Seis reformas urgentes

La troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), autora intelectual del rescate bancario español, acaba de ratificar que la banca ha salido con bien de la costosa recapitalización (41.000 millones) y está formalmente fuera de la crisis. Su valoración no garantiza que las entidades financieras españolas vayan a pasar con buena nota las pruebas pendientes de solvencia y resistencia a la crisis, aunque les concede una elevada probabilidad de éxito. Pero el informe dice algo más. Alerta sobre hechos tan evidentes como que el crédito sigue cayendo y el mercado inmobiliario también, pese a que los precios de la vivienda hayan repuntado el 0,7% en el tercer trimestre.

La pieza fuerte del informe es el esquema completo de política económica que propone, dejando con ello entrever que el tiempo de las exigencias estrictas sobre el déficit ha terminado y llegan los requerimientos sobre las reformas pendientes. Propone cinco, y acierta en casi todas ellas. La reforma administrativa es necesaria porque la gestión política en España tiene un alto porcentaje de caos; exige que se acabe con el déficit de tarifa, aunque es público y notorio que la reforma eléctrica que tenía ese objetivo ha fracasado antes de empezar; y pide la liberalización de los servicios profesionales, tantas veces prometida y nunca ejecutada.

También invoca una reforma fiscal en términos genéricos. Probablemente el interés de la troika —la corrección del déficit— no coincida con las exigencias de la situación empresarial y social española, pero en todo caso se da por sobrentendido que si la estabilidad financiera (todavía no lograda) es la primera condición para crecer, el segundo y no menos importante es un nuevo modelo fiscal, menos rígido, recaudatoriamente más rentable y menos dañino para el ahorro y la inversión. Los criterios son conocidos: simplificación del IRPF y reducción de los tipos de gravamen; rebaja del impuesto sobre sociedades a cambio de eliminar la maraña de bonificaciones y deducciones que minimizan la recaudación y una subida del IVA mejor escalonada que no castigue a los mercados más sensibles.

La quinta propuesta es la más discutible: propone otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, en la línea de reducir más los salarios para elevar el empleo. Sobre esta reforma hay que hacer al menos dos observaciones, que aconsejan no insistir más en una recuperación basada en abaratar los costes laborales. La primera es que su mediocre aparato jurídico ha elevado la litigiosidad y menoscabado el efecto directo que se buscaba (abaratar los costes de despido). La segunda y más importante es que no existe evidencia de que el descenso de los salarios se haya convertido en más empleo. Ha aumentado la competitividad, pero también los beneficios de aquellas empresas y mercados que están al abrigo de la competencia. Por eso se echa en falta una sexta reforma: liberalización efectiva de mercados y servicios.