Un plan de emergencia

El desbordamiento del desempleo en el primer trimestre de este año, con 6.202.700 parados en España, coloca al Gobierno en una posición crítica. No se trata solo de la magnitud estadística, alarmante y descorazonadora —237.400 parados más en el trimestre, 1,9 millones de hogares sin un solo miembro en activo, una tasa de paro entre los jóvenes de más del 57%—, sino de que en algún momento, y pronto, el Ejecutivo tendrá que declarar la bancarrota de una política económica incapaz de frenar el agravamiento de la recesión y el principal problema asociado a ella, el desempleo. El paro rompe la cohesión social, impide, como una inversión perversa de causa y efecto, que se recuperen el consumo y la inversión, destruye la estabilidad (más de 384.500 puestos de trabajo fijos se han evaporado en los últimos 12 meses) y causa fenómenos de regresión desconocidos hasta ahora, como un reagrupamiento de los hogares (han desaparecido más de 15.000 en el primer trimestre y más de 25.000 en el anterior) en torno a padres y abuelos para evitar la pobreza extrema.

Esta es la realidad que tiene delante el Gobierno, y cuanto más tarde en aceptarla más probabilidad existe de que le estalle en las manos. Aceptarla significa reconocer que el paro no es una tragedia coyuntural que pueda disolverse mágicamente en los próximos trimestres por el efecto de las reformas adoptadas, algunas desacertadas, otras incompletas y otras que han agravado el desempleo. Tiene el Ejecutivo suficiente capacidad prospectiva para saber que en los próximos trimestres continuará la destrucción de empleo, porque el sector industrial se encuentra en pleno deterioro, la construcción está casi parada y los repuntes en los servicios serán si acaso estacionales.

El desempleo no puede ser considerado ya como un efecto colateral, indeseado pero inevitable, de un plan quirúrgico de ajuste financiero. El equipo económico debe entender con toda claridad que incluso en el improbable caso de que se produjera una recuperación a principios de 2014, la economía tardaría quizá años en reabsorber los 6,2 millones de parados existentes, a los que quizá habría que sumar los millares de jóvenes que han optado por la emigración ante la evidencia de que el mercado laboral no los acepta.

El Gobierno insiste en que sus políticas están surtiendo efecto. Mezcla malas explicaciones —la mejora de la balanza comercial se explica por la recesión, no por efecto de decisiones oficiales— con una confianza algo pueril en el descenso de la prima de riesgo, un factor evidente de reducción de costes financieros públicos, pero sujeto a vicisitudes exteriores que el Ejecutivo no controla.

Las políticas indirectas, que proceden primero a estabilizar el coste de la deuda para ganar confianza en los mercados, pueden funcionar durante fases de recesión convencional y en países que no tienen a más de la cuarta parte de su población activa en paro. Pero la situación de la economía es excepcional. Si no se toman decisiones directas sobre el mercado laboral y se aplican políticas de demanda y creación de empleo, la ocupación, y con ella la economía pública y privada, se aproximan a toda velocidad a un colapso total.

Por estas razones, son cruciales las decisiones económicas que se adopten durante las próximas semanas. La primera prueba de fuego se pasará hoy; es una advertencia que procede también de las autoridades europeas, alarmadas por la magnitud de la crisis española. Si el anunciado paquete de medidas económicas es otro catálogo impreciso de liberalizaciones inconcreta o desregularizaciones a medio plazo, la recesión se mantendrá durante 2014 y el incremento de los conflictos sociales está garantizado.