Impulso a la paz

El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han culminado un nuevo capítulo en las negociaciones de paz que celebran en La Habana. El pacto sobre participación política, que sigue al alcanzado en mayo sobre desarrollo rural, insufla oxígeno a un proceso que empezaba a desilusionar a la opinión pública: dos acuerdos en 12 meses es un ritmo demasiado lento incluso para el Gobierno, que había amenazado con levantarse de la mesa si en un año no se registraban avances sustantivos. En la agenda aún aguardan el narcotráfico, el desarme, los derechos de las víctimas y el fin del conflicto.

Ahora el presidente Santos puede pisar a fondo el acelerador y desoír a quienes recomendaban suspender el diálogo para evitar interferencias con la campaña electoral de las presidenciales de mayo de 2014. No habrá pausa en las conversaciones, ha dicho Santos, que debe anunciar este mes si, como todos creen, se presenta a la reelección. En este sentido, el acuerdo logrado el miércoles no solo espolea un proceso de paz que parecía languidecer, sino que refuerza al propio Santos, cuya popularidad se había desplomado en los últimos meses.

No cabe sino congratularse de que los esfuerzos por encontrar una salida negociada a casi 50 años de violencia vayan dando frutos. Pero conviene mantener un punto de escepticismo. Primero, porque, tal y como insisten las autoridades colombianas, “no hay nada acordado hasta que todo esté acordado”. Y en segundo lugar, porque lo que ha trascendido de los dos acuerdos alcanzados hasta ahora son enunciados generales, que además despiertan suspicacias en una población con demasiado sufrimiento a sus espaldas.

El pacto sobre participación política abre la puerta y crea “condiciones especiales” para la transformación de las FARC, consideradas como grupo terrorista, en un partido, pero deja en el aire cuestiones decisivas sobre el procedimiento. Está claro que sus dirigentes, la mayoría condenados por crímenes de lesa humanidad, pretenden garantizarse la impunidad con esa “reconversión política”, algo contra lo que ya han advertido organizaciones de derechos humanos y que encuentra un contundente rechazo popular. Las encuestas son claras: los colombianos quieren la paz, pero no a cualquier precio. Ellos tienen la última palabra. Santos lo sabe y tiene que jugar en esos márgenes.