Solución para YPF

El principio de acuerdo, estrictamente político, entre los Gobiernos de España y Argentina sobre la expropiación del capital de Repsol en YPF merece una explicación detallada del Ejecutivo no solo sobre los términos del mismo, del que apenas se conocen unos cuantos detalles, sino también sobre las razones que han llevado a la intervención del Ministerio de Industria y a las consultas previas con el Gobierno de México para acabar con el pleito internacional. No es suficiente esgrimir una razón tan genérica como que “es bueno ir cerrando incertidumbres”, aunque los mercados acepten ese argumento a corto plazo y hayan reaccionado con cotizaciones al alza de Repsol e YPF. Porque cabe la posibilidad de que las incertidumbres de fondo permanezcan, incluso después de que hoy el Consejo de Repsol ratifique el acuerdo.

El principio de que es mejor un mal acuerdo que un buen litigio —y el de Repsol con el Gobierno argentino amenazaba con ser largo y costoso— es válido siempre que existan suficientes garantías de que Argentina pagará lo comprometido. La indemnización que se maneja, unos 3.700 millones de euros, está por debajo de las peticiones del grupo expropiado, incluso aunque se contabilice el ahorro en costes legales que ya no tendrán que desembolsarse. La ventaja para Repsol es que ya no tendrá que ocuparse de un contencioso legal complicado con el Gobierno argentino y eso le permitirá centrarse en la tarea principal, que es la de recomponer su negocio internacional. En ese sentido, el acuerdo es útil.

Del pacto salen bien librados, sin duda, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno de Cristina Fernández. Pemex ha conseguido eliminar el obstáculo societario que le impedía llegar a acuerdos para participar en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta —Repsol se comprometió a querellarse contra cualquier socio futuro del Estado argentino en la explotación de los pozos— y, de paso, con el apoyo del Gobierno mexicano, ha hostigado al equipo gestor de Repsol, partidario de indemnizaciones más elevadas. En cuanto a Cristina Fernández y su equipo, consiguen borrar las consecuencias de la expropiación, es decir, de la inseguridad regulatoria del país.

Lo que el acuerdo no resolverá es el conato de inestabilidad en el accionariado de la compañía española. Sería una ingenuidad suponer que el enfrentamiento entre Pemex, con el 9,34% del capital de Repsol, y el equipo de gestión ha desaparecido simplemente porque el caso de YPF esté cerrado. Lo probable es que continúe, soterrado quizá, pero activo. El entendimiento con Argentina tampoco garantiza, como se sugiere desde el Gobierno, que se aleje el peligro de una opa sobre el grupo español por parte de capital extranjero. Mientras Repsol no amplíe su actividad en otros mercados y recupere al menos el perímetro financiero anterior a la expropiación de YPF, seguirá siendo una oportunidad de inversión.