Espías espiados

Dos escándalos recientes han movido al Gobierno a aprobar, el viernes pasado, un proyecto de ley que someterá a los detectives privados al control policial de su actividad. Dicho proyecto exigirá a esos profesionales facilitar al Ministerio del Interior los contratos que firmen con sus clientes y aquel podrá, además, acceder a los informes que se realicen en el transcurso de la investigación. El plan gubernamental ha levantado las suspicacias del sector, por considerar que el Gobierno ejercerá un excesivo control de su actividad y reducirá la confidencialidad de sus gestiones. Interior ha modificado sustancialmente su primer proyecto para adaptarse a las exigencias de la Agencia de Protección de Datos, accediendo, por ejemplo, a los contratos exentos de esos datos de carácter personal que podrían disuadir al potencial cliente de acudir a un detective privado.

Los dos escándalos que han animado al Gobierno en este asunto son la llamada Operación Pitiusa, una amplia trama de informantes en la Administración que vendían datos a los detectives y en la que ya hay más de 150 imputados, y el caso de Método 3, la agencia que sometió a escuchas ilegales a políticos catalanes, entre ellos la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. En ambos casos hay indicios claros de un espionaje ilegal ya penalizado en el marco normativo. Es, por tanto, discutible la necesidad de una nueva ley para atajar los abusos, máxime cuando ya existe la colaboración en este ámbito entre lo público y lo privado. Es de esperar, no obstante, que los nuevos requisitos reduzcan dichos abusos y que el trámite parlamentario refuerce el carácter confidencial de esta actividad privada. De otro modo, se daría la razón a quienes temen que el proyecto solo logre ampliar la información del Gobierno desprotegiendo el derecho a la privacidad de los ciudadanos y dañando de paso al sector profesional implicado.