El infinito catalán y más allá

Nuestra democracia tiene un problema ineludible en Cataluña. Cuando una parte significativa de españoles que viven en Cataluña, o de catalanes que viven en España a través de Cataluña, están muy descontentos con los términos del vigente contrato de convivencia y quieren romperlo, todos los españoles tenemos una dificultad importante. Por mucho que algunos se empeñen en taparse los ojos esperando que se desvanezca solo, no lo hará y aunque el paso del tiempo pueda reducir su efervescencia (¿qué pasa al día siguiente de una declaración unilateral de independencia, aprobada por el próximo Parlament tras unas elecciones plebiscitarias?), ganará en enconamiento, si no somos capaces de encontrarle soluciones positivas.

Debemos empezar enmarcando correctamente la situación: no es un problema “con” Cataluña, sino “en” Cataluña, ya que la misma existencia de dos entidades abstractas, esencialistas, monolíticas y diferentes, como España y Cataluña, forma parte de la visión interesada de los nacionalistas, que no compartimos quienes no lo somos. Mucho menos, si se presenta como la confrontación de una entidad contra la otra, ¡desde hace 300 años! En primer lugar, porque no solo España es plural (se puede vivir en Madrid y no ser centralista), sino que Cataluña también es plural (hay catalanes que no quieren la independencia). Pero, sobre todo, porque la relación entre el todo y una de sus partes más dinámicas, por muy complicada que sea, nunca es de suma cero (una gana lo que la otra pierde), ya que o ambas ganan, o ambas pierden.

En los últimos 35 años, gracias sobre todo al sistema autonómico constitucional, ambas partes han ganado con lo que ganaba la otra. Eso explica que, dentro de la dinámica típica del debate democrático entre intereses diversos y recursos escasos, “España” ha estado interesada en sacar adelante asuntos que beneficiaban a “Cataluña” y “Cataluña” ha estado interesada en contribuir a la gobernabilidad de “España”, sobre todo, cuando la no existencia de mayorías absolutas en el Parlamento concedía mayor poder de decisión a los votos de partidos que solo se presentaban en Cataluña. Porque si le va bien a Cataluña, le va bien a España, y que le vaya bien a Cataluña depende, en parte, de lo que haga el Gobierno de España en una relación marcada más por la existencia de una tupida red de intereses cruzados a lo largo de los siglos, que por el simplismo de buenos y malos, agrupados a cada lado de la raya.

El marco de referencia para el debate debería ser la comisión general autonómica del Senado

Desde hace dos años, sin embargo, uno de los principales actores que mantenía en funcionamiento tan compleja ecuación dinámica, ha cambiado el signo que venía caracterizándole desde la instauración de la democracia. Con la sentencia (2010) del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como excusa, la principal coalición política de Cataluña, Convergencia i Unió, ha movido radicalmente su posición histórica desde el nacionalismo democrático, hacia el soberanismo independentista que, hasta ahora, era patrimonio de otras fuerzas minoritarias. Con ello, ha abandonado el posibilismo por la utopía, el pacto por la confrontación y la búsqueda de soluciones por el agravamiento del problema.

No voy a analizar si tal reacción está más o menos justificada, o si es más o menos desproporcionada. Viví, como ministro del ramo, los avatares de la negociación del Estatut, cuyo texto final voté como diputado convencido de su bondad como expresión del mejor acuerdo posible en aquel momento. Además, creí un error político grave el partidismo que llevó al PP a recurrir ante el Constitucional artículos del Estatut que había aceptado en otros textos de reforma estatutaria, como también considero inadecuado que el Tribunal Constitucional se pronuncie después de un referéndum, aunque es lo que marca la ley, e igualmente creo que su sentencia, por debajo de la espuma, descalificaba más a los recurrentes que a los defensores del texto aprobado en el Parlamento, es decir, que se pudo hacer, desde los partidos catalanes, otra lectura política de la misma.

