La desmoralización

La respuesta pública del Tribunal Constitucional (TC) y de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, acerca de su militancia en el PP cuando ya era magistrado fue desmoralizadora. Es legal, dijeron, y punto. Pero no es de sentido común, y además hubo ocultación de la misma cuando tuvo que pasar la particular fórmula de hearing (audiencia previa) en el Senado. Esta es la segunda gran polémica en el nuevo TC, tras el nombramiento de Enrique López, sobre cuya idoneidad dudaron seis magistrados, siendo solo posible el desempate por el voto de Pascual Sala.

En estos casos se recuerdan las palabras de la antepenúltima presidenta del Constitucional, en el año 2010, de las que escribió Javier Pradera en un artículo en este periódico: “Si los actores de la vida pública fuesen mínimamente responsables de sus actos, la claridad, precisión, veracidad y dureza de las críticas expresadas por María Emilia Casas durante su despedida como presidenta del TC habrían causado una crisis de Estado”.

No estamos para más crisis de Estado, pero sí en una situación muy peculiar. Según Fernando Garea (EL PAÍS, 19 de julio), nunca antes en democracia un Gobierno había acumulado tantos militantes del partido que le sustenta al frente de instituciones del Estado (Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Comisión Nacional del Mercado de Valores), instituciones que, en su mayoría, tienen como objeto fundamental el control de los actos del Ejecutivo.

Ahora no estamos hablando de los incumplimientos del programa electoral del PP en su parte económica, forzados por la realidad, como dice Rajoy, sino de su contorsión en los aspectos relacionados con la calidad de la democracia. La cuestión es cómo se compadece lo del TC con la proclama del “fortalecimiento institucional y la regeneración política. Necesitamos instituciones fiables, previsibles, la vuelta al respeto de la ley y la seguridad jurídica” (Súmate al cambio. 100 propuestas).

O las fortísimas resistencias a la comparecencia del presidente de Gobierno para explicar el caso Bárcenas, con un punto en el programa que dice textualmente: “Revitalizaremos el Parlamento agilizando los procedimientos de debate y actividad de los diputados y senadores. Reconoceremos el derecho de la oposición a promover iniciativas sin la utilización arbitraria y el abuso del veto que se ha producido en los últimos años. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto ley (...). Promoveremos, con sincera actitud de diálogo, todas las acciones y acuerdos políticos que favorezcan el entendimiento y la concordia entre todos los españoles en torno a los valores constitucionales”.

Si no fuera tan fuerte, la confrontación entre la letra y la práctica política parecería una tomadura de pelo. No hay ni la mínima autocrítica sobre estos problemas que explican el deterioro de las instituciones, ligado a la convicción cada vez más extendida de que dependen de la burocracia de los partidos políticos.