Administrar la victoria sobre ETA

Si los datos son correctos, y parece que lo son, se han cumplido ya 53 años desde el primer asesinato de ETA, realizado el 27 de junio de 1960 en la estación de Amara (Guipúzcoa) y del que fue víctima una niña de 22 meses, Begoña Urroz. Desde entonces se contabilizan por centenares los asesinados por la organización terrorista hasta su parón, con vocación de definitivo, del 20 de octubre de 2011. También por centenares se cuentan los miembros de la banda presos en cárceles españolas y francesas.

Así las cosas, tanto del lado de las víctimas, como del de los victimarios, las posiciones, aunque con fisuras y discrepancias, se mantienen mayoritariamente monolíticas. Las asociaciones de víctimas exigiendo el cumplimiento estricto de la ley y oponiéndose a cualquier medida beneficiosa para los presos; y estos y sus colectivos, reivindicando su liberación y el reconocimiento de derechos de todo tipo y anulación de interpretaciones restrictivas como la doctrina Parot.

Por otro lado, el Gobierno español, que es el que tiene las competencias en la materia así como la iniciativa legislativa, sin perjuicio de las que corresponden a los tribunales y singularmente a la Audiencia Nacional, mantiene una actitud de impasse, sin que parezca tener voluntad de afrontar la situación, más allá de negar cualquier síntoma de flexibilidad o de apertura para con los etarras.

Ante esta situación surge la pregunta, entiendo que acuciante, de si sería ya necesario que esa situación de inmovilismo concluya con medidas que hagan posible afrontar la solución del problema una vez concluida la violencia que lo originó.

El inmediato desarme de la banda es la condición 'sine qua non' para algún diálogo con Sortu

¿Y cuáles son las posibles alternativas? La primera sin duda ya se está aplicando, es la de dejar que todo siga discurriendo como hasta ahora, después de la citada declaración etarra. Esto es, no adoptar medida alguna distinta de la mera aplicación de la ley. Dura lex, sed lex.

La segunda hipótesis sería que el Gobierno, incentivado por el vasco, adopte alguna iniciativa que supere la parálisis actual, como sería el acercamiento de presos al País Vasco o la flexibilización de los beneficios penitenciarios para quienes reúnan mínimamente los requisitos legalmente establecidos.

Sin embargo, una tercera vía ya tendría sin duda mayor calado. Consistiría en algún tipo de diálogo, no ya negociación, con sectores próximos al mundo etarra como Sortu, bien directamente o a través de la comisión creada en el Parlamento vasco y en el que también deberían intervenir las asociaciones de víctimas y los mediadores internacionales. Condición sine qua non para ello sería el inmediato desarme de ETA y su disolución, estableciéndose asimismo condiciones específicas de reinserción mediante una declaración ad hoc, lo que después de casi dos años de parón de la violencia, sin visos de reanudarse, no creo que sea pedir demasiado. El terrorismo ha cesado su trágica actividad y la gran mayoría de los terroristas se han convertido en presos que cumplen las condenas que los tribunales les han impuesto. Se trata, por tanto, de administrar la victoria y explotar el éxito en aras de una paz definitiva.

José María Aznar dijo el 3 de marzo de 1998, como presidente del Gobierno: “Si los terroristas deciden dejar las armas sabré ser generoso”. Y el 4 de mayo del mismo año añadió: “Merecería la pena hacer un esfuerzo de generosidad si con ello conseguimos la paz”, para culminar el 5 de noviembre, también de 1998, que “por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que, por el contrario, nos abriremos a la esperanza, al perdón y a la generosidad, y por la paz pondremos lo mejor de nuestra parte para hacerla definitiva con la ayuda y la esperanza de todos”.

Y en cuanto a la política penitenciaria, Aznar fue igualmente rotundo: “En dicho proceso [de paz] quiero decirles que el Gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz” (2/10/98). Incluso, Mariano Rajoy, entonces ministro del Interior, también se comprometió al decir: “El Gobierno ha hecho un gesto [el acercamiento de presos] conforme a la voluntad y el deseo de que llegue la paz” (26/12/98). Si bien Aznar aclaró que “el Gobierno, cuando toma decisiones, hace política, no hace gestos; y quien interprete en clave de gestos [el acercamiento de presos] no va por buen camino. Si lo ven en clave de una política de fondo pueden acertar más” (10/09/99).

Si ello fue así, como consecuencia de la tregua unilateral de ETA de septiembre de 1998, aunque rota después, ¿qué puede decirse ahora con un parón unilateral, aunque impuesto, que va para dos años? ¿Es que no ha llegado ya el momento de pasar de los gestos aislados a la denominada por Aznar “política de fondo”?

Irene Villa, víctima paradigmática de ETA, ha escrito que “una vida anclada en hechos terribles del pasado constituye una hipoteca perpetua para el futuro”. Por ello, como asimismo escribió Fernando Arrabal en el prólogo de mi libro: “Solo la reconciliación con sencillez puede suceder a la muerte”.

Miguel Cid, exsenador socialista y abogado, es autor de Ante el final de ETA. La fuerza del perdón. 1998-2013. Catarata, Madrid, 2013.