Un paso adelante

La total prohibición del aborto en Chile es una fuente de injusto sufrimiento para muchas mujeres e impropio de un país que camina hacia el progreso y la igualdad. Que el embarazo sea fruto de una violación no es en Chile causa suficiente para interrumpirlo. Tampoco que el feto que lleve una mujer en su vientre haya muerto. Este país es uno de los pocos del mundo donde una menor que acude a un hospital público con peligro de muerte a causa de una hemorragia por un aborto ilegal puede ser denunciada a la policía por un médico, como ocurrió este mes en Santiago.

Entre 1931 y 1989 el aborto terapéutico estuvo permitido en Chile para casos de inviabilidad del feto o de peligro de vida de la madre. Pero Augusto Pinochet derogó la ley y solo ahora el Gobierno de la socialista Michelle Bachelet tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica con la sociedad y las mujeres de Chile lanzando el proyecto de ley que prometió en campaña electoral y que despenalizaría el aborto en los supuestos de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

La presidenta recordó el 21 de mayo, en su discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso, su intención de llevar la iniciativa legislativa al Parlamento. Apenas dedicó al asunto un minuto en un discurso de dos horas, pero fue suficiente para que parte de los sectores más conservadores de la sociedad atacaran su anuncio recurriendo a argumentos demagogos. El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el expresidente Sebastián Piñera, acusaron a Bachelet de estar más preocupada por la vida de los animales que la de los niños, en alusión a un proyecto sobre la protección de mascotas.

La demostrada determinación de la presidenta, el apoyo de la coalición que lidera y también el de algunos miembros de la oposición auguran, sin embargo, la victoria del proyecto de ley. Bachelet ha recordado en varias entrevistas de televisión que cada mes se producen en Chile tres o cuatro muertes por aborto. Su coalición Nueva Mayoría, que agrupa desde comunistas hasta democristianos, cuenta con los votos suficientes para sacar adelante la medida.

La Democracia Cristiana dispone de un tercio de los representantes parlamentarios oficialistas y la mayoría de ellos se muestran a favor. Incluso en la oposición hay diputadas como la conservadora Marcela Sabat, de Renovación Nacional, que se ha mostrado a favor del debate, si bien se opone al supuesto de la interrupción a causa de una violación.

El Gobierno dice estar decidido a presentar el proyecto en el segundo semestre de este año. No debería dejarse llevar por el ruido de los sectores más reaccionarios. Bachelet, que ya aprobó en su primer mandato (2006-2010) la legalización de la píldora del día siguiente, sabe que ésta es una promesa electoral que debe cumplir y que la sociedad chilena está madura para el debate.