Los ‘sin papeles’ flotan entre la desprotección y la caridad sanitaria

La tarjeta sanitaria de José N. caducó en junio de 2012. No pudo renovarla porque tres meses más tarde entró en vigor la reforma sanitaria del Gobierno, que retiró la tarjeta a las personas extranjeras sin permiso de residencia. José, originario de Paraguay, sufre desde hace meses fuertes dolores musculares en el abdomen y no puede permitirse ir a rehabilitación. Trabaja en la calle, repartiendo folletos.

Unas 150.000 personas sin papeles habrían perdido la tarjeta sanitaria como consecuencia de la ley 16/2012, según cálculos obtenidos del borrador del decreto al que tuvo acceso el diario El PAÍS. Los niños continúan cubiertos –“a mi hija le han hecho tarjeta hasta 2021”, cuenta este paraguayo–, así como las mujeres embarazadas. Y todo el mundo tiene acceso a la atención urgente, aunque a José la primera vez que acudió a su centro de Colmenar Viejo lo mandaron de vuelta a su casa porque su problema no fue considerado como suficientemente grave, explica.

Tras ser atendido en urgencias la segunda vez que acudió, y al no recibir seguimiento, visitó un médico privado que le cobró 103 euros por la consulta –una cifra prácticamente inasumible para él–, le diagnosticó una posible infección y le recomendó que se hiciera unos análisis en otra clínica privada. Al final consiguió cita, utilizando la tarjeta sanitaria de un amigo, con el médico de cabecera que tenía antes de perder la cobertura. Su doctor le diagnosticó un problema muscular y le recetó fisioterapia –que no puede pagarse y que no le cubre la Seguridad Social– y pastillas calmantes –que abonó de su bolsillo, por unos 50 euros–.

"La tarjeta sanitaria para los inmigrantes ilegales era excepcional en la UE. Cuando hay que reducir gastos, esas medidas que iban a más son las que se retiran”. María Neira, directora de Salud Pública en la OMS

La tarjeta sanitaria para los sin papeles era una medida “excepcional” en la Unión Europea, explica María Neira, directora de Salud Pública en la Organización Mundial de la Salud. “Era un valor muy añadido del sistema sanitario. Cuando hay que reducir gastos, esas medidas son las que se retiran”. En España hay 5,7 millones de extranjeros registrados. Según el Observatorio de Inmigración del Ministerio de Trabajo, unas 926.026 personas carecían de permiso de residencia a junio de 2013. El pasado diciembre el Ejecutivo publicó que 748.835 personas han dejado de constar en la base de datos del Sistema Nacional de Salud desde que entró en vigor la reforma. Esta cifra no está desglosada, no obstante, y puede incluir a otras personas que no fueran sin papeles –como personas dependientes de otros seguros–.

Ashraf está sentado en la sala de espera del Dispensario de San Antonio, una clínica caritativa en Madrid donde 25 médicos voluntarios atienden gratis a personas sin papeles. Este marroquí de 23 años ha venido a este centro porque quiere hacerse unos análisis y no puede permitirse pagar por ellos. Por las noches duerme en un colchón en el suelo, en una casa okupa en el centro de Madrid, sin luz ni electricidad.

La pequeña clínica del distrito de Tetuán a la que ha acudido el joven marroquí pertenece a los franciscanos capuchinos. Allí, además de atención sanitaria, se reparten medicamentos gratis a “todo el que llama a la puerta”, en palabras de Jesús Rodríguez, encargado del centro. No piden papeles ni guardan la documentación de los pacientes. Reciben a unos 10 pacientes diarios de media y en el último año han visto cómo seguían aumentando las peticiones de ayuda.

Tráiler del documental sobre las personas sin tarjeta sanitaria Cuánto ganamos, cuánto perdimos, de Médicos del Mundo.

Fernando Sáiz pasa consulta los martes en este centro. Es uno de los 700 médicos mayores de 65 años a los que la Comunidad de Madrid impuso la jubilación forzosa en mayo de este año. Ha entrado de voluntario en esta clínica de beneficencia “para poder seguir viendo enfermos”. Tiene el pelo oscuro salpicado por las canas, pero nada más indica su edad. Hasta ahora trabajaba en el hospital Clínico. Con un deje de indignación explica que su trabajo como voluntario es gratificante y necesario, pero que los enfermos a los que atiende derivan de “un problema que ha creado el Estado, y es el Estado quien lo tiene que solucionar.”

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales Ana Mato declaró abiertamente el año pasado que de la salud de los sin papeles se ocuparían las asociaciones benéficas. “Yo la invitaría a que pasara consulta conmigo”. Sáiz no solo atiende a personas sin papeles: muchos pacientes acuden solo por las medicinas gratuitas. “Hace tres martes vino un señor al que hicieron en mayo un trasplante de riñón en [el hospital de] La Paz. Allí le hacen el seguimiento, pero él no tiene ni un duro para la medicación.” Sin esa medicación el trasplante no serviría para nada, explica. “Sin tratamiento tenemos dos opciones: o se le deja morir, o vuelve a un programa de diálisis, que es como estaba antes. En todo caso, se habrá desaprovechado un riñón donado.”

Médicos del Mundo comparte ese punto de vista: “Consideramos que ese es el trabajo de la administración, no tenemos que hacerlo nosotros”, explica Ricardo Angora, médico veterano de la asociación. En lugar de prestar atención sanitaria, esta ONG internacional monta grupos de voluntarios que acompañan a los inmigrantes a los centros de salud para reclamar que se les atienda.

La mayoría de médicos hacen oídos sordos de la nueva normativa. “La ética profesional establece que hay que atender a cualquier persona que esté enferma. No creo que exista ningún profesional que se niegue”, dice Ricardo Angora. Pretende disipar también el mito de que los inmigrantes de países pobres vienen para recibir atención médica. La mayoría de inmigrantes indocumentados son jóvenes y sanos, y la falta de tarjeta sanitaria afecta sobre todo a una minoría de enfermos crónicos, explica.

El dispensario reparte “lo que tiene a quien lo necesita”, explica su encargado. Aunque su principal cargamento de fármacos viene de la colecta anual de la ONG Banco Farmacéutico, aceptan donativos de particulares incluso si las cajas están empezadas. Ante la pregunta de si es legal administrar fármacos donados por particulares —aunque quien lo haga sea médico— contesta: “Está claro que las que tienen que dispensar son las farmacias… esto tal y como funciona no debería existir, lo mismo que tú no debes automedicarte”. El Ministerio de Sanidad no tiene constancia de ninguna asociación que distribuya medicinas de segunda mano en Madrid.

Un abogado de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico cree que "es una irresponsabilidad repartir medicamentos empezados porque están jugando con la salud del paciente, y no es la vía legal establecida”. Sin embargo, según Rodríguez, el dispensario lleva haciendo esto desde que abrió en los años 40. Siempre ha habido gente que no podía permitirse la mediación y la administración nunca les ha puesto problemas. “A bastantes pacientes los envía el Samur Social”, el servicio municipal (gratuito) de emergencias sociales y sanitarias de Madrid.

El médico, tras ver a Ashraf, lo deriva a hacerse los análisis de sangre en otra clínica privada que pertenece a una orden religiosa. No tendrá que pagar nada, pero si recibe una mala noticia en el diagnóstico, no sabe si podrá obtener el tratamiento.