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Este mes se cumplen dos años desde la declaración de cese definitivo de ETA. El tiempo transcurrido y los intereses de la izquierda abertzale asociados a ese final avalan el carácter permanente de la decisión. Ya no hay atentados, aunque tampoco entrega de las armas y disolución formal de la banda. Y sí, en cambio, enredos que paralizan el avance hacia ese desenlace, condición necesaria a su vez para que puedan potenciarse medidas de reinserción de los cientos de presos de ETA.

Es comprensible la importancia de ese tema para ETA, entre otras cosas porque la inmensa mayoría de sus militantes está en la cárcel. Lo que explica que haya sido una veintena de exdirigentes presos, los más conocidos, quienes este verano asumieran la dirección efectiva de la banda enviando una circular al conjunto de los reclusos marcando la estrategia a seguir: negociación bilateral con los Gobiernos como marco general; y rechazo de las salidas personales, como táctica sobre medidas penitenciarias. Era una respuesta a sectores de la izquierda abertzale que tras el fracaso del intento de negociar con los Gobiernos de España y Francia en Noruega habían sugerido iniciativas unilaterales de desarme y aceptación de las condiciones legales en materia penitenciaria.

Los propios dirigentes de la antigua Batasuna dijeron en su momento que el abandono de las armas correspondía a una decisión unilateral de ETA, la cual, por otra parte, había acordado, poco antes del cese, transferir a la izquierda abertzale la dirección política del movimiento. En el escrito de los jefes presos hay un aparente lapsus en el que reconocen la identidad entre la banda y su brazo político: para decir que ya han admitido su “responsabilidad política integral” precisan que así lo “ha asumido” la izquierda abertzale.

Es posible que esos jefes consideren que reconocer el mal causado, pedir perdón a las víctimas, acogerse a medidas individuales de reinserción son pasos que la organización, o ellos en su nombre, no puede dar. Razón de más para dar el paso que sí pueden: disolver la organización y permitir que los presos gestionen libremente las medidas penitenciarias más favorables. O delegar esa tarea en la izquierda abertzale. Pero esta debe a su vez aplicarse lo que reclama a los demás: contribuir a “cerrar heridas” mediante una “paz justa”; es decir, reconociendo la injusticia de los asesinatos que ETA cometió y ellos justificaron. ¿Como abrir un “tiempo nuevo” si se homenajea a quienes los cometieron? Por discutible que sea la detención de los miembros del colectivo de apoyo a los presos Herrira, y la torpe justificación dada por el ministro del Interior, no la hay para la apología del crimen que ese colectivo practica.

En un ambiente otra vez turbio por estas cuestiones resulta esperanzador el acuerdo ayer logrado para que el PP vasco se sume al pacto PNV-PSE sobre medidas económicas, con proyección en otros terrenos, que ha venido a cerrar el periodo de 15 años de desencuentro entre los partidos que definen la centralidad vasca.