El debate sobre el plan independentista

He seguido con interés la sesión parlamentaria en la que se debatía la toma en consideración de la propuesta del Parlamento de Cataluña. Después de escuchar todas las intervenciones, la conclusión es desoladora: el problema del encaje de Cataluña en España hoy —País Vasco y Galicia mañana— está un poco más lejos. Los nacionalismos —central y periféricos— no debatieron en busca de acuerdo. Hablaron (leyeron) para los suyos. En honor a la verdad el único que ofreció a unos y otros y a la Cámara el inicio de un proceso que nos permita —a todas las nacionalidades— seguir en la casa federalista común fue el señor Rubalcaba.

Suscribo la necesidad, cada día más urgente, de afrontar una profunda modificación de la Constitución de 1978. Me sorprenden las crónicas que subrayan que el señor Rajoy ofreció la posibilidad de afrontar la reforma constitucional. Nada más lejos de la realidad, lo que vino a proclamar, una y otra vez, fue “el que no esté conforme que inicie el proceso”; cuando lo prudente y responsable es que el debate se hubiera cerrado no con el resultado más que previsible de la votación, sino con un calendario para la modificación de la misma. Somos muchos los que así lo deseamos.— Emilio Cubera Pereira. Santiago de Compostela.

 Ya tenemos a pleno rendimiento la maquinaria propagandística del nacionalismo en Cataluña, clamando que España no es un país democrático por no permitir un referéndum de secesión. Es buen momento para recordar que Francia —tan admirada por Mas— nunca ha admitido un referéndum de autodeterminación en Córcega, Bretaña o el Rosellón; que Italia nunca permitió ningún referéndum en la Padania; que Alemania no admitiría la separación de Baviera o Sajonia, o que hace unos meses Obama rechazó un referéndum igual de secesionista en Tejas y Florida. ¿Acaso Francia, Italia, Alemania o Estados Unidos no son democracias?

Hay muchos países en el mundo, como España, en los que se prima la estabilidad y la seguridad jurídica frente a aventuras de ruptura llenas de incertidumbres que solo perjudican a empresas y ciudadanos.— Raquel C. Cañellas. Barcelona.

Descreo del derecho a decidir. La Constitución está precisamente para, antes de cualquier elección, dejar claro aquello que ni las urnas pueden justificar. Una victoria arrolladora de un partido confesional, por ejemplo, no autorizaría a imponer una religión oficial. Y sentirse catalán o español es irrelevante, porque los sentimientos, como la religión, son privados, y la política trata de la cosa pública. Además, si en la consulta gana el sí pero en una comarca gana el no, esa comarca, en nombre del derecho a decidir, podría separarse de Cataluña para seguir siendo España.

Quienes están en contra de este delirio deberían hacerse oír para intentar que vuelva la cordura, porque la erección de fronteras no lleva más que a odios y a baños de sangre. Los partidos nacionales deberían recuperar la responsabilidad y actuar conjuntamente para dejar claro que España es de todos. Los habitantes de un pueblo o una Comunidad Autónoma son sus administradores, no sus propietarios. Y no a cambio de diálogo ni de ninguna otra cosa, porque el cumplimiento de las leyes se exige sin contraprestaciones.— Ricardo Moreno Castillo. Madrid.

Los representantes del Parlament que intervinieron en el debate en las Cortes defendieron, y yo creo que hasta con brillantez, el derecho de los catalanes a decidir. Seguramente consiguieron su objetivo, que no fue otro que el de encender aún más los ánimos de los independentistas, pues presentaron a Cataluña como una víctima del españolismo más intransigente. Eso sí, se cuidaron muy mucho de quedarse en el mundo de las ideas y de no entrar en el estudio de las consecuencias reales que se derivarían.

Uno mencionó la continuidad en la UE de una Cataluña independiente. Encontró su argumento en el hecho de que Croacia y Bosnia han podido ingresar en la UE, a pesar de que ambos Estados fueron el resultado de una separación traumática, incluso con crímenes contra la humanidad. Su argumento era que, si en tales circunstancias no ha habido inconveniente alguno, la separación pacífica de Cataluña no habría de tenerlos tampoco. El representante catalán se olvidaba de un pequeño detalle: que esos países unidos en la antigua Yugoslavia no habían pertenecido antes a la UE. El problema de Cataluña ahora sería muy distinto, pues su independencia conllevaría una realidad muy diferente de la que ahora tiene formando parte de España. Teóricamente es defendible que cualquier país tiene el derecho a decidir su independencia o no, pero este sería un país ideal, nunca un país real con todos sus vínculos como es el caso de Cataluña.— Julián Sanz Pascual. Segovia.

Durante los últimos 30 años padeciendo el terrorismo de ETA, he leído y escuchado en infinidad de ocasiones a los políticos argumentar que con violencia no hay nada que hablar, que los terroristas deben dejar las armas y someterse a las reglas democráticas para poder hablar de autodeterminación.

Ahora el pueblo catalán, como siempre ha hecho, cumpliendo las normas y sin violencia, pide hablar, consultar, debatir con el Gobierno central sobre el anhelo de una parte muy importante de su población y la respuesta es indiferencia, displicencia y finalmente en el Parlamento un portazo en las narices.— Carlos de Erausquin Romaní. Madrid.

¿Por qué no intervino Cayo Lara en el debate sobre el traspaso a la Generalitat de la competencia, hoy exclusiva del Estado, sobre convocatoria de consultas mediante referéndum? ¿No considera importante dar a conocer las razones por las que un partido de ámbito nacional (IU) apoya una vía que tiene por meta la segregación de una parte de España? ¿Teme que si su electorado se entera con claridad de su posición en esta cuestión se lo reproche en las urnas? ¿No pretenderá, a la postre, nadar y guardar la ropa?— José Antonio Pérez González. Madrid.

Vi el debate del Congreso sobre la consulta de Cataluña, y escuché la intervención de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, y cómo les expuso a los tres diputados catalanes seleccionados por el Parlamento catalán, y al Congreso en general, las cosas tal y como son. Solo tenemos que leer uno de sus argumentos: “No hay nada que hablar con quien no respeta la ley”.

España necesita políticos carismáticos, que sepan decir las cosas sin rodeos, directamente, siempre desde el respeto, y que no se escondan tras una serie de palabras vacías de significado. Los políticos, y en este caso especialmente el Gobierno, deben dejar de escudarse en palabrería barata y actuar para defender la unidad de España.— Iván Cabrera Martínez. Alcorcón, Madrid.