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LA CUARTA PÁGINA

Una propuesta para la igualdad

El modelo federal, regulado y cerrado, que defiende UPyD es la alternativa al desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las autonomías, y no la respuesta a las exigencias de los nacionalistas

Una propuesta para la igualdad

Unión Progreso y Democracia planteó desde su nacimiento la necesidad de reformar el modelo territorial del Estado. Nuestra reflexión parte de la base de que el Estado de las autonomías ha derivado en un modelo elefantiásico, insostenible en lo económico e inviable en lo político. Un modelo incapaz, por su estructura obsoleta, duplicada e imprecisa, de garantizar el cumplimiento efectivo de los artículos de la Constitución que son innegociables, aquellos que proclaman derechos fundamentales como la igualdad, la justicia y la libertad.

Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España; y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios con dos lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras eso sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera: la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos nacionalistas. Lo que molesta a los partidos nacionalistas es que lo que ellos llaman “el hecho diferencial” sea cada vez menor; es la distancia con los otros españoles lo que aviva sus instintos más primarios para reivindicar, por la vía que sea, un trato político diferente.

El modelo federal que defendemos desde nuestro partido, de alta descentralización política, regulado y cerrado en la Constitución, no es una respuesta a las reivindicaciones nacionalistas sino una alternativa al desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las autonomías. Hoy sabemos —para eso sirve la experiencia— que fue una ingenuidad pensar que el modelo autonómico diseñado en 1978 serviría para integrar al nacionalismo; se hizo la España de las autonomías para que el nacionalismo pasara a ser autonomía y resulta que las autonomías pasaron a ser nacionalistas… No cometamos ahora el mismo error; pretender calmar al nacionalismo —secesionista o no— con propuestas de federalismo es una soberana tontería.

No hace falta que explique que no hay doctrina política más contraria al nacionalismo que el federalismo: el federalismo pretende la igualdad; el nacionalismo exige la diferencia. Si se trata de integrar a los nacionalismos hemos de tener claro que habremos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que estamos construyendo; y la política no está para proteger los sentimientos de nadie, sino los derechos de todos. Conviene que no nos equivoquemos: el nacionalismo es insaciable, y la estabilidad democrática nunca podrá depender de su voluntad; no olvidemos que la estabilidad democrática exige integrar no tanto a los nacionalismos como a las sociedades que tienen una fuerte conciencia nacional diferenciada.

El sistema autonómico, elefantiásico y obsoleto, no garantiza la igualdad
y la libertad
de los ciudadanos

Desde UPyD proponemos un modelo federal cooperativo porque nos parece el mejor para España; por eso mismo partimos de la base de que es más que posible que haya que sacarlo adelante a pesar de los nacionalistas. Hemos de abordar la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Defendemos que se aborde esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico; pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional. Es hora de que reconozcamos que ese pacto que sirvió para progresar desde la dictadura a la democracia está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política a la que pertenecemos.

Nosotros no creemos que el Estado de las autonomías haya fracasado, sino que el modelo ha dado de sí todo lo que podía. Y digo esto porque en España hemos pasado de proclamar el éxito rotundo del modelo autonómico —atribuyéndole, incluso, los méritos de haber construido la democracia—, a encontrar en él el origen de todos los males de nuestro país. Y tampoco es eso; la causa del anquilosamiento no está únicamente en el diseño, sino fundamentalmente en la cerrazón de las fuerzas políticas viejas que se niegan a revisar un modelo que les ha dado muchos dividendos en forma de poder territorial.

Reformemos la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Los nacionalistas se integrarán, con más o menos satisfacción, dependiendo de las circunstancias. Pero esa integración será siempre temporal, por lo que nunca deberá condicionar nuestras decisiones. Si tenemos éxito con nuestras reformas, la mayoría de la sociedad se mostrará satisfecha, incluidos los que estaban dispuestos a seguir a los nacionalistas en su estrategia rupturista hacia la tierra prometida; y a los nacionalistas no les quedará otro remedio que adaptarse o se quedarán en minoría.

Plantear la reforma de la Constitución era tabú cuando empezamos a hablar de ello hace cinco años; cada vez que nos han dicho que era imposible hemos aprovechado para explicar algo tan obvio como que las leyes no son divinas y que revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo. Por otra parte, si se puede reformar la Constitución en 48 horas para garantizar que pagaremos la deuda, ¿cómo no va a poder hacerse para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos de los ciudadanos?

El Estado debe asumir competencias exclusivas en materias claves para defender el interés general de los españoles

Nosotros proponemos reformar la Constitución cerrando en ella la distribución de competencias entre Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias clave para defender el interés general de todos los españoles. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado en 2006 ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y el interés general, y que era recomendable el cierre del sistema y la inclusión en la Constitución de unas verdaderas competencias exclusivas del Estado.

Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 150.2 excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, las siguientes: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio. Además proponemos que se establezca una mayoría más cualificada para la aprobación de los Estatutos de Autonomía. También creemos que dentro de ese diseño federal del Estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros.

La reforma de la Constitución que proponemos habrá de abordar cuestiones clave para la regeneración democrática, tales como la reforma del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y la Ley Electoral, reforzando también la laicidad del Estado.

En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, porque un sistema político que garantice la unidad e incluya la diversidad es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas. Insisto: diversidad a partir de que esté garantizada la unidad. Y lo repito porque hoy en España nadie se atreve a reivindicar la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y los derechos de la ciudadanía, la democracia en fin. Y es que la España constitucional, la que proclama que la soberanía reside en el pueblo español, no ha tenido aún una verdadera oportunidad.

Estas son las propuestas políticas de Unión Progreso y Democracia con relación a la reforma de la Constitución y al modelo de Estado. Sé que no es fácil llevarlas a cabo; pero creo que la necesidad es mayor que la dificultad. Y, sobre todo, confío plenamente en la razón y la fuerza de la política para hacer posible aquello que es necesario.

Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión Progreso y Democracia.

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