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TRIBUNA

Los arquitectos denunciamos

Los contratos con la Administración favorecen malas prácticas que al final paga el ciudadano

Los arquitectos llevamos años denunciando el sistema de contratación de obras contemplado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este sistema perverso nos pone ahora en el punto de mira de medios nacionales e internacionales.

Pocos pueden opinar con rigor y criterio sobre qué hay detrás del tema de Panamá y de muchos otros. Desconocemos la letra pequeña y lo que subyace en la trastienda de las grandes contrataciones y proyectos. Pero no nos cabe duda de que se manejan multitud de factores, algunos oscuros, y en la mayoría de los casos (cuando las cosas se tuercen) todos los españoles acabamos pagando los platos rotos. No participamos en las decisiones, pero a la postre todos somos responsables solidarios y nos toca hacer frente a los incrementos de coste y la dilación en plazos.

Voy a centrar esta reflexión en las obras de arquitectura de la Administración y concretamente en el porqué del incremento de costes.

Según la Ley de Contratos, cuando se convoca un concurso de arquitectura se valoran fundamentalmente dos cuestiones. Los aspectos técnicos y la oferta económica de honorarios. Sucede que, casi siempre, el aspecto económico tiene mucho mayor peso que la calidad del proyecto. Como si se tratara de comprar taburetes, cosa absurda cuando los honorarios del arquitecto no llegan al 1% del valor del edificio. Las intervenciones de las Administraciones (nacional, autonómica y local) quieren el mejor precio, aunque no sea la mejor solución ni el mejor proyecto. Una cifra es un criterio objetivo lícito, pero miope y cortoplacista porque los ciudadanos merecemos que se valore la calidad de la propuesta. Las obras trascienden a quienes en ella intervinieron. Como dijo Octavio Paz, “la Arquitectura es el testigo más insobornable de la Historia”.

Una vez contratado el proyecto se licita la obra. Otra vez entramos en un sistema de adjudicación perverso cuyas consecuencias son más graves para la sociedad. Cuando el arquitecto redacta un proyecto sabe lo que cuesta construirlo, valoramos las partidas a ejecutar y redactamos un presupuesto. Adjudicar una obra a una oferta que está por debajo, o muy por debajo, del presupuesto implica un problema seguro. Todos los agentes que intervenimos en el proceso lo sabemos. Es un juego que se ha convertido en práctica habitual y ya es hora de que se denuncie alto y claro por la sociedad y forcemos a los legisladores a tomar medidas que frenen estos abusos.

Antes existía el criterio de adjudicación a la media ponderada de las ofertas y no se adjudicaba a la baja temeraria por los evidentes riesgos que ello conlleva. Actualmente se acepta la baja temeraria siempre que vaya justificada y, sorprendentemente, se justifican increíblemente bien.

No interesa el trabajo bien hecho, el proyecto riguroso o la dirección de obra responsable porque no dejan margen para fullerías

Con la crisis se acentúa la necesidad de adjudicación de muchas empresas y llegan a presentar unas bajas inadmisibles, hasta del 50%, sin estudiar la obra en profundidad sabiendo que prima la oferta económica. Tanto adjudicador como adjudicatario saben desde el principio que es imposible realizar la obra en el precio contratado, pero confían en “arreglarlo” después a base de modificados.

No digo que no haya imprevistos razonables en muchas obras. Los estudios geotécnicos, por ejemplo, pueden ser erróneos, no por defectuosos, sino porque se hacen con tanteos extrapolados a toda la superficie de la obra. Pero una cosa son los modificados presupuestarios originados por un imprevisto justificado y otra la práctica habitual de “hagamos la gran baja que ya compensaremos presionando con los modificados”.

Entonces se empieza una obra que para los técnicos responsables de la dirección facultativa es a menudo un calvario. Si el proyecto está bien redactado el arquitecto tiene dos opciones: ser inflexible con lo establecido para paralizar la obra cuando tiene pérdidas, y la abandona, o ser flexible para poder llevarla a buen fin.

Paralizar una obra supone un gran trastorno. Liquidar lo realizado y volver a sacar a concurso lo restante, exponiéndose a otra adjudicación a la baja (las herramientas de contratación son las mismas). ¿Quién sufre los plazos? Los ciudadanos.

Para llevar a buen puerto la obra con el menor daño posible el arquitecto busca soluciones más económicas a costa de grandes enfrentamientos con la contrata y con el cliente. Hace de mediador en un conflicto que todos veían venir. A esto se le añade otro problema frecuente y es que, si cambian los políticos que encargaron la obra, se cambia el proyecto con lo que los modificados están garantizados. Ya tenemos la excusa para recuperar las pérdidas derivadas de la contratación a la baja. ¿Quién lo paga? Otra vez los ciudadanos, los contribuyentes.

¿Qué consecuencias tiene este sistema perverso de contratación? Que no interesa el trabajo bien hecho, el proyecto riguroso o la dirección de obra responsable porque no dejan margen para fullerías. Se está favoreciendo la mediocridad y el ejercicio profesional imperfecto porque a peor proyecto, mayores modificados, mayores beneficios por la puerta de atrás, mayor número de amigos satisfechos, mayores comisiones y en definitiva mayores lucros para unos pocos en contra del bien de la mayoría de los españoles.

Así ni se hace marca España ni seremos nunca un país serio.

Paloma Sobrini fue decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

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