Me interesa más desarrollar el clásico “y ahora, ¿qué?”, empezando por descartar, con rotundidad, dos ideas: no creo que el problema se resuelva mediante el “tancredismo” de esperar a que escampe o, confiándolo todo al calor de la recuperación económica o de una mejora en el sistema de financiación autonómico. Pero tampoco creo que la solución sea embarcar a la sociedad catalana en una aventura independentista revestida de carta a los Reyes Magos y de supuesto ejercicio elemental de democracia, saltándose las reglas que dan sentido, precisamente, a la verdadera democracia (todo dictador que se precie, gana referendos).

En el momento actual, a partir de todo el camino ya recorrido, solo veo tres movimientos posibles para la coalición gobernante en Cataluña: primera, plantear irse de todas todas, haga lo que haga el resto de España; segunda, estar dispuesta a irse de España como último recurso, si no se encuentra una solución satisfactoria al actual memorial de agravios (que convendría conocer); tercera, irse, pero solo si se hace de mutuo acuerdo con lo que quede de una España sin Cataluña (y lo que pueda significar ese movimiento para el nacionalismo vasco, o canario). Cada una de estas posiciones enmarca el campo y las reglas del juego político de una manera radicalmente diferentes. Si defiende irse en cualquier caso, posición que parece expresar, a veces, el president Mas, no hay terreno para ninguna negociación con “España”, ni se tienen que respetar las leyes constitucionales vigentes que son, precisamente, con las que se quiere romper. Es un escenario de confrontación pura y dura, que solo deja a la otra parte la confrontación como única respuesta. Hay demasiados ejemplos recientes sobre lo dañino de este supuesto, como para que me extienda en la irresponsabilidad que contrae quien se deslice en espiral por el mismo.

La solución no está ni en el dontancredismo ni en embarcar a los catalanes en el independentismo

El escenario de una independencia “pactada”, solución, al parecer, propuesta por algunos dirigentes de Unió, debería llevar a una actitud diferente por parte de quien debe buscar convencer al otro, y no solo a los propios, de la bondad de la independencia. Se trataría de hacer pedagogía en toda España con argumentos a favor de la tesis de que ambas partes ganan con la ruptura o que, al menos, es la menos mala de todas las opciones posibles. Una ruptura pactada requiere más tiempo (décadas en el caso de Quebec o Escocia sin haberlo conseguido, no tres años que llevamos aquí), menos amenazas (habría que retirar el referéndum anunciado unilateralmente) y, sobre todo, menos insultos (expolio fiscal, agresión histórica, parásitos, etcétera). Amenazar con la independencia de Cataluña para forzar un acuerdo que nos permita seguir viviendo juntos en España, aunque con unas reglas del juego remozadas, parece, pues, el escenario más deseable y, seguramente, más probable. Sin embargo, muchos nos preguntamos si para acabar forzando un acuerdo, hacía falta cargar las alforjas de tanta dinamita (¿tendría el independentismo la fuerza que tiene hoy en Cataluña, si la actual cúpula de CiU no le hubiera dado carta de naturaleza con su giro político?).

Pero si hay que trabajar por encontrar una salida, renegociando a fondo las actuales reglas de la convivencia entre españoles, por ejemplo, mediante un nuevo Estatut y una reforma federal de la Constitución, o empezamos a exigir a los actuales sujetos políticos del juego que den pasos relevantes en esa dirección cambiando de manera drástica la actitud que vienen desempeñando hasta ahora (inmovilidad versus salto en el vacío), o cambiamos a los actores protagonistas, o encargamos la tarea a unos sujetos políticos distintos, pero muy directamente interesados: las otras comunidades autónomas, unas instituciones del Estado capaces de trascender la partitocracia. Solo una ruptura procedimental como esta podría sacar el asunto de la vía única por la que marchan los dos trenes en direcciones opuestas. Una autoconvocatoria de los presidentes de las comunidades históricas, País Vasco, Galicia y Andalucía para empezar a abordar el problema, con la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado como marco legal de referencia, podría cambiar los términos del debate, desbloqueando la actual situación donde solo podemos perder todos, hacia otro escenario en el que, tal vez, todos podamos ganar. ¿Quién da el primer paso?

Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2008.