, que es el Tribunal de Cuentas, responsabilizado de seguir las buenas o malas prácticas con el dinero público. Y en esa institución se han gastado unos dineros en reparaciones que, su presidente, Ramón María Álvarez de Miranda, ha tenido a bien detallar para que sepamos que siempre han estado dentro de la ley.

Pero el jefe del asunto todavía no ha despejado algunas dudas importantes. Por supuesto, la de que la empresa que se ha llevado una buena parte de los contratos haya hecho obras a precio ventajoso en las casas particulares de algunos directivos de la entidad.

Tampoco se ha acordado el señor Álvarez de Miranda de explicar cuál ha sido el mecanismo sorprendente que ha llevado a una proliferación alarmante de cuñados, primos y otros parientes a ocupar plazas de contratados, opositores o no, con buenos sueldos. Porque las oposiciones se han hecho dentro de la ley. Y resulta que esos allegados han resultado ser más listos que la mayoría de los españoles.

Y, sobre todo, el presidente, pero también los partidos políticos, nos tienen que explicar por qué es tan difícil que se haga una inspección seria sobre las cuentas de las instituciones que nombran a los 12 miembros del tribunal, que no son sino esos mismos partidos, a través del Parlamento y del Senado.

A Luis Bárcenas y compañía (incluidos Cospedal y Rajoy) no les ha puesto en cuestión el Tribunal de Cuentas, sino denuncias que venían de otros lados. Eso es solo el más escandaloso ejemplo, porque hay más, que afectan a casi todos los partidos políticos. ¿A cuál le ha pillado el tribunal? Ni el Tribunal de Cuentas ni sus 17 réplicas autonómicas. Cementerios de elefantes, sobrinos y cuñados. Bien pagados.