Cambio de orientación

Después de cinco años de recesión profunda, los daños en la sociedad española son cuantiosos. Los ajustes presupuestarios en educación, sanidad e inversión, más un crecimiento desaforado del desempleo, han aumentado la pobreza, acrecentado la desigualdad y comprometido gravemente el presente de pensionistas y ancianos o el futuro de los más jóvenes. Los datos estadísticos confirman una pauperización creciente, el aumento de la pobreza energética y la destrucción de las posibilidades de riqueza generada por la inversión en investigación y desarrollo. El presente es duro, el próximo ejercicio económico no ofrece expectativas de mejora sustancial —a pesar de que, formalmente, la recesión ha terminado— y el medio plazo presenta en España un mercado laboral en una fase de recuperación muy lenta y con unas condiciones contractuales peores que las de 2008, que no augura nada bueno para la evolución del consumo.

La recesión no es la única causa de todo esto. También ha contribuido activamente en el deterioro una política económica incoherente entre 2008 y 2011 y mal aplicada, cuando no contradictoria y torpe, a partir de 2012. Los hechos demuestran que la política de estabilidad aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy, a cambio de recortes dolorosos en sanidad o educación y otros sacrificios, no ha conseguido el objetivo de reducir el déficit público en los límites comprometidos con Europa, una pieza clave, según el equipo económico, para poner las bases de la recuperación; y la deuda pública sigue creciendo sin freno. En 2014 superará el 100% del PIB. La política de austeridad no ha mitigado los daños de la crisis financiera; si la prima de riesgo ha descendido es porque el Banco Central Europeo ha demostrado, verbal y fácticamente, su disposición a actuar.

La depresión social poscrisis necesita en 2014 una política económica distinta. Es una incógnita si este Gobierno, con demasiados frentes abiertos, está en condiciones de diseñarla y aplicarla. El pilar decisivo de esa nueva orientación es una reforma fiscal drástica, que permita aumentar los ingresos y, en consecuencia, ganar margen para la inversión pública y el gasto social. No es una reforma fácil porque se enfrenta a varios objetivos: exige una acción durísima contra el fraude fiscal y tiene que favorecer el ahorro (único camino para reducir la deuda). Pero las líneas maestras se conocen: bajar el IRPF, bajar moderadamente el impuesto sobre sociedades (a cambio de la supresión inmediata de todos los beneficios fiscales que lastran el impuesto) y una subida del IVA que ofrezca una nueva distribución de la imposición indirecta.

Una reforma fiscal profunda no es la única receta que necesita la depresión española; pero si se aplica bien puede apuntalar la confianza política en otros cambios necesarios, como la liberalización de los mercados y un nuevo modelo laboral que no castigue el consumo.