Los nacionalizados

Una parte significativa del Gobierno, al frente de la cual se halla el ministro de Economía Luis de Guindos, quiere utilizar los bancos nacionalizados por la crisis (Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco) como instrumento de su política económica. No en vano entre ellos alcanzan alrededor de un 15% de la cuota de mercado del sistema financiero español. Sustancialmente, en dos terrenos: que abanderen la recuperación del crédito a las empresas y familias, y que al desprenderse de sus participaciones industriales (sobre todo Bankia en IAG, Indra o Iberdrola) no den cabida en las mismas a socios indeseables, tipo fondos buitres.

Para ello, la banca nacionalizada habrá de convertirse en banca pública al menos mientras no se inicie un proceso de privatización de la misma, si es que se hace (de lo que dudan pocos, al menos mientras gobierne el PP). Una banca pública compuesta por entidades distintas, sin holding ni fusiones, con consejeros delegados distintos, limpia de productos basura (traspasados al banco malo), recapitalizadas con 40.000 millones de euros procedentes de Bruselas, y con buenos equipos de gestión (muchos destacan la presencia de José Ignacio Goirigolzarri). Por tanto, nuestras autoridades habrán de explicar con profundidad, luz y taquígrafos, en qué consistirá esa coordinación de la que hablan.

Si la misma es efectiva, no será bien recibida por el resto del sector financiero privado, que en estos momentos no pasa por un romance con el Gobierno Rajoy. Lo dijo hace unos días el presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín: “La parte sana del sector está pagando lo que no puede poner el Estado [seguramente se refería a las derramas al Fondo de Garantía de Depósitos para dar liquidez a las preferentes, a las ayudas al banco malo...]. Si se necesita que haya crédito habrá que cuidar a la parte sana porque es quien puede atender a la economía”.

Tampoco parecía estar muy de acuerdo con la banca pública el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, quien en un artículo teórico titulado “La intervención estatal en el sector bancario”, dentro de un libro homenaje al economista Julio Segura (Ensayos sobre economía y política económica. Antoni Bosch editor) —escrito bastante antes de que el Gobierno se pronunciase sobre este asunto— dijo en esencia que la propiedad pública no resulta, en general, un mecanismo eficaz para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios y, con frecuencia, tiende a acentuarlas.

Después de una nacionalización por necesidad, en una especie de socialización de pérdidas, el Gobierno se ha encontrado con un grupo de entidades bancarias que, en el extremo, podría ser una especie de germen de la antigua Argentaria. Habrá que estar atentos a su hipotética privatización (¿en este caso también se comería el pez pequeño al grande, como antaño?) y a la extraordinaria concentración del sector resultante, muy parecido a un oligopolio.